Desde los primeros meses de la actual administración federal encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los medios públicos federales se encuentran en una encrucijada que los ha llevado a cambiar las líneas editoriales y sus parrillas de programación, además de atravesar una situación delicada en temas presupuestales, hecho que, en palabras de expertos en medios masivos, se ha visto reflejado en el tratamiento de la información y en la falta de independencia editorial.

Entre los fines de un medio público, particularmente en el caso de México, se encuentra la difusión de información imparcial y objetiva; deben de contar con independencia editorial y dar espacio a la expresión de la pluralidad de ideas y opiniones para fortalecer la vida democrática de la sociedad, de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2013.

Sin embargo, para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), lo más transgredido de medios como Canal Once, Canal Catorce, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación es su independencia editorial, tema que se deriva de los recortes presupuestales.

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“Al darles pocos recursos a los medios públicos es claro que puedes controlarlos porque no les permites producir contenidos, los mantienes a raya en capital humano, técnico y tecnológico”, explica.

El especialista señala que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), encabezado por Jenaro Villamil, es un organismo descentralizado del gobierno federal que controla la señal del Canal Catorce y que puede coordinarse con los medios públicos federales para apoyarlos, pero, en los últimos tres años, parece que el SPR es quien coordina parte de la línea editorial de los canales Once, Catorce y 22, y de las emisoras IMER y Radio Educación.

“El SPR tiene dentro de sus atribuciones coordinarse con los medios públicos federales, que deben ser juntos plataformas de la libertad de expresión”, comenta y reitera que la mayoría de la programación transmitida en Canal Catorce es oficialista. “El SPR transmite programación donde pesa la visión gubernamental, claramente la información está sesgada y no son imparciales, los otros medios públicos retransmiten esos contenidos”, expresa.

Bravo señala que lo más preocupante de los contenidos informativos y de opinión de estos canales es la ausencia de una programación equilibrada, en la que exista difusión de variados puntos de vista y crítica al gobierno en turno. “Año con año, el presupuesto para la operación de estos canales ha bajado considerablemente”, indica Bravo, quien consigna que la situación empeora cuando los pocos recursos son destinados para hacer propaganda.

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“Sea mucho o sea poco, el presupuesto de un medio público no debe ser destinado para realizar propaganda o para apoyar a gobiernos o gobernantes, al hacer eso, es claro que no cumples con el objetivo social de un medio público que, reitero, es ofrecer información equilibrada, objetiva, ser una plataforma de la libertad de expresión”, señala el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Patricia Ortega, integrante del Consejo Científico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, concuerda con Bravo en que el comportamiento editorial de medios como Canal Once, IMER, Radio Educación, Canal Catorce y Canal 22 ha dado pie a espacios con cortes propagandísticos. “En Canal Once y Canal 22 resulta particular que el espectador observe entrevistas con funcionarios públicos o secretarios del gobierno; muchos de estos materiales son transmitidos en Canal Catorce y luego retransmitidos en estos dos canales. Ello rompe con el perfil cultural que los caracterizó desde su creación”, apunta Ortega.

Para la investigadora, uno de los hechos más representativos del uso propagandístico de los medios públicos se dio durante el inicio de la pandemia de Covid-19, en 2020, con bloques enteros dedicados a resaltar los programas sociales del gobierno. “En aquel momento de crisis, los canales Once y Catorce, Radio Educación y el IMER transmitían bloques supuestamente informativos sobre programas de beneficio que el gobierno había impulsado, además de entrevistas a ciertos funcionarios clave en ese momento”, expresa Ortega.

La también doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM señala que la autonomía editorial de los medios públicos federales se vio transgredida de forma importante con la transmisión de la marcha del 27 de noviembre encabezada por el presidente López Obrador y sus colaboradores cercanos.

“La libertad editorial se vio comprometida con la transmisión de la llamada ‘Marcha por la transformación’, me pareció que, en especial, el Canal 22 perdió mucho; en todos los medios públicos a manos del gobierno federal se repitieron los mensajes propagandísticos, violaron el artículo décimo transitorio de la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2013”, destaca.

Bravo señala que sí puede haber sanciones por las violaciones a ese artículo, pero para llegar a ellas se tienen que hacer las denuncias correspondientes. “El SPR rinde cuentas ante el Senado de la República, recordemos que Villamil fue impuesto por el presidente López Obrador, en esa ocasión se saltó al Senado”, explica y resalta que la violación podría catalogarse como un delito de corrupción.

“El Senado puede hacer una denuncia de tipo penal debido a que es un delito de corrupción utilizar recursos públicos, donde se incluyen las frecuencias radioeléctricas, para hacer un acto de propaganda; eso podría avanzar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que serviría mucho para analizar la independencia editorial de los medios públicos actualmente”, señala.

Bravo indica también que las denuncias pueden ser hechas por asociaciones civiles y por la propia ciudadanía, ya que los afectados directamente por este tipo de transmisiones con fines propagandísticos son las audiencias. Sobre las sanciones, el especialista pone sobre la mesa que éstas serán determinadas por un juicio legal y dirigidas contra las personas que coordinan al SPR y a los medios públicos, específicamente Jenaro Villamil.

Un caso que resalta Jorge Bravo sobre el densinterés de los medios públicos por parte del gobierno es Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que lleva más de mil días en huelga. A pesar de esa situación, recibirá 237.6 millones de pesos para operar en 2023.

Capital 21, caso especial

El gobierno de la Ciudad de México publicó el 21 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la capital un decreto para crear el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, el cual opera las transmisiones del canal público capitalino, Capital 21.

Para Raúl Trejo Delarbre, especialista en medios públicos, dicho decreto viola la constitución local, específicamente en el artículo 16, apartado F numeral 8, el cual estipula que “los poderes públicos crearán un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México operado por un organismo público descentralizado”.

La Amedi explicó en un comunicado emitido el 31 de enero pasado que el decreto para conformar el Servicio de Medios Públicos de la capital sectoriza a Capital 21 y lo coloca directamente al mando del Gobierno de la Ciudad, lo que transgrede la ley local y también el artículo décimo transitorio de la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones de 2013.

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