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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón, eligió a una empresa vinculada con los amigos de Andrés López Beltrán por encima de otras compañías que hicieron propuestas más económicas para diseñar el Nuevo Archivo General Agrario (AGA) que se construye en Av. Juárez 92, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
La información pública de la licitación LO-015000999-E386-2022 muestra que la Sedatu privilegió el ofrecimiento de 56 millones de pesos que presentó la empresa Organismo Promotor Logístico, S.A. de C.V. (OPL) en participación con Sacmag de México, S.A. de C.V. La primera compañía tiene entre sus accionistas, representantes legales y administrativos a personajes conectados al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario reconoció que sí hay un vínculo de amistad con su familia en la conferencia del 4 de mayo de 2023.
“Mis hijos no tienen nada qué ver, mis hijos no son corruptos”, dijo entonces el Presidente sobre la relación de su segundo hijo con la empresa que se consolidó en 2014 en Culiacán, Sinaloa, y que fue adquirida por los allegados a López Beltrán en octubre de 2016, según consta en las actas del Registro Público del Comercio (RPC).
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Esta empresa, según su objeto social, ofrece una amplia diversidad de servicios: todo lo vinculado a la industria alimenticia, manufacturera y de comercio, así como el fomento de industrias en los sectores de agricultura, ganadería y pesca está en su campo. Su expertise abarca también la realización de “todo tipo de proyectos para la industria de la construcción” y, al mismo tiempo, puede ser comisionista, agente o intermediario de cualquier negocio o bien, prestar servicios de ventas, publicidad y mercadotecnia.
Su socio, Sacmag de México se ha consolidado como una de las contratistas que la Sedatu ha utilizado en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Además participó en servicios vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que fue cancelado en este sexenio.
Aunque los contrincantes de estas dos empresas asociadas ofrecieron proyectos con un costo inferior durante la licitación de marzo de 2022, fueron descartados desde la etapa de análisis y dictamen de los documentos legales.
La Sedatu rechazó la idea de Tectonika Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. que junto con Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V. valuó el “desarrollo y elaboración de proyecto conceptual y ejecutivo para la construcción del edificio de servicios federales con atención ciudadana” en 17.3 millones. Esta empresa está especializada en diseñar proyectos arquitectónicos para inmuebles de vivienda, hospitalarios, restaurantes, oficinas y de los sectores público y privado desde 1993. El argumento para eliminarla fue que el formato que muestra una opinión positiva del Infonavit “no contiene código QR para su validación”.
La situación es parecida a lo que ocurrió con la oferta de Estudio PI S.C., que junto con Afility Internacional S.A. de C.V., ofreció un proyecto de 18 millones, pero la Sedatu definió que “no cumplía con todos los documentos legales” porque le faltaban los documentos vigentes que acreditaban su cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, el de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y el de obligaciones ante el Infonavit. Estudio PI es una empresa fundada en 2001, con especialidad en arquitectura y diseño; han realizado proyectos de diseño urbano, paisajístico y arquitectónico en México y otros países.
Tras ser desestimadas, la única opción considerada fue la de Organismo Promotor Logístico, que finalmente fue la encargada de realizar el diseño arquitectónico que se ideó para el AGA, así como todos los componentes de la obra: cálculos estructurales, especificaciones técnicas, cronogramas de construcción, entre otros. Es decir, cómo se verá estéticamente el inmueble e instrucciones para llevarlo a cabo.
El proyecto arquitectónico diseñado por los amigos del hijo del Presidente se construye en un predio que era de la Ciudad de México, pero que el gobierno federal decidió ocupar para resguardar el segundo archivo más importante del país. El AGA contiene toda la historia de la propiedad social de México. Este archivo, a cargo de Pedro Salmerón, nació con la expedición de la Ley Agraria de 1915 y resguarda más de 45 mil metros lineales y 400 mil planos de este legado: unos 171 millones de documentos.
Los recursos asignados a todo el proyecto superan los 2 mil millones de pesos, según los contratos obtenidos vía transparencia. El dinero es otorgado por medio del Programa de Mejoramiento Urbano, enfocado en realizar obra pública para reducir el rezago urbano y social de los municipios más vulnerables del país.
“Estamos haciendo un edificio muy bello. Estamos saliendo de los cimientos, pero aquí en el Centro va a quedar ese archivo. (...) Vamos a terminarlo casi al final del gobierno”, dijo el Presidente en su conferencia del 17 de agosto de 2023.
