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En un caso sin precedentes, tres funcionarios de la Secretaría de Cultura del gobierno pasado —la exsecretaria, María Cristina García Cepeda; el exoficial mayor, Francisco Cornejo; y la exdirectora general de Administración, María Eugenia Araizaga— fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cualquier cargo en el servicio público federal, y multados como medida resarcitoria a pagar cada uno 19 millones 771 mil 154 pesos.
Fue el Órgano Interno de Control (OIC) de la actual Secretaría de Cultura —que encabeza Alejadra Frausto— el que “resolvió sancionar con la inhabilitación y la multa resarcitoria a los exservidores públicos”, según el comunicado que emitió ayer la secretaría de la Función Pública y que también divulgó la Secretaría de Cultura.
Función Pública precisó que la sanción es porque los exfuncionarios incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a la asociación civil Puerto Cultura para la realización del proyecto “Museo de Museos”, que no se concretó.
Planeado para edificarse en un predio del Centro Histórico —en República de Argentina 12, esquina con Donceles, en un edificio neoclásico que fue construido entre 1795 y 1805 por Manuel Tolsá— el nunca logrado museo ha cargado con una historia de cuestionamientos hacia las autoridades que aprobaron los recursos y hacia los promotores del mismo, la A.C. Puerto Cultura, que integraban, entre otros, Sergio Raúl Arroyo, exdirecotr del INAH, y Eduardo Vázquez, exsecretario de Cultura de la ciudad y actual director de San Ildefonso.
Función Pública informó que detectó irregularidades en la donación al proyecto concebido para el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, pero que no se contaba con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para desarrollar trabajos en el inmueble, como lo manda la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales.
Los 59 millones, detalló Función Pública, se entregaron en dos momentos: 50 millones en marzo de 2017, y 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018. La dependencia concluyó que se “causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”.
Desde julio de 2019, el OIC había señalado irregularidades, e incluso, en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2018, al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, revisó 24 donativos a instituciones sin fines de lucro y adviritó que debían aclararse recursos por 167 millones 111 mil 702 pesos, y entre éstos se refirió al proyecto del “Museo de Museos”. La ASF dijo: “Es importante señalar que el proyecto fue autorizado directamente por la C. Secretaria de Cultura sin que se evidenciara el método de selección utilizado para determinarlo como elegible, así como la forma en que se determinó el monto del apoyo”.
Los involucrados
Los avances
El antropólogo y especialista en legislación cultural Bolfy Cottom aseguró que el concepto “Museo de museos” era muy innovador y recogía una visión histórica integral, actual y dinámica de lo que era la nación mexicana.
Aseguró que la asociación civil Puerto Cultura resultó exonerada porque tenía bajo su responsabilidad el proyecto, el diseño museográfico, la investigación académica de todo el proyecto de museo y en eso hubo los mayores avances, “terminaron la investigación, el diseño, toda la serie de planos que tenían que elaborarse, el diseño de iluminación, la parte tecnológica, de tal manera que el Órgano Interno de Control los exonera porque cumplieron con la inversión de recursos; incluso hubo funcionarios exonerados, como el subsecretario (Jorge) Gutiérrez y el Lic. (Luis) Cacho, que era el director jurídico de la Secretaría”.
Dijo que en el proyecto hubo avances importantes sobre todo en el concepto museográfico, en la planeación y diseño. “Fue francamente impresionante el avance que tuvo ese proyecto, y entiendo que por diversas circunstancias algo sucedió o la premura, que de alguna forma no pudieron completar el proyecto, sobre todo en la obra de adecuación del edificio que no se pudo realizar en tiempo y forma, de tal manera que al vencerse el plazo de compromiso de la entrega de este proyecto simple y sencillamente no pudo ser”.
Añadió que el edificio no estaba adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino que estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura, y muy probablemente de la Dirección de Sitios y Monumentos.
