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antonio.diaz@clabsa.com.mx
En la Ciudad de México hay zonas de Monumentos Históricos, declaradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Una de esas zonas, en la alcaldía Álvaro Obregón, se caracteriza por abarcar 1.7 kilómetros cuadrados, en parte de las colonias San Ángel Inn y San Ángel.
Sin embargo, San Ángel es un caso particular porque desde el 5 de agosto de 2010 fue declarada como Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México, durante la administración de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.
La declaratoria local abarca 16 hectáreas e incluye a las colonias Tlacopac, San Ángel y San Ángel Inn; en ellas se deben seguir normativas de construcción estipuladas por diferentes instancias, como las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, así como normativas del INAH.
Las normativas no se han seguido, tanto que actualmente hay terrenos con estructuras de construcciones, pero que han sido clausuradas.
“Durante la administración pasada se protegieron y continuaron con obras irregulares. Yo denuncié desde antes de que comenzaran a escarbar, pero nadie me hizo caso y la omisión también significa culpa, por lo tanto son culpables desde Miguel Ángel Mancera, anterior Jefe de Gobierno; Leonel Luna, anterior delegado de Álvaro Obregón; Meyer Klip, exdirector del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)”, asegura en entrevista Susana Kanahuati.
En una reunión, recuerda la habitante de San Ángel, Klip les dijo que no podía parar una obra hasta que no superara los 14 metros de altura.
“Es decir, hubo funcionarios que hicieron omisiones que desembocaron en una corrupción inmobiliaria, pero no sólo eso, también es lavado de dinero”, sostiene la coordinadora vecinal.
Kanahuati no solamente señala a funcionarios, también dice que en las construcciones irregulares están involucrados algunos vecinos.
Además de las secretarías de la Ciudad de México, Susana Kanahuati agrega que entre las instituciones culpables también está la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), pero reconoce que quien sí ha realizado su trabajo es el INAH.
Manuel Villarruel, director de Licencias e inspecciones del INAH, indica que el Instituto tiene normativas con las que buscan que las alturas, volumetría e incluso el diseño de fachadas “sean armónicos” con los monumentos históricos colindantes o cercanos de la zona.
“Para cada proyecto en San Ángel, como en todas las zonas de monumentos, se hace una evaluación particular, para determinar alturas máximas, de acuerdo a las arquitecturas del contexto”, sostiene el funcionario.
La estructura oxidada. En la esquina de Insurgentes Sur y la Calle Desierto de los Leones está el esqueleto de lo que iba a ser una torre de más de 20 pisos de alto, que comenzó a crearse desde 2014.
Cinco años después, la estructura metálica de Insurgentes Sur 2021 continúa sin trabajos, sólo con sellos de clausura, mientras que el metal comienza a lucir un notable desgaste.
En este caso, Villarruel explica que el INAH es competente cuando las obras se realicen en una Zona Federal de Monumentos, cuando se lleven a cabo dentro de un Monumento Histórico o bien cuando las obras se hagan colindantes a un monumento.
“Puede haber casos en los que apliquen las tres condiciones, pero con que exista sólo una condición, el INAH ya es competente”, afirma el arquitecto Manuel Villarruel.
El caso de Insurgentes Sur 2021, señala el funcionario, le compete al INAH porque está dentro de una Zona de Monumentos: “En 2014, los propietarios ingresaron una solicitud para demoler o liberar una construcción sin valor histórico ni arquitectónico, por lo que el Instituto les entregó una autorización. Sin embargo, no tenían permitido construir”.
Villarruel sostiene que el “escenario objetivo” es derribar el esqueleto de la construcción, aunque primero se le pidió a los dueños que suspendieran las obras y que hicieran la regulación del procedimiento.
“Nada de eso sucedió, incluso el Instituto en cuatro ocasiones distintas colocó los sellos de suspensión, pero fueron violados. En 2016, los dueños solicitaron la autorización para la construcción de un edificio, presentaron un proyecto, pero se negó la autorización porque no era viable para la conservación de los monumentos históricos y valores patrimoniales”, indica el arquitecto.
A pesar de la negativa del INAH, los trabajos en Insurgentes Sur 2021 continuaron, pero ahora están suspendidos y la obra se encuentra en un litigio legal.
Otros casos. Además de Insurgentes Sur 2021, hay otros lotes con irregularidades: Reforma 2, Altavista 32, Altavista 147, Avenida Revolución 1734, Cracovia 62 y Altavista 144.
En el terreno de Cracovia 62, dice Susana Kanahuati, los dueños planteaban la construcción de un hotel de 24 metros de altura, contrario a que en la zona sólo se permiten nueve metros, además de que no está permitido un negocio con esas características. “Es decir, violan el uso de suelo y la altura en una zona federal”.
La coordinadora del Comité Vecinal de San Ángel agrega otro caso, que es el del inmueble ubicado en Reforma 2, que era una vivienda. Actualmente, los trabajos están detenidos por completo.
“El INAH les había dado permiso de demolición, pero con la cláusula de que debía estar presente personal del Instituto por si encontraban vestigios arqueológicos. Se lo aventaron en una sola noche, violando las normas de construcción, sacaron todo y en ausencia de funcionarios”, explica Kanahuati.
Manuel Villarruel dice que el inmueble de Reforma 2 no es histórico, por lo que se podía demoler, sin embargo, aún no se presenta solicitud alguna de autorización para la nueva obra que pretenden realizar, pues no han cumplido con la normativa local.
“El inmueble es de uso unifamiliar, pero los dueños buscan construir un multifamiliar, por lo que antes de llegar al INAH deberán de contar con el certificado que les permita una gran cantidad de viviendas. Los trabajos ahí no podrán continuar hasta que no cuenten con los permisos que se requieren tanto por parte de la alcaldía como del INAH”, explica el arquitecto.
En Altavista 147 se ubica un centro comercial. En un documento del INAH —al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL— se detalla que personal del Instituto “detectó obra ejecutada en la azotea del inmueble. Se solicitó su intervención a la alcaldía Álvaro Obregón para verificar la obra de ampliación ejecutada, por lo que con fecha 3 de julio del presente nos informó que inició el correspondiente procedimiento administrativo número 059/UDVO/2019”.
Otra construcción cercana es la de Altavista 32, que luce con sellos de clausura de actividades.
“En Altavista 32 se han realizado tres visitas de inspección ocular durante julio y agosto del presente año y no se ha localizado obra alguna en ejecución ni presencia de trabajadores”, señala el documento firmado por la arquitecta Valeria Valero, coordinadora nacional de Monumentos Históricos.
“Estos monumentos son lo que nos representa como mexicanos, lo que nos da identidad, a veces me sorprendo de que haya gente inconsciente que no quiera resguardar el patrimonio. La nueva administración en Álvaro Obregón ha sido muy receptiva, ojalá sigan así”, comenta Susana Kanahuati, coordinadora del Comité Vecinal de San Ángel.
