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La política científica vivió un 2022 lleno de tropiezos y polémicas. El 14 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su iniciativa de la Ley General de Ciencia a la Cámara de Diputados. Por cuarto año consecutivo, el anteproyecto fue duramente criticado por la comunidad científica, que señala que esta propuesta vulnera derechos humanos, de propiedad intelectual y la libertad de investigación.
Científicos e investigadores también denunciaron que esta ley afectaría la autonomía de los Centros Públicos de Investigación. Sin embargo, esto ya es visible en el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pues el 16 de diciembre se reformó su Estatuto General, transformando así a su Consejo Académico a Consejo Consultivo, de manera que no podrá tomar decisiones propias. Además se eliminó al Instituto Nacional Electoral (INE) del Consejo Directivo y fue reemplazado con la Secretaría de Bienestar.
Pero esa no fue la única que padeció el CIDE. En junio, Conacyt presentó el “acta de designación” del director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, pero sin las formalidades jurídicas mínimas. También declaró que es inexistente la grabación donde se ratifica su nombramiento.
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El economista también destacó por luz propia, pues EL UNIVERSAL reportó que Romero Tellaeche plagió un texto de los economistas turcos Caner Colak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun, y uno del Nobel de Economía Amartya Sen. En septiembre, la Comisión de Ética del CIDE determinó que el funcionario sí plagió, pero por falta de votos no se aplicó la sanción.
Otro caso de plagio que fue desestimado fue el del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en 2021 ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras (SNI) de forma dudosa y esta misma casa editorial reportó dos plagios. En marzo de este año, la Junta de Honor del SNI desechó por unanimidad la queja contra el plagio del fiscal. Una jugada que sí no le salió al fiscal fue concretar su persecución a los 31 científicos que acusó en 2021 de crimen organizado, pues en septiembre un juez federal negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) girar las órdenes de aprehensión.
En cuanto a nombramientos irregulares, este año se nombró Investigadora Nacional Emérita a Elena Dorronsoro Roces, madre de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Mientras que fueron nombrados investigadores eméritos del SNI la economista Alicia Puyana, cercana a Romero Tellaeche; el historiador Enrique Semo, simpatizante de la 4T, y la matemática María Emilia Caballero, quien desechó la queja de plagio contra Gertz.
Sobre el SNI, en octubre se realizaron reformas en su reglamento, estableciendo que para ingresar al Sistema se aplicaría el criterio de orden de prelación, quitando oportunidades a aplicantes calificados, denunció la comunidad científica.
En el tema de la administración del presupuesto del Conacyt, en agosto, Álvarez-Buylla reveló ante senadores y diputados que los más de 25 mil mdp de 91 fideicomisos extintos se destinaron a proyectos federales y no a la ciencia.
Otros pendientes que deja el 2022 es que a dos años de la pandemia, la vacuna Patria, contra el Covid-19, apenas entra en la etapa final de desarrollo clínico este mes. También, becarios de Conacyt lidian con el impago de sus becas, sin embargo, el problema se ha comentado con discreción, pues los afectados temen represalias.
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