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A un año de los sismos de septiembre que afectaron a 2 mil 340 inmuebles patrimoniales, entre edificaciones religiosas y civiles, museos y zonas arqueológicas, y 5 mil 789 bienes muebles en 11 estados, los desafíos que enfrentan instituciones culturales aún son grandes y urgentes.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que la restauración podría no concluir en 2020, como ha estimado la Secretaría de Cultura, y que las instituciones culturales no han sido capaces de informar a la sociedad con claridad sobre el estado de cada uno de los inmuebles. Coinciden en que existe una gran burocratización para conseguir los recursos necesarios; advierten que en las zonas en donde las propias comunidades han intervenido los inmubles no se está garantizando la seguridad estructural y lamentan que existieron empresas que, ante la magnitud del daño, retiraron la ayuda que habían ofrecido.
En diciembre pasado se creó un Comité Ciudadano a iniciativa de la Secretaría de Cultura para garantizar la continuidad y transparencia de las obras de restauración, integrado por el escritor y analista político Federico Reyes Heroles, el ingeniero civil Roberto Meli, los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha, y el antropólogo Bolffy Cottom.
De acuerdo con la dependencia, desde entonces se han hecho sesiones bimestrales en las que se les mantiene al tanto de los avances detallados en materia de restauración, los apoyos recibidos y los retos enfrentados en las diferentes etapas.
Los informes son proporcionados por Monumentos Históricos, Conservación del Patrimonio y de Centros INAH; el INBA con sus áreas de Arquitectura y Conservación; la Dirección General de Sitios de Monumentos; la Oficialía Mayor y la Oficina de Sismos.
De este Comité, detalló la Secretaría a través de una ficha informativa, surgió la idea de hacer el libro Sismos y patrimonio cultural, de próxima publicación, que reúne la visión y el análisis de especialistas como Roberto Meli, Alejandro Aravena, Xavier Cortés, Federico Reyes Heroles, Francisco Serrano, Bolfy Cottom, Mónica Lavín, entre otros, dirigido al público en general y que servirá para la formación de estudiantes, académicos e interesados en el tema.
Con base en esta experiencia y con el acceso a la información de primera mano, Meli y Cottom comparten sus reflexiones.
“La gran enseñanza es que tenemos un burocratismo exacerbado, por ejemplo hay un apego a la Ley de Obra Pública para la asignación de contratos de obra de restauración. A esto hay que agregar que, a un año, hay mucha gente en los estados que en este momento no tiene certidumbre sobre lo que pasará con sus bienes culturales, es decir, para la autoridad está claro que ya hay recursos para que se restauren pero las autoridades no han tenido la capacidad, en todos los casos, para dar información, para mantenerse cercanas, para dar seguimiento y hacer un acompañamiento con los pueblos, comunidades y organizaciones sociales”, aseguró Bolfy Cottom.
El especialista en legislación cultural indicó que también hay desafíos jurídicos, como impactar en la Ley de Obra Pública y en la normatividad que rige al Fonden. “El trato no puede ser el mismo para los bienes culturales que para las obras civiles debido a su complejidad. Con Protección Civil también tiene que haber acuerdos muy específicos para criterios, por ejemplo, de demolición. Y otro asunto es la formación de profesionales en las distintas disciplinas que intervienen en estos temas”, explicó.
Plazos y mayor seguridad. Roberto Meli, investigador emérito por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que si bien hubo avances en cuanto a conseguir los recursos necesarios —que siguen en 12 mil millones de pesos— la reconstrucción del patrimonio podría llevar más de dos años: “Siguen con la idea de terminar en 2020, yo no estaría tan seguro de la fecha, pero sé que están haciendo el esfuerzo”, comentó.
Meli fue uno de los primeros en advertir que era necesario garantizar la seguridad estructural de los inmuebles. A un año, dice, se ha avanzado al respecto y ya existe disposición de las autoridades para que se tome en cuenta el tema en los planes de restauración, pero advirtió que en provincia hay casos en donde se está haciendo la reconstrucción con los criterios de dejar el inmueble como estaba antes del sismo. “Se han hecho esfuerzos, pero no se está logrando en todos los casos, porque las obras están en manos de gente local”.
Graciela Mota, presidenta del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) de la UNESCO, coincidió con Cottom en la necesidad de revisar los procesos burocráticos para la recaudación de recursos, y la urgencia de que las distintas instituciones gubernamentales y civiles unan esfuerzos con la capacidad de convocar a empresas y universidades. “Se trata de evitar el agobio y la parálisis; en cualquier momento puede volver a temblar y es importante que todos sepamos lo que tenemos que hacer, porque ahora cometimos los mismos errores de 1985. Necesitamos involucrar a todos y generar nuevos espacios de profesionalización”.
Añadió: “En plena crisis, por ejemplo, Grupo Carso, que había apoyado con andamios, se retiró, vio que le iba a salir muy caro, que no iban a estar sólo por cuestión de semanas y esto obligó a que le entraran empresas que no tenían idea de lo que es un templo; en varios casos no hubo dinero para pagar proyectos de restauración. Todo ha sido tan complejo y no hay que estarnos peleando, tenemos que ver cómo todos podemos jalar juntos. Con el INAH estamos por firmar un convenio de colaboración, no más pleitos”.
Otra idea que se derivó del Comité fue la creación de una página, que debió darse a conocer en febrero, en donde se informaría el estado de cada inmueble, acompañado de videos y de fotos, así como detalles de la recaudación de recursos.
La Secretaría de Cultura dio a conocer hace unos días, a propósito del Sexto Informe de Gobierno, el sitio https://restauracionpatrimonio.cultura.gob.mx, en el que se brindan datos generales de los avances de reconstrucción y da ejemplos de inmuebles restaurados o en proceso. Sin embargo, estos datos no abarcan la totalidad del universo afectado.
Para las autoridades culturales el avance se ha dado conforme al “Plan Maestro” que diseñaron y que está en su etapa 2, que consiste en la conclusión de los trabajos con daños menores y una buena parte de los moderados, y elaboración de propuestas de intervención para todos los inmuebles afectados. Además, según el INAH, hay avance de hasta 96% en la gestión de los recursos de la Póliza del Seguro (Banorte).
