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El despojo cultural cometido al artista Taka Fernández por su proyecto para el Archivo General Agrario (AGA) no sólo fue a su mural de 77 metros cuadrados "Marcha campesina", sino también a un conjunto de diez esculturas titulado Animales místicos mesoamericanos. Estas piezas fueron extraídas sin autorización el pasado viernes de un almacén en Cuernavaca, mientras el artista protestaba en la Ciudad de México en contra de lo que él define como un acto de “caciquismo cultural”, pues el mural fue registrado como “coautoría” por la titular del Comité Artístico del edificio del AGA, Mariana Razo Botey, aunque no participó en la creación de la obra, según lo afirma el propio artista y su equipo legal.
Animales místicos mesoamericanos también está incluida en la acción legal que emprendió Fernández contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de CAV Diseño e Ingeniería SA de CV, quien tiene la licitación para la construcción, ejecución, equipamiento y museografía de la nueva sede del AGA. El conjunto también fue registrado por Razo Botey, a espaldas del creador, ante Indautor como “colección de obras”, sin embargo esto no le da derecho de transportarlas, almacenarlas ni exhibirlas, afirma el abogado del artista, Luis Javier Mondragón. La acción de llevarse las esculturas, en medio del proceso legal y aún cuando no se ha terminado de liquidar el pago del proyecto, podría tratarse de un delito, señala el abogado. Además, en el proyecto de la apropiación de las esculturas también se ve afectada Jimena Fernández, diseñadora de vestuario y productora ejecutante de las esculturas y de cinco cadenas de conos de 33 metros, porque posee los derechos patrimoniales y de reproducción exclusivos sobre las esculturas, lo que implica que cualquier uso sin su consentimiento es ilegal.
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El representante legal de los artistas señala que CAV ya fue informado de la situación de las esculturas. Tras esta situación y la protesta, la empresa constructora planteó una posible reunión técnica con los afectados para hoy lunes, aunque quedó pendiente la confirmación. En este encuentro habría la posibilidad de que participara la Sedatu, dependencia que hasta ahora no se ha comunicado con los afectados ni ha expresado postura alguna.
Ante la situación, los artistas sólo plantean cuatro peticiones a las autoridades, que comparten en entrevista con EL UNIVERSAL. La primera, es la destitución del Comité artístico del proyecto, liderado por Mariana Razo Botey, por apropiación indebida de derechos, junto con una disculpa pública. “Es una de las soluciones inmediatas, ellos (el Comité) no han comprendido o no tienen el profesionalismo para un proyecto de esta envergadura. O hay una profunda ignorancia o un profundo dolo”, dice Mondragón sobre el proceder de la titular del Comité.
La segunda petición es cubrir con los pagos totales a los artistas, trabajadores y proveedores involucrados en la creación de las obras. La tercera petición es un arbitraje ante autoridades competentes, como podría ser Indautor, para evaluar el avalúo de las piezas, daños y perjuicios, y garantizar nuevos contratos porque los actuales presentan irregularidades.
La última petición es una reunión técnica para coordinar el traslado de las obras y asegurar el respeto a los derechos de los artistas, la cual podría llevarse a cabo hoy.
Los artistas, quienes sostienen son partidarios de la Cuarta Transformación, señalan que no se trata de un pleito contra las instituciones ni el gobierno, sino es un problema con Razo Botey. Es por eso que también presentaron una petición pública de intervención al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Confiamos en la legalidad y confiamos plenamente en que las autoridades de la 4T actúen como han actuado en el sexenio, es decir resolviendo casos que van en contra del patrimonio de los creadores (…). Confiamos que a través de una intervención del Ejecutivo federal, tengamos una resolución veloz”, declara Mondragón.
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También acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues “los derechos de autor son un derecho humano”, sostiene Mondragón. De ellos ya tuvieron respuesta de una visitaduría y esperan se emita una recomendación y ayuden a establecer medidas cautelares y de acompañamiento. “Presumimos que se investigue como una violación de derechos humanos. Queremos que se dimensione la violación de derechos humanos que se cometió”, señala el abogado.
Los artistas aseguran estar abiertos al diálogo y a una pronta solución, pues más que cobrar la paga por su trabajo y además de defender su propiedad intelectual, desean que el propósito de hacer arte público se cumpla, que el mural y las esculturas sean públicos y se exhiban. “El contenido del mural y lo que significa no nos da espacio a doblarnos. (…) Fue concebido como obra pública y queremos que se exhiba, pero no a costa de los derechos de Taka Fernández ni en contra de los derechos laborales de los partícipes de las obras”, afirma el representante legal.