El trabajo diseñado por OPL sigue la tendencia arquitectónica por la que ha apostado la Sedatu en todo el país: edificios modernos, estéticamente bellos. En este caso, el inmueble que tendrá dos sótanos que albergarán el archivo compuesto por miles de documentos históricos y otros ocho niveles que servirán de oficinas, una cafetería y un museo. Además un jardín botánico repartido en cada uno de sus pisos. Se solicitó entrevista a los integrantes de la empresa Organismo Promotor Logístico a través del correo electrónico y los teléfonos que brindaron en su postulación a la licitación, sin que al cierre de esta edición hayan aceptado.
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La selección binaria
La Secretaría eligió evaluar las proposiciones por medio del sistema binario, el cual califica el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en una licitación; se palomea si la empresa cumple con la entrega de los requisitos, pero no se analiza el fondo de la propuesta.
“La utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio”, establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios detalla que se usará cuando las dependencias contraten servicios de los que no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tal fin o cuando los trabajos sean de una magnitud que justifique la conveniencia de aplicar este mecanismo. En el expediente de la licitación, disponible en Compranet, no se encontró la justificación detallada de la decisión, lo cual es un requisito.
“El sistema binario es un mecanismo excepcional y no es intrínsecamente bueno o malo, depende de cómo se utilice. En este caso, el uso de la figura es inusual y el resultado muestra una brecha muy grande entre los oferentes. Si esas dos condiciones no se dieran, no se cuestionaría su uso. En este caso produce un efecto que es contrario al 134 Constitucional”, explica Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización especializada en la rendición de cuentas. El artículo 134 establece que los recursos económicos de la Federación deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Al tiempo de la firma del contrato SEDATU-SOP-013-512-2022, la legislación establecía que el sistema binario sólo debía usarse en obras de un monto máximo presupuestado que no exceda el valor de 10 mil veces el salario mínimo vigente (51.8 millones de pesos, al valor de 2022).
Como ocurrió con la evaluación de los documentos legales, la dependencia desechó también las propuestas económicas y técnicas de los otros participantes; en esos rubros declaró que la única que cumplía con todo era OPL, pese al costo más bajo propuesto por sus contrincantes.
La empresa Organismo Promotor Logístico, S.A. de C.V. estuvo representada por Raúl Buentello Carbonell durante el proceso de licitación y la firma de contrato con la Sedatu; fue accionista desde 2016 junto a Miguel Ángel Escobar Acosta, según la información disponible en el Registro Público del Comercio. Un acta de febrero de 2022, protocolizada ante notario y entregada por Raúl Buentello para esta investigación, acredita que ambos vendieron sus acciones a las empresas Denari Holdings y SP ARkonsoulting, la primera representada por Carlos Buentello Carbonell, su hermano, y la segunda por José María Antón.
Los convenios modificatorios al contrato y los planos de la obra, obtenidos vía transparencia, muestran a Carlos Buentello también como representante de OPL. Según han reportado Latinus y MCCI, Carlos está ligado a otras empresas contratadas por el gobierno federal que han sido relacionadas con cercanos a Andrés López Beltrán. De acuerdo con estas publicaciones, Carlos y Raúl son hermanos de Hugo, exfuncionario implicado en la trama de corrupción de Segalmex y accionista de la empresa dueña de la marca “Grava y Arena”.
Ante la pregunta expresa de si mantiene una relación de amistad con López Beltrán, Raúl Buentello respondió: “A esa persona no la conozco, ni he tenido relación alguna de amistad o de trabajo”.
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Un daño, contratar la más barata
La Sedatu entregó una ficha informativa en la que explicó que desechó las propuestas tanto de Tectónika Proyectos y construcciones como de Estudio PI por incumplir los requisitos de la convocatoria y por no contar con la capacidad y experiencia técnica requerida.
“Por lo tanto, la única empresa que cumplió en su totalidad con los requisitos legales, técnicos y económicos y que presentó una propuesta solvente fue Organismo Promotor Logístico S.A. de C.V. en participación conjunta con SACMAG de México, S.A. de C.V.”, detalló la Dirección General de Comunicación Social. Agregó que “contratar a cualquiera de las otras empresas que no tenían capacidad financiera y ofertaban un importe menor, representaba un daño o perjuicio a la hacienda pública”.
melc
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