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“No somos fifís ni aviadores, tampoco directores adjuntos”, reclamó Guillermo Ayala Alanís, uno de los cerca de 50 trabajadores de Canal Once que fueron despedidos en los últimos días. “Bajo el argumento de la austeridad y el recorte, se tomó la decisión de que yo no laboraría más en el Canal”, contó en entrevista.
Son 17 los firmantes de una carta enviada el 1 de julio al presidente Andrés Manuel López Obrador, a medios de comunicación y a la opinión pública, donde denunciaron: “Canal Once acaba de despedir a 50 trabajadores”. Señalaron que “como ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria”, y se afectó a personas que en promedio tenían 20 años en el Canal.
A pesar de esto, el Canal respondió a EL UNIVERSAL que se trató de “contratos de freelance que concluyeron recientemente y ya no se renovaron”. Su área de Comunicación Social dijo que no cuenta con la información de cuántos despidos hubo.
Ayala laboró 12 años en Canal Once: “Casi, casi fui made in Once”. Hasta la semana pasada fue reportero de la sección Internacional, pero allí hizo su Servicio Social, fue asistente de camarógrafo y asistente del director de Información.
Como todo el personal de Canal, los extrabajadores estaban contratados por honorarios; algunos, por el Capítulo 1000, y por eso contaban con prestaciones como ISSSTE y una gratificación homologada a aguinaldo. Entre los despedidos figuran, de acuerdo con Ayala, reporteros, editores, guionistas, personal de noticias, de apoyo gráfico y administrativo.
En la carta, manifestaron que sin aviso, “como si fuéramos delincuentes”, se inhabilitaron sus computadoras y posteriormente se les comunicó que su contrato de trabajo había terminado: “En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados”. Denunciaron que a pesar de que se les despidió “por austeridad”, el Canal contrató personal para distintos programas, y exigieron a las autoridades una solución que reivindique sus derechos laborales.
