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yanet.aguilar@eluniversal.com.mx
Entre 2015 y 2017 se han turnado a la Comisión de Cultura del Senado de la República siete iniciativas para reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que fue aprobada en abril 2008. A casi 10 años de su aprobación y entrada en vigor sigue siendo una legislación discutible porque aún hay muchos cuestionamientos al precio único y al periodo de protección del libro en esa materia, pero también porque se discute la comercialización del libro, pero no lo verdaderamente urgente, el crecimiento de la red de librerías.
Las siete iniciativas que tiene en su poder el Senado han sido presentadas en distintos momentos por diferentes senadores o grupos de senadores.
Por diversas razones será hasta hoy cuando se realice la primera Audiencia Pública impulsada por la Comisión de Cultura del Senado, en la que se pondrán a discutir estas iniciativas y donde se escucharán a los actores de la cadena del libro. Se darán cita legisladores, editores, libreros, autores e incluso gente de la Asociación de Internet que representa a dos gigantes de la comercialización del libro: Amazon y Google.
Los senadores Zoé Robledo, David Monreal, Blanca Alcalá, Cristina Díaz, Lorena Cuéllar, María del Rocío Pineda y Mónica T. Arriola han enviado a la Comisión de Cultura propuestas que en general plantean temas de fomento a la lectura, desarrollo de bibliotecas y librerías, ediciones en braille e impulso a los libros en lenguas indígenas, pero prevalece la discusión sobre el precio único.
Pero esas siete iniciativas no son las únicas que han llegado al Senado en los últimos tres años, hace unos días apareció una nueva propuesta de otro grupo de senadoras, pero que no formará parte de la discusión que arranca hoy porque la remitieron a la Comisión de Educación sin tener en cuenta que la comisión que debe tomar el caso es la de Cultura.
Esta octava iniciativa es la que más escozor ha causado pues propone modificar dos puntos centrales: reducir el periodo de vigencia del precio único, que pase de 18 meses como está en la actualidad, a 12 meses. La propuesta les parece imposible a los editores porque a veces tardan hasta tres meses en distribuir los libros en las regiones más apartadas de México.
El segundo punto cuestionable es que las entidades paraestatales y las universidades públicas que tengan autonomía puedan vender con precios más reducidos a la comunidad académica y de investigadores.
“Lo que yo digo al respecto sobre esto es que hay una falta de comprensión, una falta de conocimiento de los elementos de la ley y del mercado”, afirma Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), quien asegura que reducir la vigencia del precio único es como no tener nada; y que las senadoras no saben que el Artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es muy claro y permite que estas instituciones puedan hacerlo pero debe ser un precio igual para todo público no sólo para un sector.
Bajo la lupa. La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro va más allá del precio único, afirma Carlos Anaya Rosique, y entre esos otros elementos discutibles cita el impulso a las librerías y puntos de venta del libro en México. Eso, considera, tendrían que discutirlo todos. “La ley tiene criterios para el fomento de librerías y eso es algo que nos hace falta. Hablamos del mercado del libro, de poner precio único al libro durante un periodo determinado para que haya una competencia sobre bibliodiversidad, sobre calidad y contenidos más que sobre descuentos, pero falta hablar de librerías”.
El líder de los editores asegura que se debe resolver el tema de los descuentos, de lo contrario, dice, lo único que hacen es depredar el mercado.
Propone que no se olviden otros elementos en la ley, como el fomento a la lectura, el desarrollo de bibliotecas, el desarrollo de librerías y “en todo caso lo que nos haría falta es discutir el tema de los presupuestos. La ley es una buena ley, pero si no tiene elementos de presupuestos pues se queda en el precio único que se volvió lo más importante. Es muy importante, pero no es lo único, es muy necesario, pero no es suficiente”.
Carlos Anaya afirma que no es así como se termina activando la economía del libro, pues la economía del libro se activa cuando se tiene una cadena que esté completa y no una cadena que rota, como ahora.
“No hay canales de comercialización, ese es el verdadero problema, no los descuentos. Eso es lo que nos debería de preocupar. Si queremos regular mercados, construyamos el mercado”, propone.
Rodrigo Pérez Porrúa, presidente de la Asociación Mexicana de Libreros, dice que ya no se tendría que discutir el precio único. “La vigencia del precio único no es más que se respete en todas partes el precio que fija el editor; la industria del libro como tal lo que solicitaba es que en vez de 18 meses fueran 24 meses de protección de ese precio, esto por el gran problema de distribución a nivel nacional, por eso se solicitaba la extensión de tiempo; lo que no se entiende hoy es que en vez de oír a la industria del libro propongan reducir esta protección”.
Tomás Granados, director general de Grano de Sal, una nueva editorial mexicana, dice que la Ley no ha funcionado del todo porque no se ha aplicado del todo. “El chiste como muchas ideas legales es que si no se aplica generalizadamente, con que haya filtraciones o espacios para que no se aplique, pues deja de ser una herramienta eficaz. La ley del libro la respeta el que quiere, lo cual es grave”.
El editor, que estuvo en el grupo que impulsó la Ley del libro que entró en vigor en 2008, señala que el propósito de esta ley es que haya más diversidad de libros y más diversidad de librerías y, en consecuencia, más beneficios para los lectores.
“La idea es que pueden encontrar los libros más fácilmente, más cerca, si no se logra construir la red de librerías o de puntos de venta no se alcanza el objetivo final y eso no se alcanzó porque no se aplicó con rigor el asunto del precio único”.
México ante el mundo. Carlo Feltrinelli, presidente del Grupo Feltrinelli, el consorcio editorial, librero, de medios y restaurantes de Italia —y que adquirió la mayoría de acciones de Anagramax—, asegura que en Italia hay una ley de precio fijo con una posibilidad de descuentos de hasta 15% máximo, que ha beneficiado a la industria del libro. “Creo que es importante también tener una política de este tipo. Y ha funcionado porque si no, acabamos bajo esta estrategia imperialista y monopolista de Amazon, que quiere sacar todo”.
En ese sentido, Granados añade que Amazon es como Jano, que tiene dos caras. “Del lado del consumidor es una maravilla, no hacemos más que aplaudir, aplaudimos sus ofertas, nos encantan sus condiciones como consumidores, pero del lado de los editores es una trituradora por las condiciones, por la competencia, por lo que implica en su competencia. Amazon no tiene una visión de corto plazo, sino al revés, de larguísimo plazo, y en esa condición de largo plazo, ser el único proveedor en el universo, su actitud es demolera, ojalá la Ley de precio único se le aplicara con rigor”.
El editor indica que en Italia y en Europa siguen luchando contra Amazon. “El mercado se ha reducido en 15%, hay que ser cuidadosos, no ser megalómanos y trabajar seriamente; lo mismo en España, pues detener a Amazon y a otras compañías que son rentables es difícil pero se puede hacer”.
La Asociación de Internet, en voz de su presidente, Julio César Vega, dice que ellos no hablan sólo por dos de las marcas que agremian: Amazon y Google, sino por las 200 empresas que laboran en Internet. Manifiesta: “No estamos a favor del precio único, hay razones de peso respecto a la producción y distribución del contenido, es más sencillo y tiene mucho más alcance distribuir el contenido a través de la vía electrónica que a través de la vía física”.
Respecto a que la industria editorial en varias naciones ve a Amazon y Google como los grandes enemigos, Julio Vega dice que el gran enemigo es desaprovechar la tecnología, o el mal uso que se le pueda dar.
