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El sexenio de Enrique Peña Nieto consiguió, en diciembre de 2015, uno de los logros más importantes de los últimos años en materia cultural: la creación de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, la administración concluye ante un visible hartazgo de la comunidad cultural y una percepción generalizada de que las instituciones culturales no atendieron las demandas más urgentes del sector y se mantuvieron lejanas al gremio que hoy, ante el cambio de gobierno, reclama ser escuchado y demanda más presupuesto, apoyos y mejores condiciones que fomenten la creación y la economía creativa.
El especialista en políticas culturales Eduardo Cruz Vázquez realizó un documento en el que brinda datos duros que revelan, entre otras cosas, cómo en los últimos años fue decreciendo el presupuesto cultural. La presente administración inició con un monto de 12 mil 723 millones y lo concluye en 11 mil 716 millones. La diferencia, en apariencia, parece menor. Sin embargo, el sexenio de Felipe Calderón cerró en 16 mil 663 millones, incluido el monto de los “etiquetados”. El recorte se ha dado de manera paulatina y constante desde 2012 y ha significado 4 mil 947 millones de pesos menos en seis años. Esa merma es una de las razones que ha dado pie al reclamo generalizado del sector por falta de recursos.
En la presente administración se expidió, en junio del año pasado, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que regula el derecho a la cultura que tiene toda persona. Una conquista que fue calificada como un paso relevante para consolidar el marco jurídico y que se leyó como el resultado del compromiso del Poder Legislativo con el desarrollo de este sector. Pero también generó controversias por sus deficiencias, como no garantizar un presupuesto más acorde con las necesidades del sector y porque de 100 artículos que se propusieron quedaron sólo 42. Y a más de año y medio de su expedición, el Ejecutivo no ha publicado las disposiciones reglamentarias necesarias para su debida ejecución.
Para artistas, creadores, gestores, promotores, investigadores, docentes, trabajadores, para la comunidad cultural, los últimos seis años han estado marcados por un abandono generalizado, por recortes al presupuesto, falta de apoyos, pocas oportunidades laborales, condiciones de trabajo sin prestaciones básicas, como aguinaldo y vacaciones, manejo discrecional de recursos, entre muchas otras deficiencias que competen no sólo al gobierno federal, también a los estatales, municipales y a al Poder Legislativo, que en las últimas legislaturas no ha podido dar salida a viejos reclamos, como la seguridad social.
Un coro de reclamos. El equipo de Transición del área cultural del siguiente gobierno convocó hace dos meses a mesas de diálogo con la comunidad cultural. Durante octubre y noviembre se han llevado a cabo más de 15 encuentros para discutir temas como danza, cine, economía cultural, teatro, museos, letras, industrias editoriales, género, cultura para jóvenes, música, entre otros. Más allá de convertirse en una herramienta para la realización de políticas culturales, los encuentros ha fungido como un termómetro del estado en el que termina este sexenio en materia cultural.
“Estas mesas parece que están midiendo la candente situación en la que está el país en términos culturales. Se han reunido propuestas, sugerencias, pero también reclamos y estamos de ánimo. Se han reflejado miles de necesidades pese a que el formato no permite realmente profundizar, pero están dando luz sobre las cosas que se tienen que componer, transformar y rectificar. A nosotros nos han llamado la atención la parte que implican los derechos culturales y la inclusión, así como la figura del artista, porque sólo hemos sido los convidados de piedra, las figuras decorativas”, dicen Marisa Lara y Arturo Guerrero, Siameses Company.
Para Héctor Garay, gestor y promotor de danza, el estado de abandono parece tan grande que las expectativas que ha generado el próximo gobierno son muy grandes. “Estamos ante la posibilidad de un cambio o de una grandísima decepción. Si queremos que ocurra lo primero, el sector está obligado a ser mucho más participativo”, sostiene.
El compositor Eduardo Soto Millán destaca el interés que tiene la comunidad cultural en participar en las políticas culturales, así como el reclamo de dignificar la figura del artista. “Hay más confianza y por lo tanto mayor interés por participar. Tenemos que comprender que hubo cosas en el pasado que funcionaron pero ya no y se deben cambiar. Hay complejidades a nivel institucional, sin duda, pero no son imposibles de modificar. Y hay muchos temas muy inquietantes, como el presupuesto, los derechos de autor, las prestaciones para los artistas, entre muchas otras cosas”.
La muerte de Tovar y el factor sismo. El 10 de diciembre de 2016 murió Rafael Tovar y de Teresa, quien fue nombrado por tercera ocasión en la historia como el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su designación, para muchos, significó un gran acierto por tratarse de una de las figuras claves de la política cultural de los últimos 30 años; para otros fue un símbolo de continuidad y retroceso. Bajo su administración se consolidó la creación de la Secretaría de Cultura, objetivo discutido y anhelado por años. Tovar se convirtió en el primer secretario de la historia.
“Creo que Tovar retomó el Conaculta por tercera vez y creo que no lo hizo con entusiasmo. Después vino todo el tema de su salud que terminó en su muerte. Sin duda hablamos de la pérdida de un hombre brillante, pero también hablamos del cierre de tres décadas de dominio de una política cultural que inició con Carlos Salinas y que termina con Enrique Peña Nieto”, sostiene Eduardo Cruz.
Tras la muerte de Tovar y de Teresa fue nombrada María Cristina García Cepeda, quien tuvo que concretar todo el proyecto de Secretaría de Cultura que había iniciado su antecesor. Tras la pérdida, la designación de un nuevo equipo y el reacomodo de la administración cultural ocurrieron nueve meses después dos terremotos, cuyos daños significaron uno de los retos más grandes del sexenio.
Los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 dañaron 2 mil 221 inmuebles patrimoniales y para junio pasado se restauraron 278 bienes culturales. La recuperación del patrimonio, por la magnitud del daño y por las tareas de especialización, se extenderá hasta el segundo semestre de 2020. Aunque hay especialistas en restauración e ingeniería que apuntan a que el plazo podría tener un mayor margen, de años incluso.
La respuesta de la administración cultural ante la tragedia ha tenido diversas lecturas que, nuevamente, apuntan en dos sentidos, la primera señala que fue positiva porque no sólo todo estaba asegurado, también porque en México existen herramientas financieras ante el desastre, como el Fonden; pero también se ha señalado la necesidad de reforzar el equipo especializado en restauración.
La atención inicial, la valoración del daño, la realización de diagnósticos, obtener recursos y negociar con las aseguradoras implicaron trabajos que concentraron los esfuerzos de una naciente secretaría. Para Eduardo Cruz, este factor, sumado a una crisis de gobernabilidad a nivel federal, a las denuncias de corrupción y a la violencia que azotaron al país, así como a la alta expectativa que generó la figura de Tovar al frente de la institución y al vacio que hubo tras su muerte, y el recorte presupuestal, dio como resultado un sentimiento generalizado de abandono.
Marisa Lara, Eduardo Soto Millán y Héctor Garay coinciden en que la comunidad desea que su voz sea escuchada y están buscando tener una mayor participación en la toma de decisiones y la construcción de políticas culturales. Uno de los caminos para conseguirlo será, coinciden, la unión de la comunidad.
Una prueba de ello la está dando el Colectivo de Profesionales para el Desarrollo de la Danza, integrado por promotores, coreógrafos, docentes, bailarines, investigadores y gestores de la danza que entregará mañana en la casa de transición del presidente electo su Plan de Desarrollo.
