La herencia de instituciones fracturadas; el sello de una gestión que no reparó ciertas relaciones (industria privada, sindicatos) y artistas que enfrentan la desaparición de instituciones y fideicomisos son algunos de los retos que recibirá el próximo sexenio. “No hubo un proyecto claro de economía creativa y no hubo uno con el consejo de diplomacia cultural. Tampoco un proyecto claro con organizaciones no gubernamentales ni respecto al trabajo con las dirigencias de los sindicatos”, señala Eduardo Cruz Vázquez, periodista y fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU), quien destaca, a grandes rasgos, lo que enfrentará la próxima administración federal.
El periodista y exagregado cultural, Gerardo Ochoa Sandy, señala que “las nuevas autoridades recibirán una monumental cantidad de irregularidades en el ejercicio del presupuesto a lo largo del sexenio, que ameritan las auditorías correspondientes, como el desvío y el subejercicio de recursos, más reportes de distinta índole que no cumplieron con la normatividad, y una estructura institucional repleta de fracturas”.
Un punto clave para entender las características de estas herencias y problemas es que se priorizaron megaproyectos, en tanto que áreas que no eran menos relevantes fueron dejadas de lado. Cruz dice: “Mientras que el INAH se vio beneficiado por las obras de intervención del Tren Maya, en el INBAL, por ejemplo, no hicieron nada especial por cambiar los problemas ya heredados”.
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Ochoa Sandy enlista las instituciones “desaparecidas y resquebrajadas” en su funcionamiento original: “Entre las desaparecidas figura el Programa de Apoyo a la Traducción, PROTRAD, la subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Cultura, la Dirección General de Publicaciones, la versión original del Fondo Nacional de Desastres, junto al seguro que protegía al patrimonio cultural de daños causados por contingencias naturales como sismos”.
“Entre las resquebrajadas están los fideicomisos de apoyo al cine, que se volvieron un obstáculo para la industria, al ajustarlos de manera artificial al año fiscal. El propio Fondo de Cultura Económica (FCE), con sus filiales en quiebra técnica y su vocación original violentada por el cambio a los estatutos por decreto del Ejecutivo, volviéndolo un sello asistencialista. Más la red de librerías Educal, buena parte de ellas también en quiebra técnica”.
Respecto a esta poda, para Cruz es importante señalar el esfuerzo que supuso la eliminación de fideicomisos con “el propósito de atajar la corrupción, hacer más eficientes los recursos o suprimirlos porque no eran necesarios”, y cita un caso: el del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, que “quedó bailando”: “Es el fideicomiso privado que administra al Auditorio y está preponderantemente dirigido por la Secretaría de Cultura. El problema es que no se hizo nada por hacer más nítida la administración del Auditorio”.
Señala la ausencia de un esfuerzo que mitigue las consecuencias contra los organismos de la sociedad civil, focalizados en la cultura, que dejaron de recibir recursos: “No se hizo un trabajo político ni de política hacendaria para mejorar las condiciones de estos organismos”.
Hay también las instituciones humilladas y ofendidas, abunda Ochoa Sandy: “La Fonoteca Nacional, cuyo primer director hizo añicos; el Canal 22, el Canal 11 y Radio Educación, vueltos vergonzantes medios de propaganda panfletaria gubernamental; la ENAH, cuya resistencia ha sido ejemplar; el INAH, cuyo director se ha prestado a la simulación en las conferencias del Presidente ante la devastación del patrimonio cultural y ecológico causada por el Tren Maya”.
La lista es vasta y no sólo abarca los pendientes con la iniciativa privada o los proyectos truncos, sino que alcanza tintes ideológicos y se relaciona estrechamente con la influencia del Ejecutivo. Para Cruz, la repercusión de la postura presidencial también se heredará. “En lugar de que la Secretaría de Cultura hiciera un trabajo de horizontalidad con los grupos de la comunidad cultural, repercutió la posición radical de Andrés Manuel López Obrador”.
Este influjo puede verse también en la subordinación de los gobiernos de los estados y las instituciones culturales, “justo por la desaparición del presupuesto piso. Es decir, la bolsa de más de 30 millones que por muchos años recibieron los estados y que favorecía una colaboración más horizontal con Conaculta y luego la Secretaría de Cultura. Por ello tampoco hubo una relación clara de corresponsabilidad entre el sector privado involucrado en Cultura; me refiero a la relación entre las grandes empresas con la Secult en beneficio del desarrollo cultural”.
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El abandono de la creación de un programa de economía creativa y de una política de apoyo a empresas culturales también se heredará.
Ochoa engloba: “Las nuevas autoridades recibirán también los fracasos de las promesas de los proyec tos emblemáticos. Los servicios de salud y la seguridad social para los trabajadores de la cultura. El Programa de Cultura Comunitaria, que en seis años no llegó a cubrir los municipios que prometió el primer año, el inconcluso Proyecto Chapultepec, las salas en la nueva cineteca y en los teatros del IMSS, que no saben cómo llenar, y un programa de fomento a la lectura que no pasó de la impresión de folletos, el remate de saldos y el obsequio de libros”.
Pero Cruz destaca dos puntos que repercutirán en el próximo sexenio: los estragos del consejo de diplomacia cultural, instalado “con bombo y platillo” con Marcelo Ebrard en 2019. “Hubo un fracaso de diplomacia cultural, área creada después de mucho tiempo y con muchas deficiencias en la cancillería mexicana. Habría que recordar el escándalo de Enrique Márquez”.
El segundo, la tensión entre sindicatos y autoridades: “No se logró una nueva relación. La creación de la Secretaría de Cultura había favorecido la posibilidad de que existiera un gran sindicato nacional, pero grillas internas de la organización lo impidieron. Se pensaría que un discurso como el planteado desde el inicio de la administración serviría para plantear una relación diferente con esas organizaciones”.
Concluye que no se hicieron las reformas esperadas y que seguirán los problemas de pagos y prestaciones sociales.