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Registros de una memoria herida. Ciudad de México, febrero de 2023. Estamos en el Archivo Histórico del PRD, al sur de la Ciudad de México. Frente a nosotros tenemos varios anaqueles en donde están ordenadas las carpetas con los documentos que resumen más de treinta y cinco años de historia de una fuerza política que nació como una extraña alianza entre disidentes de la izquierda mexicana y dirigentes expulsados del partido en el poder. Sus primeros años fueron de sacrificios. En varios estados del país corrió la sangre de muchos militantes, víctimas de pistoleros y agentes judiciales que actuaron por órdenes de caciques locales.
En buena medida, los orígenes de este partido se definen por varios episodios de violencia en contra de sus militantes. Dos de ellos fueron la fundación de los ayuntamientos populares en Michoacán y Guerrero, el primero en 1989, el segundo en 1990. Ambas movilizaciones poselectorales fueron reprimidas a balazos.
Una primera exploración en el legado histórico del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza política que por al menos cuatro sexenios representó a la izquierda en México, permite comprender que este archivo contiene documentos únicos en su naturaleza, pues exponen de primera mano la historia de su militancia, su persecución y agresiones de los gobiernos estatales y municipales, con la complicidad de autoridades federales; también están aquí sus proyectos de reformas cuando lograron ganar espacios en el Congreso y la colección completa la revista Oposición, que durante la década de 1970 fue el órgano oficial del Partido Comunista Mexicano (PCM).
En un gesto de confianza, la dirigencia nacional del PRD nos permitió a los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) conocer sus expedientes fundacionales, pero sobre todo aquellos que dieran cuenta de violaciones graves a los derechos humanos en contra de su militancia: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desplazamiento forzado, prisión por motivos políticos y exilio, entre otros agravios. Todas estas violaciones están reconocidas por las convenciones internacionales en la materia y fueron retomados por los equipos de trabajo de los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart en el informe Fue el Estado. 1965-1990.
Hay un fondo de este archivo que destaca por su relevancia y vigencia: es el de su Secretaría de Derechos Humanos. Entre los documentos de este archivo histórico, que el PRD transferirá en próximas fechas al Archivo General de la Nación (AGN) ante la pérdida de su registro, está el padrón de viudas y huérfanos del partido. Son 41 cajas de expedientes. Ahí están sus solicitudes de becas para los hijos de los perredistas asesinados, están las declaraciones de sus familiares y el seguimiento que tuvieron durante varios años.
La caja que aparece marcada con el nombre “Apoyos Ovando y Gil” contiene el documento “Programa Ovando y Gil. Informe marzo 2004”, donde está el registro de las 107 familias que hasta esa fecha eran destinatarias de diversos apoyos para enfrentar los impactos de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos. Dice el informe Fue el Estado. 1965-1990, en la página 385 de su Volumen 2, tomo 3:
“En este caso, el Estado fue omiso. Basta con recalcar que tuvo que ser la propia Secretaría de Derechos Humanos del PRD, la encargada de documentar los casos, además de que esta entidad, y no el Estado, fue la que se hizo cargo de las becas de estudio para la niñez que quedó en la orfandad, cuyos expedientes conforman al menos dos cajas dentro del archivo del partido. Tan sólo el tamaño de estos archivos muestra la extensión de la violencia en el periodo estudiado.”
Bajo la dirección de Martín Longoria y Rosario Tapia, esta secretaría se encargó en 1994 de hacer un padrón de militantes agredidos. El resultado fue el informe La impunidad en México: Un sexenio de violencia política, uno de los documentos más esclarecedores de este archivo que pronto será patrimonio de la nación. El recuento da un total de al menos 250 militantes asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Como refiere este informe del PRD, entre 1988 y 1990 (parte del periodo de estudio que abordó el MEH), al menos 108 de sus militantes fueron víctimas de ejecución extrajudicial. La mayoría de los casos se concentró en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo.
Varios de quienes participaron en estos levantamientos populares con demandas electorales fueron buscados por el MEH a partir de los datos que aparecen en esta información documental. Uno de ellos es el profesor David Molina, quien participó en el ayuntamiento popular de Coyuca de Benítez, Guerrero, a finales de los 80. En su cuerpo tiene escritas las huellas de la violencia. Dice el informe Fue el Estado:
“Durante la entrevista, pidió a los investigadores que lo abrazaran y, con sorpresa, los integrantes del MEH pudieron sentir una faja por toda la cintura y el torso que el profesor debe llevar de por vida debido a la tortura infligida por la policía… El profesor también narró las pesadillas que lo despiertan periódicamente a raíz de estos hechos.”
Los trabajos de rastreo documental llevaron al equipo asignado a esta línea de investigación a consultar otros acervos: entre ellos el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), el Centro Cultural Manuel Gómez Morín en el ITAM, de los partidos Revolucionario de los Trabajadores (PRT) —donde está la colección completa de Bandera Socialista— y Acción Nacional, donde consultamos el repositorio hemerográfico de La Nación.
