Aunque ya en dos ocasiones se negaron órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y la Fiscalía General de la República (FGR) , esta última dijo que buscaría una tercera; sin embargo, el plazo para proceder en contra de los miembros de la comunidad científica vence a finales de este mes y aún no está claro qué sucederá.
En septiembre de 2021 se dio a conocer que el Conacyt, presidido por María Elena Álvarez-Buylla , había iniciado procesos penales en contra de 31 miembros de la comunidad científica, pues el 10 de julio de 2020 Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
En esa denuncia, Cruz Vixtha acusó a los científicos de cuatro delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades y Peculado. Sin embargo, los dos primeros delitos fueron cambiados por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, por decisión de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, quien a pesar de haber sido rechazado por inconsistencias en su producción científica, en esta administración pudo ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por decisión de una Comisión Especial Dictaminadora que presidió Ernesto Villanueva.
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Pese a todos esos hechos, María Elena Álvarez-Buylla negó públicamente que el Conacyt hubiera denunciado a los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT): “No sé de qué me hablas, yo vine a apoyar al primer Gobierno de la Cuarta Transformación , no a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”.
Tras la denuncia, la FGR abrió un expediente y con la información que recabó, solicitó en dos ocasiones que se giraran órdenes de aprehensión para que los miembros de la comunidad científica fueran recluidos en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, Estado de México, considerado un penal de máxima seguridad, donde se encuentran recluidos Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los fundadores de La Familia Michoacana, y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
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En ambos casos, un juez negó las órdenes de aprehensión, aún así, la FGR indicó el 22 de septiembre de 2021 que “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
El plazo para poder ejercer alguna acción en contra de ese grupo de personas vence a finales de este mes, o de lo contrario la carpeta quedará cerrada, enviada al archivo y en teoría, los 31 imputados quedarían libres de cualquier culpa. Ya veremos si el Conacyt y la FGR —ambas instituciones encabezadas por personas que gozan de una credibilidad intachable— dejan que esto pase, ¿o será que aplicarán la de “divide y vencerás” y abrirán carpetas individuales en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia?
fjb