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El 22 de abril, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó los nuevos lineamientos para la investigación arqueológica en México y las bases de integración, funcionamiento y operación del Consejo de Arqueología . Aunque investigadores reconocen que son legislaciones necesarias, sostienen que no son las adecuadas, pues fueron hechas sin consultar al gremio, además, aseguran, centralizan el poder, burocratizan los procesos y criminalizan a los investigadores.
Ante esa situación, especialistas de diferentes instituciones pidieron a la directiva del INAH que queden sin efecto las nuevas normativas, se apliquen las previas y que de forma conjunta, se trabaje en otra reglamentación.
En la mesa de análisis “Nueva normatividad para la arqueología en México”, organizada por el Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, los investigadores Leonardo López Luján, Eduardo Matos Moctezuma, Rodrigo Esparza López, Luis Alberto López Wario, Sara Ladrón de Guevara, Rodrigo Liendo, Alfredo Barrera Rubio y Rosa Reyna Robles, moderados por Gustavo Ramírez Castilla, hicieron un llamado a las autoridades del INAH para que reviertan los nuevos lineamientos.
Y es que con la publicación de esas dos nuevas normativas, se le ha dado un “ramalazo” a la arqueología mexicana, pues se pretende imponer una serie de normas, pero “sin haber sido analizadas, discutidas y consensuadas” por los arqueólogos, eso las convierte en “inaceptables, pues aplican órdenes autoritarias que tienden a burocratizar, entorpecer, reprimir y judicializar la investigación arqueológica”, dijo Reyna Robles, investigadora de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH.
El 19 de abril de 2017 fueron emitidos los últimos lineamientos para la investigación arqueológica en México, que estaban conformados por 43 y los recientemente publicados cuentan con 58 artículos.
“El nuevo documento es una colección inacabable de requisitos, de procedimientos burocráticos, de solicitudes de autorización, de prohibiciones, de plazos perentorios y, debo subrayarlo, de sanciones. Este documento, suscrito por el director general, es un ejemplo de la estructura vertical imperante en nuestra institución y de la falta de comunicación entre una oficialía que labora en el muy grato cuartel general y quienes vivimos en trincheras insalubres y nos exponemos día a día a un dramático frente de batalla, lo cual no es metafórico dada la violencia y la inseguridad que se arraigó en el país desde hace varias décadas”, indicó Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor.
Las nuevas normativas no son los únicos problemas que se viven en el INAH, pues el arqueólogo enlistó otros agravios que se han dado durante los últimos dos años, como la reducción en un 20% de los presupuestos dedicados en el Instituto a la investigación arqueológica y, casi inmediatamente después, en un 75% adicional.
“Han desaparecido de tajo el programa de estímulos al desempeño de los investigadores, así como los apoyos económicos para asistir a reuniones científicas. No han sido renovados los contratos de cientos de profesionales jóvenes, quienes se han quedado sin trabajo en el peor pico de la pandemia. Y los raros recontratados, lo han sido en condiciones que poco tienen que ver con la dignidad humana. Esto, sin duda, impedirá a las nuevas generaciones forjarse una carrera sólida y de largo aliento. Frente a la debacle, los estudiantes de arqueología de la ENAH ven un futuro poco promisorio y, peor aún, un presente en el que no reciben siquiera apoyo para sus prácticas de campo y no son contratados sus profesores que imparten las materias optativas”, dijo López Luján.
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En el mismo tenor y a través de un texto leído por Gustavo Ramírez, Matos Moctezuma indicó que en cualquiera de sus ramas, la ciencia debe contar con plena libertad para ejercerse: “Es lógico que las instituciones posean los controles necesarios y muy especialmente proporcionen los medios indispensables para que tengan un óptimo rendimiento. Cuando algunas medidas rebasan en demasía a tal grado que la burocracia se sobrepone a la ciencia, entonces el asunto está mal. Hubo precipitación en sacar los lineamientos en materia arqueológica, los capítulos son tan restrictivos que el arqueólogo se la pasaría rindiendo informes”.
Pero no sólo se tendrá que rendir más informes, sino que en los nuevos lineamientos se contemplan una serie de sanciones en el Capítulo VIII , con lo que queda claro que “al INAH no le importan sus arqueólogos, ni son dignos de confianza, sino que son vistos como potenciales delincuentes”, sentenció Rosa Reyna Robles, pues en ese apartado se habla de 17 sanciones para arqueólogos y dos para las instituciones. Ese fragmento, dijo Matos Moctezuma, “pareciera estar inspirado en la Santa Inquisición”.
Además de los nuevos lineamientos, los investigadores criticaron las Bases de Integración, Funcionamiento y Operación del Consejo de Arqueología, porque de no revertirse, el Consejo podría tener mayor injerencia; sin embargo, “es un órgano consultivo no un cuerpo colegiado”, afirmó Sara Ladrón, rectora de la Universidad Veracruzana y arqueóloga.
Ese punto de vista fue compartido por Bolfy Cottom, antropólogo que comparó las Bases de Integración… con la Ley Orgánica del INAH y su reglamento, así como con la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Luego de ese ejercicio declaró: “Me da la impresión de que son ilegales (los nuevos lineamientos), pues le dan facultades al Consejo de Arqueología para desarrollar actos de autoridad, administrativos e incluso, jurisdiccionales. El Consejo de repente se convierte en un órgano que ejerce un terrorismo científica. Más allá de alentar a la investigación, ejerce una especie de amedrentamiento innecesario”.
Piden inclusión y reconocimiento
Frente a esa serie de cuestionamientos y críticas, López Luján pidió a Diego Prieto Hernández, director del INAH, “que deje sin efectos los nuevos lineamientos para la investigación arqueológica en México’ y que se vuelva al documento anterior en tanto se elaboran disposiciones de manera reflexiva y que correspondan a la muy triste realidad material, financiera y humana de quienes laboramos con ahínco en nuestro país”.
Esa petición fue compartida por los demás investigadores. Sin embargo, señalaron que también será necesaria la participación de otras instituciones y especialistas que no pertenezcan al INAH que también llevan a cabo actividades arqueológicas.
Ladrón de Guevara expresó que hubiera agradecido que la convocaran a discutir los nuevos lineamientos: “Desde fuera del INAH observo que no se da abasto para la cantidad de sitios arqueológicos que tiene y vemos que se va reduciendo la plantilla de personal y que no se aumentan las capacidades, los presupuestos y el personal para realizar las tareas” que el Instituto realiza.
Enfatizó que es importante la participación de todos los arqueólogos, de lo contrario, solo una institución reglamentará y legislará.
“Creo que somos el único gremio que tiene centralizada la decisión de nuestro quehacer en un solo colegiado que se reúne periódicamente en la Ciudad de México, es decir, está centralizada la decisión” de si podemos hacer o no un proyecto arqueológico.
Rodrigo Esparza, arqueólogo del Colegio de Michoacán, secundó la idea de Sara Ladrón, de hecho, indicó que en su institución les tomaron por sorpresa todos esos cambios, pues no se enteraron por alguna comunicación oficial, sino que se las hicieron llegar amigos y conocidos.
En ese contexto, afirmó Sara Ladrón, quedó en evidencia que “el conocimiento arqueológico es desdeñado desde el Estado mismo, desde el discurso oficial, cuando vemos que se establecen fechas a gusto, para celebraciones conmemorativas, independientemente de que los que estudiamos tiempos prehispánicos o coloniales hallamos revisado. Me parece que es importante ganar nuevamente legitimidad estableciendo formas de consulta y de construcción de lineamientos, reglamentos y leyes para un mejor ejercicio de nuestra profesión”.
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