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Ha sido muy bien recibida la declaración de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum al respecto de la creación de una Secretaría de Ciencia. Los beneficios de tener una secretaría son muchos, comenzando por la jerarquía que tendría dentro del país para la armonización de esfuerzos y para mejorar la gestión y ejercicio del presupuesto federal asignado para la investigación.
Sin embargo, su gobierno recibe un Consejo de Ciencia y Tecnología desmantelado, transformarlo en una secretaría exitosa requerirá una reingeniería de fondo. Para facilitar el entendimiento de los grandes retos que tendrá la nueva administración en la gestión de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en México, los distribuyo en cinco rubros: legal, presupuestario, funcional, operativo y de gobernanza.
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La actual Ley de Ciencias fue diseñada a espaldas a la comunidad académica. Elaborada a puertas cerradas dentro del Consejo, mayoriteada en la Cámara de Diputados y aprobada en el Senado durante el Viernes Negro, ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser violatoria de los derechos humanos y por anticonstitucional, pues no respeta el pacto federal ni las atribuciones de los estados de la República.
La ley es un intento desesperado de la última directora del Consejo de la historia por imponer su visión personal reduciendo intencionalmente el margen de acción para las siguientes administraciones. Operar bajo el mandato de esta ley va a reducirle funcionalidad a la secretaría, perpetuando el conflicto con la comunidad y acumulando pasivos.
Se han hecho varios intentos serios de parchar la Ley de Ciencias con la finalidad de eliminar sus deficiencias más graves y, aunque es posible, no sería lo ideal para la tan anhelada Secretaría de Ciencia. Lo ideal sería que, aprovechando el buen ánimo de la comunidad, se convoque a una jornada de trabajo para elaborar una nueva ley, incluyente y respetuosa, propositiva y ambiciosa. Lo que necesita este país.
El Consejo de Ciencia y Tecnología recibe solamente el 27% del presupuesto federal para ciencia y tecnología y ni siquiera es el principal beneficiario, sino que es la Secretaría de Educación Pública (SEP). Si la Secretaría de Ciencia quiere convertirse en una verdadera cabeza de sector debe gestionar una mejora presupuestaria, pero también asegurarse que los recursos asignados a otras dependencias se ejerza para los fines correctos.
Actualmente, la mitad del presupuesto asignado a las diferentes secretarías para ciencia y tecnología, alrededor de 60 mil millones de pesos, no está etiquetados correctamente y no hay forma de seguir su ejercicio. Desde hace dos años se detectó una anomalía en el presupuesto asignado para ciencia y tecnología a la Secretaría de Energía, desde donde se transfirieron recursos no etiquetados a la Comisión Federal de Electricidad por al menos 27 mil millones de pesos.
Como ramo administrativo, el Consejo y sus Centros Públicos de Investigación asociados recibieron 157 mil millones de pesos durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y 159 mil millones en el del presidente Andrés Manuel López Obrador. A esto habría que sumar los recursos que el Consejo administraba a través de un centenar de fondos para la investigación asentados en fideicomisos y que durante el periodo del presidente Peña Nieto ascendieron a 45 mil millones de pesos. La reserva de los fideicomisos, cuyo monto ascendía a 21 mil millones de pesos, se requisó en 2021 y ya no se incorporaron al presupuesto del Consejo en la presente administración.
Una vez descontada la inflación, la realidad es que durante el gobierno de López Obrador el presupuesto del Consejo se redujo en 40%, el más bajo en cinco sexenios. Si queremos regresarlo al punto máximo histórico que fue el 2015, el presupuesto de la nueva Secretaría para 2025 debiera ser de al menos de 44 mil millones de pesos.
La reducción de presupuesto vino acompañada de una pérdida de funcionalidad. En 2018, el Consejo realizaba ocho actividades sustantivas: estímulo a la innovación en empresas de base tecnológica; becas de posgrado; sistema nacional de investigadores; fomento regional de capacidades en CTI; fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica; fortalecimiento sectorial de capacidades en CTI; apoyos para actividades en CTI, así como el programa de estímulos fiscales a la investigación.
Al final de su vida, el Consejo redujo su actividad a la mitad: investigación científica; desarrollo e innovación; becas de posgrado; sistema nacional de investigadores, y uno de reciente creación dirigido a los programas nacionales estratégicos, así como el programa de estímulos fiscales a la investigación.