Desde 2022, pocos meses después de su creación por decreto presidencial, hasta finales de 2023, cuando el MEH entró a la etapa de redacción y edición de su informe, su equipo de investigación consultó 197 repositorios documentales en 20 estados, en un total de 149 viajes de trabajo de campo en los que también se recogieron testimonios. Al paso de las semanas y los meses se fueron sumando documentos históricos y hemerografía que reflejaba varios casos.
Ahí estaban los campesinos de Monte Chila, masacrados en 1970 en la Sierra Norte de Puebla; el movimiento popular de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán; las víctimas de la masacre del Río Tula; las personas con identidades sexo genéricas disidentes, quienes fueron torturades y desaparecides de manera sistemática en los separos de Tlaxcoaque en la Ciudad de México, pero que también fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias de manera sistemática y generalizada en Chihuahua y Chiapas.
Los documentos recopilados también son constancia de las agresiones que los miembros del Ejército y de los cuerpos policiacos de todo el país ejercieron contra sus compañeros, una muestra de que la violencia de Estado se ejerció en contra de sus propios elementos represivos. Como aparece reflejado en los seis volúmenes que lo integran, Fue el Estado. 1965-1990 partió del reconocimiento de las víctimas en función de sus vulnerabilidades, no de sus militancias o integridad personal. Víctimas fueron todos, todas, todes.
También están las comunidades campesinas, muchas de ellas sin relación con la siembra y distribución de plantíos ilícitos pero que de igual forma fueron arrojadas de sus localidades como parte de las operaciones Cóndor, Canador y Telaraña, entre otras estrategias para contrarrestar las actividades del narcotráfico. El capítulo dedicado a las distintas disidencias religiosas expone antecedentes esclarecedores sobre la violencia reciente contra ministros de culto y su feligresía. Del mismo modo, si hubo también una comunidad particularmente vulnerable fue el refugio guatemalteco en la frontera sur. Sus casos están descritos en el volumen 2.
El fentanilo de la tinta. Culiacán. Abril de 2023. La memoria también puede estar en un viejo ejemplar de un periódico de Culiacán, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana o Tapachula. Un recorrido por las páginas que circularon en distintas ciudades del país es una ventana al pasado que permite acercarnos un poco a la sociedad que nos precedió, a sus códigos, vestimentas y su habla, pero también a sus relaciones de poder y a sus modos de ejercer la violencia.
De todas las hemerotecas que el equipo de investigación consultó a lo largo de 2023, la del periódico Noroeste, en Culiacán, es una de las más completas y en mejores condiciones de resguardo. El trabajo de campo en este acervo permitió al MEH, detectar coincidencias y posibles responsabilidades de algunos agentes del Estado en varios casos. Tres de ellos fueron Carlos Aguilar Garza, coordinador del plan Condor en ese estado y sur de Chihuahua; Jaime Alcalá, comandante de la Policía Judicial Federal, y Pablo Hernández Garza, ministerio público federal. Sus nombres y posibles responsabilidades aparecen en notas periodísticas que los vinculan a la ejecución extrajudicial de Roberto Martínez Montenegro, reportero del Noroeste, cuyo caso aparece en el volumen 2, tomo 4 del informe como parte de la línea de investigación dedicada a las agresiones a periodistas.
Antes de tomar el autobús a Mazatlán, donde parte del equipo en campo estará sólo unas horas para entrevistar a un líder de colonos desplazados en los años 70 desde la sierra de Sinaloa, tuvimos una entrevista informal con un testigo del caso del periodista Martínez Montenegro. Pidió que se reservara su nombre y que no quedara registro en audio del encuentro. Con casi 50 años de trayectoria periodística en el estado, la persona testimoniante confesó su única adicción: “Soy adicto al fentanilo de la tinta”, dijo en referencia a su pasión por el ejercicio periodístico. Durante la charla, a la que minutos después se sumó un acompañante suyo que observó la llegada de los investigadores al restaurante donde se acordó la cita, dio detalles de la agresión al reportero del Noroeste.
Comentó que parte de la atención mediática que tuvo ese caso se debió a las declaraciones que el presidente José López-Portillo hizo con relación al atentado contra el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en enero de ese año. El primer mandatario expresó que en México no se asesinaban periodistas, una declaración que detonó el reclamo de todo el gremio periodístico mexicano tras el homicidio del reportero del Noroeste.
Semanas antes, en Ciudad de México, el MEH había consultado la investigación que la DFS inició sobre la ejecución extrajudicial del periodista. Según este informe, mientras conducía su auto, Montenegro fue agredido con armas de fuego la madrugada del 13 de febrero de 1978. Murió dos días después en el hospital. La DFS y la persona testimoniante coinciden en que esto se debió a una disputa por recursos económicos entre los agentes federales y el periodista, quien usó su trabajo para presionarlos. Sin embargo, el informe del MEH reconoce al periodista como víctima de la violencia de Estado no en función de la línea editorial que ejerció en su trabajo profesional, sino de su vulnerabilidad ante los agentes responsables de la agresión que provocó su muerte. El juicio sobre su integridad profesional corresponde a sus lectores y al gremio periodístico.
