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Antes del 12 de diciembre de 2019, cuando el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) modificó sus Reglas de Operación, los creadores —fueran actores, directores, artistas visuales, escritores, músicos, arquitectos o bailarines— gozaban de los mismos derechos culturales que cualquier ciudadano, sin embargo, en la actualidad, las instituciones culturales federales no miden con el mismo rasero a los creadores.
Los dos supuestos que el Fonca agregó al Catálogo de incumplimientos hace dos meses, con los que puede suspender o retirar la beca a los becarios del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) por “Cometer faltas graves a la moral, acciones de corrupción, hostigamiento, acoso sexual, violencia de cualquier tipo o cualquier otro delito considerado por ley como grave” y por “Tener un proceso penal abierto por delitos considerados por ley como graves” —como lo dio a conocer EL UNIVERSAL el 28 de enero—, ha generado un debate en redes sociales y ha abierto varias interrogantes.
¿En los estímulos o becas que otorgan las instituciones culturales es legal que exista una diferencia entre creadores que enfrentan acusaciones por alguna falta calificada como grave o están en medio de un proceso penal —como ahora lo estipula el Fonca en sus Reglas de Operación— y aquellos hombres y mujeres que ya están sentenciados y purgan una condena en la cárcel, poblaciones con las que trabaja la Secretaría de Cultura a través de su programa Cultura Comunitaria?, ¿es congruente marcar diferencias?, ¿con esa determinación no se violentan los derechos culturales?
La abogada Dafne Méndez, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual asegura que el hecho de que las instituciones culturales como el Fonca “hagan esta distinción entre los sujetos es peligroso porque habría una cuestión de discriminación en el sentido de que el Fonca está dejando de valorar un mérito artístico y está valorando un mérito conductual en cuanto a comportamiento social que no tendría por qué ser un parámetro para artistas y creadores”.
Méndez señala que estas atribuciones que se toma el Fonca violentan los derechos culturales. “Existe una diferencia a nivel de derecho procesal, pues a pesar de que los procesados pierden su derecho político, no pierden la facultad de crear o expresarse de modo creativo y por eso existen programas culturales dentro de los reclusorios; pero el presunto responsable no pierde ningún derecho, ni uno solo, por el contrario, el derecho que impera es que se le reconozca la presunción de inocencia en tanto no se pruebe lo contrario”, señala la abogada.
Incongruencia
Mientras el Fonca ya ha comenzado a castigar a los creadores que sean acusados de incurrir en una falta o delito violando su presunción de inocencia, la Secretaría de Cultura federal, a través del programa Cultura Comunitaria, impulsa el eje de Comunidades creativas y transformación social que busca “promover los derechos culturales de las personas privadas de su libertad, como parte de la estrategia de trabajo para una cultura incluyente, que garantice el acceso a la cultura de manera igualitaria para todas las personas”.
La propia secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, encabezó el pasado 6 de agosto una visita guiada por la muestra "Territorios de la memoria. 1985-2019" en el Museo de Arte Moderno; en el grupo había cuatro artistas que estuvieron en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y ocho más que permanecen en reclusión en el mismo centro, todos son parte del colectivo Kolëctive.feat.
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Incluso, dos artistas de Kölectiv.feat y uno del colectivo Ixcotel han sido contratados por Cultura Comunitaria como talleristas y artistas, informó a EL UNIVERSAL Comunicación Social de la Secretaría.
Además, para marzo tendrán a su cargo un espacio en el Complejo Cultural Los Pinos donde echarán a andar la Casa de Medio Camino, donde los exreclusos darán talleres de pintura y podrán trabajar y vivir allí hasta por tres años.
La fotógrafa Lulú Sánchez Puig, quien fundó Kolëctive.feat y tendrá a cargo la Casa de Medio Camino, dice que en tres años 90% de los chicos que ahora están recluidos van a estar fuera. “Desde diciembre de 2018 nos apoya la Secretaria de Cultura, a nosotros nos paga un sueldo y además nos apoya con un dinero para materiales y también los chicos que se van convirtiendo en talleristas la Secretaría de Cultura les paga un sueldo como talleristas y artistas, a través de Cultura Comunitaria”.
Discusión abierta
El debate que se generó en las redes sociales entre creadores como la poeta María Rivera y el poeta, editor y periodista José Homero confirman la gravedad de las modificaciones.
En su cuenta de Twitter, María Rivera escribió: “El Fonca está obligado a transparentar los cambios que pretenden hacer en las Reglas de Operación del SNCA. Es importante que la comunidad exija que se hagan públicos si no queremos que se conviertan en instituciones ideológicas o peor, en tribunales inquisitoriales” y desmenuzó las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con estos agregados.
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EL UNIVERSAL envío varias preguntas al Fonca, entre ellas si no es incongruente que ellos castiguen a creadores que enfrentan un proceso penal o una falta mientras que la Secretaría de Cultura alienta programas con reclusos e incluso los contrata. Aún sin abordar directo el tema, el Fonca dice que los supuestos “marcan el actuar de los servidores públicos ante circunstancias específicas” porque “el Fonca no investiga a creadores” y señala que “no se ha modificado nada que interfiera con la libertad creativa”.
