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, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), indicó que no existe la idea de remover a José Antonio Romero Tellaeche , a quien la funcionaria designó como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) , para el periodo 2021-2026.
“Sería ilegal (su remoción), después de todo un proceso de designación conforme a la norma, conforme al Estatuto Orgánico del CIDE, que no hemos modificado ad hoc. Sería contradictorio con mi propia valoración de todos los elementos que tuve a la mano y de todo este proceso que de por sí ya ha implicado todo un costo para la institución, un costo institucional, un desgaste, como se ha visto. No hay ninguna razón para remover al director general designado, (él) cumple con todos los requisitos”, declaró Álvarez-Buylla en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
La destitución de Romero Tellaeche es una de las demandas que pide la comunidad estudiantil, esto después de que en agosto, el Conacyt lo designó como director interino del CIDE, tras la renuncia del doctor Sergio López Ayllón.
Con ese cargo, Romero Tellaeche sobresalió por haber destituido a la doctora Catherine Andrews de la Secretaría Académica, quien se negó a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs) porque ya estaban programadas con semanas de anticipación tal y como lo planteaba el reglamento.
Sin embargo, Romero Tellaeche calificó la acción de Andrews como “un acto de rebeldía”. También destituyó a Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, por “pérdida de confianza”, esto luego de que el investigador emitiera críticas hacia la actual administración.
El viernes 26 de noviembre, la comunidad estudiantil y académica del CIDE se manifestó afuera del Conacyt, donde buscaban entregar un pliego petitorio, pero ninguna autoridad del Consejo encabezado por Álvarez-Buylla les recibió el documento. Pese a ello, la funcionaria designó a Romero Tellaeche como director del CIDE, lo que desembocó en la toma de las instalaciones del CIDE y fue hasta el pasado 7 de diciembre, a las 14 horas, cuando Romero envió un correo a la comunidad estudiantil únicamente de nivel licenciatura para un encuentro virtual a las 16 horas.
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Ante ese panorama, los estudiantes se encargaron de difundir el encuentro y ahí, María Elena Álvarez-Buylla dijo: “Hay una transmisión de un lado a otro y eso es lo que yo no quería, quería que hubiera un diálogo circular, sin preconcepciones, sin todo este ruido mediático que ha ido generando imágenes falsas”, y más adelante afirmó: “Si algo ha habido en los medios es mucha manipulación desde la total desvirtualización de lo que es el Conayct”.
Pero esta mañana, con Aristegui, la funcionaria reculó: “Medios de comunicación bienvenidos, pueden estar todos los medios y además con los medios electrónicos cualquier cosa se difunde inmediatamente, puede ser un diálogo completamente abierto”.
Con respecto a la toma de instalaciones del CIDE, Álvarez-Buylla aseveró que los estudiantes se comprometieron a liberarlas en cuanto ella firmara una carta de no represalias, esto a pesar de que desde ayer, los estudiantes emitieron un comunicado en el que indicaron: “Las autoridades decidieron no tomar en cuenta nuestra versión de la carta de no represalias que recibieron por correo electrónico y, en cambio, redactaron una ellos mismos. Dicha cuestión compromete nuestros intereses como comunidad estudiantil y no respeta lo previamente acordado con la Dra. Álvarez-Buylla dado que este documento, al ser redactado por personas externas no reconoce las necesidad del estudiantado”.
En la entrevista, la periodista Carmen Aristegui cuestionó a la funcionaria sobre la situación actual de los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que fueron acusados entre otros delitos de Delincuencia Organizada, tras el proceso judicial que inició el 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, en su calidad de apoderada legal del Conacyt, bajo el argumento de que el FCCyT fue constituido como asociación civil y había operado fuera de la norma desde su creación en 2002.
Álvarez-Buylla respondió que el Conacyt “no tiene a su cargo, puesto que no es Ministerio Público ni juez, este proceso”, que ese caso “no está en sus manos” y que en todo caso, es una pregunta que le corresponde a la Fiscalía General de la República.
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La funcionaria evitó responder el cuestionamiento, aunque insistió en la ilegalidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., al que describió como un organismo que “suplantó funciones del propio Conacyt y que manejó recursos públicos. Este caso no está en nuestras manos, nosotros estamos encargados de construir el quehacer científico, coordinarlo. Esta pregunta más bien toca a las instancias competentes, en el ámbito administrativo, a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito penal, a la Fiscalía General de la República”.
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