Por cada peso destinado actualmente por el consejo para la inversión en proyectos de investigación, se destinan dos pesos a transferencias directas a través de los programas de becas de posgrado y del sistema nacional de investigadores, transferencias que se clasifican como programas sociales.
El mínimo de actividades no atendidas y que sería benéfico incorporar en la agenda de la nueva Secretaría con el formato apropiado, son las dirigidas a fomentar la investigación en los estados, a impulsar la divulgación de la ciencia y la educación científica en todos los niveles, a promover la inversión privada en actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico y a modernizar la infraestructura científica y tecnológica. Quedaría pendiente el impulso al emprendimiento de base tecnológica, actividad que en algún momento apoyó la Secretaría de Economía, pero dejó de hacerse desde hace seis años.
Para mejorar la funcionalidad de la nueva Secretaría será necesario dotarla de los instrumentos o herramientas adecuados. En el caso de la ciencia, dado que los objetivos son de mediano y largo plazo, los instrumentos deben estar orientados a facilitar la gestión multianual de los recursos. Por su naturaleza, los recursos fiscales tienen un ciclo muy corto de aprovechamiento, en ocasiones apenas unos pocos meses por lo que no son útiles.
Dado que la Ley de Ciencia vigente prohíbe la constitución de fondos para la investigación y el aprovechamiento de fideicomisos, la nueva Secretaría tendrá que resolverlo ya sea modificando la ley o generando nuevas alternativas como la creación de una banca pública especializada.
Gracias a la distribución de la carga de trabajo entre los programas y los fideicomisos, por más de 20 años fue posible gestionar puntualmente la convocatoria, evaluación, asignación de recursos, seguimiento y cierre de varios miles de proyectos de investigación al año en sus diferentes modalidades. La capacidad de operación se perdió con la extinción de los fideicomisos y ahora el Consejo no puede atender prácticamente ninguna convocatoria en tiempo y forma, además de que el seguimiento y cierre de los proyectos tiene retrasos de hasta cuatro años.
Para cubrir este déficit, el Consejo optó inicialmente por la contratación triangulada de personal administrativo, conocido como outsorcing. Las irregularidades en estos contratos fueron observadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que se suspendieron y actualmente una parte importante de la carga administrativa del Consejo recae de forma irregular en los hombros de integrantes del programa Investigadores por México, diseñado originalmente para promover la incorporación laboral de científicos jóvenes.
Este punto es especialmente delicado, porque en declaraciones recientes la presidenta electa dijo que iban a reducir todavía más el gasto operativo. De concretarse, la Secretaría no tendría ningún margen de acción.
El quinto y último tema es el de la gobernanza. El Consejo opera actualmente a puerta cerrada. No es posible desde hace años entrar al edificio, los teléfonos están permanentemente descolgados, ni siquiera hay un directorio para saber quiénes trabajan allí. Por supuesto, tampoco existe forma de dialogar con sus funcionarios.
Si la Secretaría aspira a recuperar la confianza de la sociedad deberá abrir canales formales e informales de comunicación y participación incluyentes y objetivos. Por su naturaleza, una Secretaría de Ciencia debe incorporar a todos los sectores, empezando por el gubernamental, federal y estatal, el privado, a través de la representación de los sectores empresariales intensivos en conocimiento y el social, mediante la representación indirecta de la comunidad a través de instituciones de educación superior y organizaciones civiles o directa mediante la elección de representantes.
Es de interés general que la Secretaría sea exitosa, por lo que no bastaría con mejorar los mecanismos de consulta existentes, sino que sería indispensable establecer y respetar cómo los resultados de las consultas se incorporarán en la toma de decisiones.
Todavía es posible detener el deterioro del sistema científico nacional, de revertir la pérdida de talentos provocada por la restricción en la generación de plazas para la investigación en instituciones pública, en impulsar el emprendimiento y fomentar la inversión privada en investigación aplicada y desarrollo de tecnología.
La buena noticia es que no es necesario que el gobierno haga todo, basta con que genere las condiciones necesarias para que los esfuerzos individuales sean exitosos. Entre las propuestas planteadas y sin presupuesto, se encuentran exentar de aranceles la importación de reactivos y equipos de laboratorio para la investigación en instituciones públicas, en modificar la Ley de Adquisiciones para reconocer a las empresas mexicanas que inviertan en investigación y desarrollo tecnológico, y que se recupere la colaboración con las academias científicas para divulgar la ciencia.
Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, aquí estamos miles de cabezas interesadas en que la Secretaría de Ciencia tenga éxito. Sólo necesitamos que nos tomen la llamada.
