Más Información
abida.ventura@eluniversal.com.mx
Ante el inminente concierto en homenaje a Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichén Itzá, este 3 de febrero, académicos e investigadores del INAH alistan movilizaciones en la Ciudad de México y en Mérida para denunciar la ilegalidad del evento que, dicen, abre el uso de los bienes arqueológicos a la mercantilización y va en contra de la Ley Federal de Monumentos.
Joel Santos, secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, admitió ayer que los cuatro amparos y otros recursos legales que promovieron en Mérida para pedir la suspensión inmediata del concierto autorizado por el INAH y la Secretaría de Cultura no procedieron, por lo que esta semana interpusieron un juicio de nulidad del evento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Sin embargo, aunque la respuesta del tribunal sea favorable, ven difícil que se resuelva esta misma semana. Por eso, este sábado 3 de febrero planean movilizaciones en Chichén Itzá y en el Museo Nacional de Antropología de la capital.
“Nos vamos a sumar a diversas actividades de denuncia ese día porque además ese 3 de febrero celebramos el aniversario 79 del INAH, pero lo haremos denunciado, indignados por ese concierto que se realiza esa misma noche en una zona arqueológica, un concierto que transgrede la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos y que va en contra del instituto”, comentó Santos.
“Nos vamos a oponer hasta el último momento a la celebración de este evento porque además sabemos que si no proceden nuestra denuncias en la parte jurídica es por los intereses que hay en este evento, las empresas, la economía que hay detrás de eso. Esa es la lectura que damos a esto”, añadió.
El concierto fue autorizado por el INAH en noviembre del año pasado, según oficios enviados al Sindicato de Profesores. En un oficio fechado el 1 de noviembre, el director del instituto, Diego Prieto, le notifica a Manzanero que el evento ha sido autorizado con fundamento en el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales y que cuenta con el aval del Consejo de Arqueología. Ahí mismo, Prieto refiere que la solicitud de autorización para dicho evento fue suscrita por el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, y del secretario de Cultura y las Artes de Yucatán, Roger Metri Duarte. Al autorizar el evento, el INAH solicitó a los organizadores algunas especificaciones técnico administrativas, como la cobertura de una póliza de seguro por 40 millones de dólares (unos 760 millones de pesos), una capacidad de aforo que no debe rebasar los cinco mil 200 asistentes; además, les prohiben perforar, fijar o colocar cualquier objeto o estructura sobre los monumentos arqueológicos.
