¿En qué casos aplica la libertad de expresión en el ? , titular del Instituto, vio con buenos ojos las protestas estudiantiles de escuelas del INBAL, las cuales denunciaron la falta de insumos básicos, como agua y servicio médico en sus planteles. Jiménez dijo que el deterioro en las escuelas es resultado del “abandono" durante muchos años, o sea en administraciones pasadas. “Nos ayuda mucho que ellos subrayen determinadas cosas”, declaró.

Pero cuando se trata de un problema de su administración, parece que aplican otros criterios. Durante la falta de pago del INBAL a la vigilancia en sus museos y escuelas, la empresa SEICSA -que proporciona ese servicio- pidió al personal “no tomar actitudes que resulten no adecuadas y que puedan afectar al servicio, ya que existen sanciones por parte del INBAL si se presentan este tipo de situaciones y esto podría afectar los pagos de los adeudos”.

Al cuestionarle sobre esta condición, Jiménez dijo que ella no puede hablar en nombre de SEICSA y que el INBAL “no tiene facultades sobre eso”. Al preguntarle si entonces negaba haber impuesto esta condición, la funcionaria no respondió y se retiró.

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Habría estado bien aclarar quién amenazó a los trabajadores, quienes en entrevistas con EL UNIVERSAL siempre expresaron su temor a las represalias que habría por demandar la paga que les correspondía. Además, los vigilantes dejaron ver que el problema no sólo radicaba en el adeudo -que ya saldó el INBAL-, sino en las precarias condiciones laborales, pues la empresa no cumple con sus obligaciones de proporcionar uniformes ni vacaciones ni seguro social, pues “cambia de razón social a cada rato”, dijeron los entrevistados.

Entonces, ¿qué hace el Instituto relacionado con una empresa irregular en todo caso? Definitivamente no ayuda a su imagen de respeto a la libertad de expresión ni a la de respeto a los derechos laborales.

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