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Estudiantes de universidades privadas han iniciado un proceso de amparo contra el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt) luego de que se les negaran becas de posgrado en la convocatoria de 2023.
Se trata de más de 22 estudiantes que se ubican en Puebla y Guadalajara. Joan Ochoa, abogado de la organización civil Uniendo Caminos México, que interpone el amparo, explica que los estudiantes aún no han autorizado hacer público el nombre de las instituciones a las que pertenecen.
En julio de 2021 desapareció el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y se creó el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), pero el Conahcyt estableció un nuevo criterio de cinco prioridades, entre más abajo se encuentre el posgrado en las prioridades, es menos probable que se otorguen las becas porque están sujetas al presupuesto.
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En este caso, las universidades privadas no se encuentran dentro de las prioridades principales para recibir las becas.
“Legalmente está prohibido que se discrimine por una condición de situación económica. Es discriminatorio porque muchos de los que estudian en universidades privadas lo hacen a través de becas, así que se está privando a la gente a estudiar este tipo de posgrados, que son un beneficio para el país, por una política pública”, dice Joan Ochoa sobre el argumento con el que se interpondrá el amparo.
Otra inconformidad de los estudiantes es que Conahcyt no externó el motivo por el que se les negó la beca.
“Todo acto de autoridad debe estar motivado y justificado. Conahcyt tiene que explicar por qué no se les dio la beca. En este sentido están haciendo mal las cosas porque si bien establece los criterios, esto no significa que no deba explicar el motivo por el que les negaron la beca”, sostiene Ochoa.
Los estudiantes están en una situación complicada, explica el abogado, porque para pedir la beca debían cumplir con el requisito de estar inscritos en un posgrado y ahora que fueron rechazados no tienen cómo pagar sus estudios.
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“Aplicaron en la convocatoria de febrero, firmaron pagarés y ahora están preocupados porque deben dinero y otros tendrán que dejar la maestría porque no tiene cómo pagarla”, dice Ochoa.
Se trata de un proceso contrarreloj, porque una de las universidades de los afectados puso como ultimatum dar de baja el 28 de julio a los estudiantes que no han pagado sus matrículas.
En mayo, a estudiantes de ciencias administrativas de universidades públicas también se les habían negado becas por no ser un área de prioridad nacional. Sin embargo, tras una manifestación y dos semanas de negociaciones entre Conahcyt y las universidades, se otorgaron las becas a los afectados.
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