Trabajadores de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denuncian la petición de someterse a un concurso de licitación para hacer válido su contrato, así como la solicitud de fianzas.
Los trabajadores convocaron a una reunión informativa de forma virtual, en la que, además de tratar los inconvenientes de pertenecer al Capítulo 3000, que es una modalidad sujeta a trámites muy lentos y que no permite derechos laborales, se expusieron las irregularidades de las nuevas disposiciones.
En esa asamblea se discutieron problemas de contratación de Salvamento Arqueológico (investigadores adheridos al Capítulo 3000) y el atraso de pagos.
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“En 2021 se nos avisó que teníamos que darnos de alta en la plataforma de Hacienda, Compranet, para concursar licitaciones, un proceso de contratación mucho más burocrático que ya se empezó a aplicar este año. Cuando ya somos contratados, se nos está pidiendo una fianza del 10% por adelantado, del monto total de los sueldos por el tiempo que dure el proyecto”, explicó un prestador de servicio del INAH que prefirió guardar el anonimato.
“La fianza no es un requisito del INAH, es un requisito de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El INAH se lava las manos, pero los trabajos de investigación arqueológica son una obligación del Estado, no pueden etiquetarse como si fueran particulares, eso lo dice la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos”, reiteró el trabajador.
Cuando se realizan obras públicas o privadas de infraestructura en territorio nacional se tiene que hacer un proyecto de investigación arqueológica, lo cual implica diferentes mecanismos de contratación.
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“Una constructora, por ejemplo, está obligada a poner el presupuesto del proyecto de investigación arqueológica, el problema es cómo entra ese dinero depositado al INAH. Hay proyectos que son por convenio en especie y las empresas contratan a los arqueólogos de manera directa. Eso facilita administrativamente los pagos; pero hay otra modalidad donde la empresa deposita directamente el dinero a la cuenta del INAH, y cae en una serie de laberintos presupuestales. El dinero se atrasa o hay que meter comprobantes que justifiquen ese trabajo”, precisó.
Si la constructora tiene una licitación pública, explicó, con un tiempo de inicio y término, no se puede detener por el INAH y debe empezar a trabajar; en lo que se arregla el papeleo pueden pasar dos o tres meses, es el problema esencial. “La situación se agrava porque en la estructura del INAH se sigue contratando a investigadores por capítulo 3000”.
