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Grupo de académicos del Instituto Mora
María Eugenia Arias, Citlali Ayala, María Eugenia Chaoul, Mateo Crossa, Graciela de Garay, Silvia Dutrénit, Fausta Gantús, Rodrigo Laguarda, Laura Muñoz, Claudia Pardo, Beatriz Rojas, Mario Virgilio Santiago Jiménez, Ana María Serna, Matilde Souto, Laura Suárez de la Torre, Mónica Toussaint, Guadalupe Villa, Johanna von Grafenstein, Verónica Zárate
Las y los académicos que hemos tenido oportunidad de participar en espacios como el que hoy nos ofrece El Universal colaboramos siempre a título personal, incluso cuando usamos los espacios de los que dispone el Instituto Mora porque, y esto hay que recordarlo siempre, las instituciones no tienen opinión, como la tenemos quienes formamos parte de ellas. Lo decimos como inicio de este texto porque no quisiéramos, quienes lo firmamos, hablar en nombre de compañeras y compañeros que pudieran estar parcial o totalmente en desacuerdo con nuestra opinión.
Nuestro propósito es dejar constancia de nuestro rechazo a la viciada aprobación, a la promulgación y a la puesta en práctica de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y explicar nuestras razones. Lo expresamos en las discusiones en diversos foros, especialmente en los dos realizados en el formato de parlamento abierto por la Cámara baja, en los académicos, en los públicos, ya fuera en exposiciones escritas, entrevistas y demás espacios y formatos en que pudimos hacerlo, y lo señalamos de nuevo ahora. Esta ley atenta contra todas las instituciones del sistema de educación superior –humanístico, científico y tecnológico– de los sectores público y privado, incluyendo universidades, institutos y centros de todo el país al excluirlas y excluirlos de la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano rector del nuevo CONAHCYT (hasta principios de esta semana, CONACYT) que ahora estará integrada exclusivamente por representantes de las secretarías de Estado, incluidas las de Defensa Nacional y Marina. Con ello atenta contra el sistema educativo y contra su principal beneficiaria, que es la sociedad mexicana. Especialmente atenta contra la existencia de los Centros Públicos de Investigación dependientes del Consejo Nacional. Este es un llamado de atención sobre la gravedad del problema, la gravedad de la situación que enfrenta el sistema público de educación. Es este un S.O.S dirigido a toda la ciudadanía nacional, de Instituciones tan respetadas y acreditadas como es ésta en la que laboramos, y las otras 25 en igualdad de circunstancias, para que nos apoyen a evitar que, haciendo uso de sus nuevas facultades, el Consejo Nacional desaparezca al Mora y a sus centros hermanos.
Nuestra alarma no se basa en suposiciones sino en hechos consumados. Se nos informó hace un par de semanas que las y los directivos de los CPI han sostenido durante largo tiempo reuniones destinadas al rediseño y reconfiguración del sistema de centros. La
comunidad no fue invitada a esas reuniones, no fue consultada; esas decisiones se tomaron a espaldas de los cuerpos colegiados, como el de investigadoras e investigadores que constituyen el corazón de la Institución. Para que se comprenda la dimensión del problema compartimos esta información, que conocimos a finales de abril: que los CPIs fueron reorganizados en tres grandes coordinaciones y el Instituto Mora fue incluido en la de Humanidades y Ciencias Sociales junto con el CIESAS, COLMICH, COLSAN, COLEF y CIDE. Y no sólo eso, que ya es grave, sino que, se nos comunicó también que, a partir de ahora, las líneas prioritarias de investigación y atención de esta coordinación serán migración, agua y seguridad humana. Estas dos medidas inciden directamente en el quehacer que desarrollamos, en los conocimientos que generamos, en el impacto social de ese conocimiento.
¿Por qué nos preocupa esta reorganización y la conformación de esas tres grandes coordinaciones? Porque son el inicio de la “transformación” que implicará la desaparición de los CPI, con nombres y apellidos, y la creación de tres súper centros, por llamarlos de alguna forma. Con esa medida, se buscará reducir personal –tanto académico como de administración–, concentrar la estructura de los mismos en unas pocas sedes, adelgazar el apoyo a la investigación y por ende a las publicaciones y demás acciones que permitan al gobierno del ejecutivo federal reducir al máximo el presupuesto hasta ahora destinado a estos CPI y sus actividades. Ninguna investigadora o investigador de este país, que tenga genuino interés en ampliar el conocimiento humano para enfrentar los retos que tenemos, puede trabajar bajo la imposición y la amenaza.
Somos trabajadoras y trabajadores de la educación y queremos ser claros en que no, no estamos dando la batalla por la defensa de privilegios, como se insiste en acusar desde las más altas cúpulas del poder; no, tampoco es cierto que recibimos salarios y apoyos millonarios, como se pregona sin pruebas con el afán de desprestigiar a quienes formamos parte de la comunidad académica. No es cierto tampoco que despilfarramos el dinero público en viajes y viáticos, porque la cantidad asignada anualmente para ese fin es muy poca y en general ponemos de nuestros propios recursos para cumplir con los compromisos de nuestra profesión. Si alzamos la voz, si damos la batalla, si insistimos en señalar los riesgos que implica la nueva Ley General, en los rubros aquí señalados y en otros muchos que no podemos tratar por cuestiones de espacio, es porque nos preocupa que el presente y el futuro de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y las innovaciones queden supeditadas a una ley autoritaria, vertical, jerárquica, regresiva, antidemocrática y que abre la puerta a la intervención de las fuerzas armadas en la definición de las políticas en esas materias.
