Mariana Botey, artista, curadora y quien dirige El espectro rojo, colectivo de artistas, artesanos, creadores y académicos que creó el Sistema de Integración Plástica para la Nueva Sede del Archivo General Agrario (AGA) —que define como un proyecto integral de museo federal, conformado por 16 piezas monumentales, una museología, un libro-catálogo con el proceso de conceptualización y la creación de las obras, así como un largometraje y un programa de arte para dos años— asegura que el artista Francisco “Taka” Fernández al chantajear y extorsionar ante la premura que había para la visita presidencial por el Archivo General Agrario, provocó que suspendieran la culminación de este gran proyecto museístico y “vulneró a cada uno de los 60 trabajadores que participamos”.
Hace dos semanas, el artista “Taka” Fernández denunció “despojo cultural” en lo referente al mural “Marcha campesina” por parte del Comité artístico del proyecto museístico para el AGA, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de CAV Diseño e Ingeniería SA de CV, quien obtuvo la licitación para la construcción, ejecución, equipamiento y museografía de la nueva sede del AGA, y quien subcontrató a los integrantes del colectivo El espectro rojo, representado por Mariana Botey, que defiende el Sistema de Integración Plástica para la nueva Sede del AGA, y quien a través de una entrevista con EL UNIVERSAL, da su versión de los hechos en torno a la polémica que protagoniza Fernández.
Botey afirma que “Taka” Fernández es tan sólo uno del grupo de 60 creadores que trabajan para el Sistema de Integración Plástica, en el que también están otros artistas como Dr. Lakra, Antonio Turok, Rafael Cázares, Ryan Wardwell, Delmar Penka, Luis Frías, además de talleres de artesanos como las Hormigas bordadoras de Tenivet y el colectivo Milpa Urbana, también de bordadoras, así como maestros mosaiqueros, carpinteros y talladores en caoba, entre muchos más.
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En un desplegado firmado por Mariana Botey, en representación del Comité Artístico y el Colectivo Artístico del Sistema de Integración Plástica para la nueva sede del Archivo General Agrario, enviado a EL UNIVERSAL, señala: “Nos parece irónico, y en múltiples niveles perverso, ver como el señor Fernández insiste en llamar despojo al proceso de trabajo colectivo de un amplio grupo de creadores e investigadores que han venido trabajando intensamente de manera coordinada bajo principios de retro-alimentación, articulación y sincronización de formas de producción de arte que exceden todos los ya desgastados modos tradicionales de concebir la producción creativa como un acto aislado de un artista ´trascendente´ que, aislado y encerrado en su estudio, logra abarcar por si solo y sin ningún ejercicio de investigación, estudio o interacción con la realidad social o con los referentes históricos y vivos de los agentes y vivencias a los que pretende representar en su trabajo”.
Botey, quien afirma ser la curadora en Jefe del Contrato de Obra Pública firmado con CAV, dice en entrevista que ella es quien tiene la comisión de la obra del AGA y que a Fernández se le encargó una obra específica: “con un título, un tema, una determinación, una composición, una selección iconográfica, un estilo, materiales, dimensiones y un guión conceptual e investigación, un mural que no se consideraba una pieza individual, sino parte de un Sistema”.
Dice que incluso desconocen como parte del Sistema de Integración Plástica la versión final del mural, “desconozco la autoría absoluta del señor Fernández de su mural y también el colectivo desconoce al señor Fernández como parte del colectivo y nos preocupa que ha vulnerado muchísimo la posibilidad de llevar a cabo este proyecto, la posibilidad de cumplir con los derechos laborales y creativos de todo el colectivo”.
Botey niega también que todo el proyecto sea por casi 50 millones de pesos, según una licitación de CAV con la Sedatu. Incluso apunta que es muy triste el recorte presupuestal al proyecto, aunque entiende la austeridad repúblicana, cuando la nueva sede del Archivo tiene una inversión millonaria. “Es tristísimo, pero yo qué quiere que le diga, realmente no lo hacemos por dinero, ni por gloria individual, lo hacemos porque creemos que el Archivo Agrario es el dique que detiene la destrucción de la tierra, de las formas sociales de nuestra historia” y en esa nueva propiedad social construyeron un Sistema de Integración Plástica comunal, de autoría colectiva.
“Ha sido un gran esfuerzo, con un contrato suspendido que representa menos del 1% del presupuesto de la inversión total, y que no se nos ha cubierto. Cuando el señor “Taka” dice que a él no le pagaron, la realidad es que él fue el único que estaba pagado completamente, creo que de hecho ya le pagaron doble en detrimento y vulnerando el resto del proyecto y los colaboradores”, dice la curadora.
Botey reconoce que ella registró como coautora ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) la obra mural comisionada a “Taka” Fernández, como lo hizo con casi todas las obras piezas artísticas. “En realidad la persona que tiene una licitación y un contrato con una cláusula de propiedad intelectual y creativa soy yo, nadie más. Registré porque la constructora hizo subcontratos del contrato, sin cláusulas. Cuando yo me di cuenta me pareció muy importante meter un primer registro de todas las 16 obras, muchas monumentales, para proteger a la gente, porque ellos tenían contratos de obra, es decir como de proveedor de ladrillos. Eso me pareció terrible, es la manera en que las constructoras trabajan y entonces se hizo un registro colectivo, igualitario. Tenía que aparecer mi nombre porque yo era la que tenía una protección intelectual”.
Cuenta también sobre los cortes de presupuesto que se les hicieron, “nosotros subimos los alcances del proyecto a 300 mientras por razones más allá de lo que yo le puedo explicar nos iban reduciendo a 50 el presupuesto”, señala Botey, quien también reconcoe que El espectro rojo no tiene ninguna figura legal ni constitutiva.
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“Hasta este momento ha sido un proceso de confianza, hemos hecho varias piezas juntos. El espectro rojo es de alguna manera el agente que utilizamos para este tipo de proyectos, es como una marca de un colectivo que hace este tipo de trabajos que implican investigación, producción de teoría, textos, mosaicos textiles, películas, piezas de música, pinturas murales, intervenciones conceptuales y crítica institucional”. Así han hecho proyectos desde hace 20 años.
“No somos una compañía, no somos una agencia comercial, ni siquiera somos un colectivo artístico, nosotros le llamamos una agencia de teoría crítica. Somos una agencia de teoría crítica que hace arte”, afirma Botey.
Defiende con ahínco el proyecto Sistema de Integración Plástica para la nueva sede del AGA, “humildemente consideramos que es innovador, relevante y valioso, que hay 16 obras de arte, todas de gran valor y que hay la posibilidad de construir este espacio nuevo de Cultura basado en los principios de la revolución agraria. Pero en este momento todo está vulnerado y atacado, los proyectos no se pueden terminar, a la gente no se puede pagar, estamos destituidos, aunque no sea legal o real, pero sí en términos mediáticos. Todo el equipo que represento está muy vulnerado y mi mayor preocupación es que todo el esfuerzo y trabajo de este colectivo de 60 personas, donde además había un intento verdadero de diversidad y de representación del gran arte de los artistas populares con sus nombres y sus talleres y su gente y en igualdad creativa con lo que llamaríamos el circuito de lo que se considera el arte de vanguardia, todo esto está vulnerado y en riesgo de ser destruido por las acciones egoístas, narcisistas de un individuo que además creemos que estaba motivado por intereses económicos”.