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Las medidas de austeridad del memorándum presidencial del 3 de mayo —obligatorias para instituciones de la Administración Pública Federal, entre éstas los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Conacyt—, implicarán para el Instituto Mora la salida de 30 prestadores de servicios profesionales (trabajadores por honorarios); la limitación de recursos para contratar profesores externos en el segundo semestre; la reducción en 50% de sus publicaciones impresas, y el despido de 20% de sus mandos medios: un director y cuatro coordinadores de área.
De concretarse los recortes, el Mora no podrá cumplir las metas de 2019. Esto lo informó el miércoles pasado a la junta de gobierno de la institución, la directora Diana Guillén, y lo dijo después a investigadores, profesores, trabajadores y estudiantes del Instituto, en una reunión celebrada en el auditorio:
“Fui muy clara en la junta de gobierno, que nuestras metas no hay manera de que se cumplan, en caso de que estos recortes sigan adelante. Si se concretan las medidas, el Instituto Mora no está en riesgo de cerrar, pero sí va a estar trabajando en condiciones muy lejos de ser las óptimas”.
La situación a que se enfrenta el Mora es como la de los otros Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Conacyt, que están agrupados en cinco coordinaciones; el Mora es uno de los que integran la Coordinación de Historia y Antropología Social.
No obstante, existe la posibilidad de que la situación cambie: la directora Diana Guillén, el mismo miércoles, se reunió con Alejandro Díaz, director adjunto de los CPIs en el Conacyt, y se acordó que el Mora (al igual que otros centros Conacyt) harían un análisis presupuestal y una contrapropuesta para atender la política de austeridad, con miras a minimizar el impacto en su operación y el cumplimiento de metas. La contrapropuesta se hizo llegar a la titular de Conacyt, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, quien, según se acordó, la haría llegar al Presidente. Hasta ayer no había habido respuesta.
El futuro. Si bien algunas de las medidas anunciadas —como el despido de mandos medios a partir del 1 de junio— finalmente no se hicieron efectivas aún, hay incertidumbre por lo que pueda venir. Lo dijo la directora el miércoles pasado: “No va a haber manera de que todo siga igual”. Luego detalló: “En el Instituto, lo que más nos pega es lo que tiene que ver con prestadores de servicios profesionales y profesores externos”.
En el Mora trabajan alrededor de 280 personas; hasta hace un mes, 93 estaban contratadas por honorarios; el recorte implicó ya la salida de 30 —esos recursos se congelaron de inmediato— y una reducción de entre 30% y 35% en los montos de los contratos con personal que labora bajo esta modalidad.
Carlos Domínguez, profesor investigador y anterior secretario académico, precisó a EL UNIVERSAL que en la partida de subcontratación de servicios con terceros se solicitó una reducción de 50% sobre el presupuesto asignado en el año. Dado que se había erogado 59% del presupuesto a mayo, la reducción efectiva en esa partida sería de 41%.
Un trabajador por honorarios (que pidió omitir su nombre), a quien recortaron su salario en 30%, opinó: “La situación de los que estamos por honorarios viene desde hace mucho tiempo así, tenemos horarios, jefes directos y metas que cumplir, pero no tenemos ninguna indemnización; nos paga el área de Recursos Materiales, no la de Recursos Humanos. Los que estamos contratados por honorarios sentimos que los directivos del Instituto no están dispuestos a dar la pelea por nosotros. A los honorarios no se nos visibiliza”.
Con relación a los maestros externos, de recortarse en 50% —como se les solicitó—, significa que prácticamente no se tienen recursos para contratarlos en el segundo semestre: “Si piden 50% de reducción sobre el presupuesto asignado en el año, para honorarios de profesores, y vas casi a mitad del año, ya te gastaste una buena parte de los recursos —explicó Domínguez—. De un presupuesto inicial de 1.3 millones asignado para todo 2019 (para maestros externos), el presupuesto modificado para todo el año sería de 659 mil 718 pesos”.
En mandos medios, el recorte solicitado fue de 20% y se informó al Instituto de éste hasta el 23 de mayo. El Mora tiene 19 de estas plazas y, al menos hasta la semana pasada, iban a salir cinco personas: el director de Vinculación y cuatro coordinadores de área: Difusión, Servicios al Público, Producción Editorial, y una de administración. “En el caso de las plazas de mando hubo instrucción expresa de la Secretaría de Hacienda de que no se puede indemnizar”, dijo el miércoles la directora. En todo caso, este personal —clasificado como de confianza— tiene derecho, de acuerdo con la legislación laboral, a iniciar acciones legales.
Los recortes no afectan a los investigadores: en el Instituto hay 62 investigadores distribuidos en cuatro áreas sustantivas: Política y Economía; Territorio y Medio Ambiente; Estudios Internacionales; Sociedad y Cultura. El tema de los viajes —como dijo el Presidente ayer—, se revisará; al Instituto sólo le han autorizado las becas nacionales, las internacionales están detenidas.
La disminución de recursos comprometería las publicaciones; se reducirían entre 40% y 50% en libros impresos, electrónicos y de impresión bajo demanda —cada año se editan alrededor de 50—; se vería afectada la participación en ferias de libro, eventos académicos y librerías.
El presupuesto aprobado para el Instituto en el PEF 2019 fue de 175.4 millones; con las reducciones propuestas el 3 de mayo, quedaría en 168.4 millones, cifra inferior al presupuesto que tuvo, por ejemplo, en 2016, que fue de 175 millones.
La historia, su esencia. El Instituto Mora, fundado en 1981, es una institución especializada en historia. Su sede principal es un inmueble histórico, que fue casa del político Valentín Gómez Farías. Cuenta con siete programas docentes: la licenciatura en Historia, cuatro maestrías y dos doctorados; los seis posgrados forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y todas las maestrías cuentan con la máxima categoría en ese esquema de evaluación. El Mora ha formado a más de 800 profesionistas. El número de estudiantes varía de 130 a 150.
La Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, que atiende a casi 200 usuarios diarios, vería mermada su actividad con el recorte; implicaría reducir horarios de consulta, disminuir el servicio al público, así como las actividades de conservación de materiales bibliográficos del fondo actual y antiguo y, posiblemente, cerrar la nueva sala de consulta en la sede de Poussin.
“De concretarse los recortes —dijo el investigador Carlos Domínguez—, el ajuste en los recursos ejercidos no compromete la viabilidad del Instituto Mora en el corto plazo, pero sí pone en riesgo las metas de productividad, vinculación y proyección internacional”.
