Uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea mexicana fue casi desconocido en las últimas cinco décadas debido al poder que ha ejercido el Estado para cortar cadenas de comunicación e influir en los procesos penales.
Dicho episodio fue protagonizado por Carlos Castañeda de la Fuente, quien intentó asesinar al expresidente Gustavo Díaz Ordaz el 5 de febrero de 1970, durante los festejos por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
Castañeda, un hombre de 28 años, oriundo de la colonia San Rafael, compró una pistola Luger por 900 pesos, la guardó en una maleta y se trasladó al Monumento a la Revolución, donde Díaz Ordaz encabezaría el festejo del 5 de febrero.
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En la esquina de Insurgentes y Valentín Gómez Farías, Castañeda disparó una vez su pistola, a través de la maleta, e impactó en un vehículo, donde pensaba que estaba Díaz Ordaz. Sin embargo, en el auto iba el secretario de Seguridad Pública de ese entonces, el general Marcelino García Barragán, quien salió ileso.
Tras el fallido atentado, Castañeda fue aprehendido y trasladado a la Dirección Federal de Seguridad, en la Plaza de la República, junto al Frontón México, donde fue torturado. Luego lo trasladaron al Campo Militar Número 1 y ahí estuvo internado durante cuatro meses.
El asunto se tornó aún más oscuro cuando se le declaró “incapaz mental” y fue recluido en el psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, en el kilómetro 5.5 de la autopista México-Puebla, donde vivió 23 años.
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro de El Colegio Nacional, realizó una exhaustiva investigación sobre el caso, que dio como resultado el libro Que nunca se sepa (Debate, 2023), donde da detalles inéditos del atentado, de la vida de Castañeda e hipótesis sobre la responsabilidad del caso.
Un crimen para tapar otro crimen
En entrevista con EL UNIVERSAL, Cossío Díaz apuntó que la responsabilidad del caso de Castañeda recayó en varias personas, pero lo más preocupante, dijo, es que se usó al aparato estatal para borrar del mapa a un hombre, encerrarlo, torturarlo y declararlo “débil mental”.
“En un caso de esta magnitud tienen que participar muchas personas, tuvo que participar la Dirección de Seguridad, el Ejército, el Ministerio Público del entonces DF, los jueces locales, autoridades del gabinete, la Secretaría de Salud, médicos, el director del psiquiátrico, Gobernación; no sabemos todos los nombres ni todas las instancias, pero alguien de hasta arriba dijo ‘hay que fastidiar a este hombre’”, apuntó.
Cossío Díaz refirió que su investigación tuvo como eje motor archivos del Archivo General de la Nación, del Expediente Judicial y de la Iglesia Católica, entre otros, que le permitieron tejer hipótesis y reconstruir los hechos.
“El hecho no pudo pasar inadvertido, había mucha gente en esa marcha, vendedores, policías, gente. Alguien tuvo que verlo, claro. Pero ningún medio lo reportó. ¿Qué nos dice eso? Que hubo una operación de estado para silenciar el caso, la evidencia es que ningún periódico lo reportó”, señaló.
Una hipótesis sobre los motivos por los que se ocultó el caso fue porque Castañeda era un miembro activo de la religión católica y, en caso de haber un juicio, la Iglesia se vería obligada a tomar una postura de los hechos e incluso pedir amparos para su liberación.
Cossío Díaz relató que en su investigación halló que Castañeda tuvo como mentor al padre Manuel Vázquez Montero, quien, probablemente, fue el que le dijo que debería dispararle a Díaz Ordaz.
“Una semana después de los hechos de Tlatelolco, Castañeda le expresó a este sacerdote que los hechos de la matanza le parecían muy injustos y, en un enorme acto de irresponsabilidad, este le sugirió que debía matar a Díaz Ordaz en un acto que a lo mejor tenía la intención de ser chusco o gracioso, pero no, Castañeda se queda maquilando por meses la idea hasta que la lleva a cabo”, contó.
En los archivos de los interrogatorios se puede leer que los agentes le preguntaron a Castañeda sobre sus motivaciones para intentar matar a Díaz Ordaz, a lo que él respondió que lo hizo para reivindicar a los jóvenes asesinados del 68.
“En algún momento, un amigo del padre le regaló a Castañeda una novela cristera de un tal Jorge Grau, que contiene la frase ‘en cada movimiento existe un hombre que está dispuesto a dar la vida por el’, misma frase que dijo Castañeda en los interrogatorios, cuando le preguntaron porque quiso matar al presidente”, explicó Cossío.
Tras ocultar el caso y ser torturado cuatro meses, Castañeda fue llevado al psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno porque se le declaró “débil mental”. Allí se le construyó una celda especial en medio del patio del nosocomio, donde era vigilado por dos guardias las 24 horas.
Es incierto en qué momento salió de esa celda y se integró con la población general del hospital. Sin embargo, existen evidencias de que fue torturado y se le aplicaron medicamentos psiquiátricos experimentales.
Sobre la tortura física y psicológica, Cossío refirió que en los registros de la detención hay declaraciones del propio Castañeda que dejan ver una aplicación de violencia. “Hay archivos en los que Castañeda cuenta que le pusieron inyecciones que lo hacían revolcarse, que no soportaba la ropa, entre declaraciones que dejan ver fue torturado y usado como sujeto de pruebas”, explicó.
Esta hipótesis, detalló, tomó fuerza, ya que investigaciones periodísticas posteriores revelaron que el psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno fue usado para experimentos con pacientes. “No lo pude comprobar todavía, pero hay indicios de que fue así” refirió.
Y agregó: “Hay reportes de Castañeda de los primeros tres o cuatro años de su estancia en donde se describen los medicamentos que recibía, pero no se menciona la situación de aislamiento. Hay otros reportes del momento en que fue supuestamente dado de alta y en los que dice que era esquizofrénico, en otros dice que era paranóico, en fin, se hizo un pésimo trabajo médico”, detalló Cossío.
Carlos Castañeda salió en 1994 por ayuda de Norma Ibáñez, una psicóloga federal que realizaba investigaciones en el hospital. Vivió en situación de calle hasta que murió atropellado en 2001 en la colonia Cuauhtémoc. “Podemos concluir que fue una operación de Estado, se utilizó a la psiquiatría con fines políticos, para ocultar un caso y acabar con un hombre”, apuntó Cossío.
Y finalizó: “Desconozco si hay otros casos así, pero sí ha habido crímenes donde participa el Estado, como el caso de Ayotzinapa, Acteal, y otros. Espero que este libro dé paso a nuevas investigaciones”.
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melc