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Este domingo se hizo pública la carta “Por la libertad , contra los privatizadores de la palabra”, para la noche los “más de 28 mil ciudadanos” se habían convertido en 34 mil firmantes de lo que llamaron “la respuesta social” al desplegado del pasado jueves 17 de septiembre de un grupo de 650 científicos, intelectuales y académicos .
La carta que comenzó a circular el pasado sábado 18 de septiembre y que hasta la tarde de ayer tenía una lista que ocupaba 752 páginas con nombre, ocupación, municipio y estado de residencia de los 34 mil firmantes, califica el desplegado de los 650 intelectuales como “un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas”.
Rafael Barajas “El Fisgón”,
presidente del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA , en su cuenta de Twitter escribió esta noche que “ya m{as de 34 mil personas han firmado la carta ´Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”.
Minutos antes, Pedro Miguel, quien no sólo adjuntó el documento con las la lista de 34 mil firmas en las que hay profesores, ingenieros, arquitectos, estilistas, jubilados, amas de casa, estudiantes, abogados, luchadores sociales y ciudadanos de todo el país, llamó a la paciencia:
“Se está en la depuración de nombres duplicados y en la corrección de aquellos en los que el texto predictivo o el corrector hicieron barbaridades. Mañana estará publicado el corte de las firmas que se junten hoy. A ver a cuántas llegamos”, señaló.
En las redes sociales se destaca que también es firmada por Enrique Dussel, Consuelo Sánchez, Pedro Miguel, Héctor Díaz-Polanco, Blanca Montoya, Elvira Concheiro, Beatriz Stolowicz, Armando Bartra, Felipe Ávila, José Valenzuela Feijoó, John M. Ackerman, John Mraz, José Manuel Valenzuela Arce, que se han adherido a la carta que señala que los autores del desplegado del 17 de septiembre “no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido”.
En el documento que hoy se hizo público dicen que “en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país”.
Y agregan que lo que es claro “es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral.”
También afirman que en cuanto a las pretendida “lesión presupuestal” a organismos autónomos”, el escrito del 17 de septiembre “hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población”.
En la “respuesta social” señalan que los firmantes del desplegado “critican el discurso presidencial porque ‘estigmatiza’, ‘difama’, ‘agravia a la sociedad’, ‘degrada el lenguaje público’, ‘rebaja la tribuna presidencial’, ‘profiere juicios y propala falsedades’ y ‘siembra odio y división’ en México. Acusan, además, que tras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador ‘han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes’”.
Agregan que “su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco ‘amagos judiciales’ a ‘medios y publicaciones independientes’ sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones”.
