La apresurada aprobación del dictamen de la Ley General en Materia de Humanidades de Ciencia y Tecnología avanza rápidamente, pero aún no se ha consumado del todo. Después de varios días donde se aceleraron los procesos legislativos y se aplicaron varios albazos a iniciativas de ley, el dictamen fue aprobado, en fast track, por la Cámara de Diputados la mañana del miércoles, en una sesión en el Pleno que duró casi cuatro horas.
Con 257 votos de Morena, 208 en contra, del PAN, PRI, PRD y MC y dos abstenciones, la minuta fue turnada al Senado.
De mantener la velocidad acelerada en los procesos legislativos, la ley será turnada a las Comisiones Unidas del Senado para que se dictamine la minuta correspondiente. Si se aprueba sin modificaciones, en pocos días será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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Ante los previsibles hechos, diputados y científicos ya preparan vías legales para hacer frente al albazo de la Ley de Ciencia utilizando dos vías: denunciar las violaciones a los procesos legislativos y el rompimiento del acuerdo de los siete parlamentos abiertos, e impugnar los contenidos de la nueva ley que transgreden derechos humanos, discriminan a ciertos sectores de investigadores y centralizan el poder y las decisiones científicas.
Aunque las acciones legales están planeadas, todavía es posible que la aprobación de la ley se detenga en el Senado y sea turnada de vuelta a la Cámara de Diputados para su revisión.
Ante los escenarios adversos, científicos comienzan a reunir los argumentos con los que la ley puede ser impugnada en tribunales. Para Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, la nueva Ley de Ciencia tiene tres puntos que pueden utilizarse para impugnarla.
El primero y más fuerte es el artículo 41 de la ley, que estipula que los apoyos y estímulos para realizar investigaciones serán solamente para investigadores de instituciones y universidades públicas, excluyendo a los académicos provenientes de instituciones privadas.
“La ley es discriminatoria porque discrimina a las personas que forman parte de instituciones de educación superior privadas, eso no lo movieron, es muy grave y estamos seguros de que en ese punto habrá amparos y una serie de medidas para impugnar”, expresó Maldonado.
“Desde un inicio, la ley es discriminatoria porque quien tenga el poder en el Consejo decidirá qué es lo que es bueno y malo para la investigación, pero en la ley queda por escrito que los investigadores de instituciones privadas no podrán tener acceso a los estímulos económicos”, agregó Brenda Valderrama.
Para la investigadora, no existen criterios objetivos para estipular que las universidades privadas no reciban apoyos. “Discrimina a una población versus la otra cuando no existe ningún criterio objetivo para hacerlo; ya se había ganado hace años que los investigadores privados también recibieran estímulos, en ese sentido es una ley regresiva”, agregó.
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Por su parte, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks afirmó que se está preparando una serie de herramientas legales para hacerle frente al albazo legislativo. “Lo diré de forma resumida: la ley violenta derechos humanos, violenta libertad académica, violenta autonomía de las instituciones, sobresale que excluye a alumnos y a universidades particulares para recibir beneficios, es un ejemplo de otros que son tristes”, subrayó el diputado.
Otro punto que resaltan los investigadores es el centralismo de la ley, que estipula en el Artículo 68 que las voces académicas y científicas no tendrán voto en las decisiones del organismo público, además de que sólo serán escuchadas mediante invitación de la propia Junta de Gobierno.
“A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, estipula la iniciativa de ley.
Este mismo artículo señala que la Junta de Gobierno estará integrada por los representantes de diferentes dependencias, entre los que resaltan los titulares de la Secretaría de Bienestar, de la Defensa Nacional y Marina.
“La toma de decisiones recaerá en una sola persona, es absolutamente centralista, todas las decisiones de ciencia del país recaerán en una sola persona, en la persona al frente del Consejo, ninguna cabeza puede tomar decisiones por todo un país, la ley carece de cuerpos colegiados y de mecanismos de consulta, las decisiones de la política científica en México se tomarán a puerta cerrada, en este esquema vertical y centralista sólo habrá una sola voz, que por el momento será la de Álvarez Buylla”, dijo Valderrama.
De esta forma, las fuerzas armadas tendrán mayor peso en las decisiones que investigadores con experiencia y capacidad de aportaciones valiosas construidas con criterios científicos.
“Todas las decisiones quedan concentradas en la junta de gobierno, la agenda nacional científica quedará en manos de un grupo muy concentrado, no habrá diversidad de opiniones, no hay integración ni de las entidades federativas”, explicó Alma Maldonado.
La experta agregó que los Centros Públicos de Investigación perderán autonomía, lo que será un golpe fuerte a la diversidad de investigación. “Estos centros de investigación son un subconjunto muy importante en la investigación; con la nueva ley tendrán que ajustarse a lo que diga el Consejo sin dejarlos organizarse por su propia cuenta”.
El tercer punto es el retroceso en política de becas, posgrados, libertad académica y derechos de autor, mismos que se construyeron a través de distintas reformas a la ley actual y que habían representado un avance en la investigación mexicana que la equiparaba con la forma de hacer investigación de otros países.
La ley condicionará la entrega de becas de posgrado al presupuesto “conforme a la disponibilidad presupuestaria “, mediante los programas de universidades, instituciones de educación superior, dependencias y la Administración Pública Federal.
Y un punto más que pone en alerta a las investigadoras son los derechos de autor, ya que todas las obras y productos que resulten de una investigación financiada con recursos del Conacyt deberán pasar al Estado, de acuerdo al artículo 36 de la ley. “Las universidades terminarán trabajando para el Consejo, lo cual debería ser al revés, el Consejo debería trabajar para las universidades y la investigación”, añadió Valderrama.
Conacyt se transforma
Con la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados, uno de los elementos más discutidos en días recientes fue la “desaparición” del Conacyt. Sin embargo, la institución lanzó un comunicado en donde especificó que, con la aprobación de la ley, el Conacyt no desaparece, sino que se “fortalece”, y se reforma para dar paso al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conhacyt).
Para Maldonado, las atribuciones del Conhacyt serán las mismas, lo que cambiará es su nombre, no desaparecerá, como se afirmó antes. “El nuevo Conhacyt tendrá las mismas responsabilidades, que son básicamente encargarse del SNI, administrar las becas de posgrado y otorgar apoyos para investigaciones”.
Romero Hicks reiteró que lo sucedido fue un albazo legislativo y una “crónica de una oportunidad perdida”. “No sé cuál fue la prisa de aprobar la Ley General de Ciencia, trazamos una ruta y se incumplió, no se realizaron los parlamentos abiertos restantes, no se cumplió lo acordado, se violentaron reglamentos internos”.
El panista señaló que el proceso no ha terminado, y espera que los senadores revisen la ley y se puedan realizar los parlamentos restantes. “No ha concluido, esperemos que la Cámara revisora enmiende las imperfecciones múltiples que aprobaron los diputados con esta ley”.
Hasta el cierre de esta edición, el Senado de la República no convocó a la discusión para aprobar la Ley de Ciencia, debido a que senadores de oposición tomaron la tribuna en protesta por el rechazo a la designación de Ricardo Salgado Perrilliat como comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