Como aparece en el capítulo que el MEH dedicó a las agresiones contra integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales, el crimen contra Montenegro desató una serie de detenciones arbitrarias en contra de varias personas por parte de los mismos agentes federales con posible responsabilidad de esa agresión letal. Algunos de estos detenidos fueron los agentes estatales Víctor Gómez Vidal, Ricardo Valdez Tamaura, Arturo Huesca Noriega y el periodista Jesús Michel Jacobo.
La agresión de los federales comandados por Aguilar Garza, Alcalá y Hernández Garza, dice el reporte de la DFS, llegó al grado de que detuvieron también a las esposas e hijos (varios de ellos menores) de estos agentes locales, quienes fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas. Este caso provocó una crisis entre la federación y el gobernador de Sinaloa, Alfonso G. Calderón Velarde.
Uno de los aportes del informe Fue el Estado del MEH es que su repositorio documental, que en próximas fechas se hará público, concentra en un solo sitio material hemerográfico relacionado a Violaciones Graves a los Derechos Humanos proveniente de todo el país. Será patrimonio público. Ahí podrán consultarse de manera directa las fuentes que sirvieron para este estudio sobre la violencia de Estado.
Los expedientes “desaparecidos”. Ciudad de México. Enero de 2024. La tarea de explorar los expedientes del Estado es también hablar con los muertos. Es enfrentarse a la versión de quienes elaboraron esos documentos que un día pasaron por las manos de distintos funcionarios. Los archivos son una colección de huellas que el Estado mismo deja sobre su funcionamiento, sus rencillas internas y sus secretos. Muchas veces hay en ellos innumerables historias de represión, de abusos y de resistencias de distintas comunidades que defendían sus derechos.
Poco antes de entrar en la recta final de sus investigaciones del MEH, al spam del correo electrónico cayó un primer mensaje. El remitente era la Unidad de Enlace del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la agencia de investigación en seguridad nacional del Estado mexicano. A los pocos minutos, en una cadena al primer mensaje se sumaron otros cuatro. Junto con el oficio adjunto, el CNI entregó al MEH, en formato electrónico, copia de varios documentos que pertenecen al fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del AGN.
Uno de éstos eran dos tarjetas catalográficas en las que aparecía un breve resumen del expediente 013-033-007, sobre la presunta ejecución extrajudicial del periodista Alberto Rodríguez Torres el 13 de diciembre de 1979 en Pachuca, Hidalgo. En los otros correos estaban las fichas que resumen los expedientes sobre los asesinatos de los periodistas Elvira Marcelo Esquivel, Ronay González Reyes, Linda Bejarano, Demetrio Ruiz Malerva y Javier Juárez Vázquez.
Al día siguiente llegaron más oficios y sus anexos: eran las fichas que resumían las investigaciones que el gobierno federal ordenó sobre los homicidios del “Gato” Félix, Odilón López Urías, así como de los tamaulipecos Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa, todos ellos periodistas asesinados. Por años permanecieron en los sótanos de este órgano de inteligencia hasta que, con la salida del PRI de la Presidencia del país, Vicente Fox ordenó que fueran transferidos al AGN en 2002, de donde años después fueron devueltos al CISEN (hoy CNI) en una especie de “sustracción hormiga”.
Como documentó el MEH en las tres entregas de su Informe técnico sobre este fondo del AGN, en agosto y septiembre de 2023, todos esos expedientes fueron sustraídos al menos entre 2012 y 2018. No hay elementos para asegurar que esta práctica del personal del entonces CISEN que estuvo a cargo de su custodia haya iniciado al día siguiente de que llegaron a su nueva sede. Junto con ese reporte, que también era una denuncia pública, el MEH inició la campaña #CNIAbreTusArchivos. La respuesta de los funcionarios de este órgano de inteligencia fue una rotunda negativa que se mantuvo durante todo el mandato de existencia del MEH.
El anexo 7 del volumen 6 del informe Fue el Estado. 1965-1990 expone los pormenores de las casi 200 solicitudes de transparencia que el MEH presentó luego de la negativa de distintas instituciones a colaborar con sus trabajos de esclarecimiento. El 90 por ciento de éstas se dirigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y al CNI.
Varios de los documentos que CNI entregó al MEH, en cumplimiento a varias resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), arrojaron al menos tres hallazgos.
El primero de ellos es el expediente del periodista Javier Juárez Vázquez. El documento coincidió con el mismo expediente que resguarda el AGN, lo que confirmó el hecho de que personal del CISEN reprodujo y se llevó copia de los documentos de su interés. Un segundo hallazgo fue el “rasurado” de al menos dos expedientes del fondo DFS. Se trata del 025-047-001 y 002-042-001, disponibles para su consulta en la Sala B, pero que sólo contienen información fechada hasta 1985.
Al hacer una revisión de los documentos entregados por el CNI se detectó que a las fichas sobre Odilón López Urías y Linda Bejarano, la Unidad de Enlace de este órgano de inteligencia agregó fojas fechadas en 1986 y 1988 de esos mismos expedientes, por lo que se puede asegurar que es material faltante a los documentos en poder del AGN.
Finalmente, la investigación que la agencia de inteligencia federal realizó sobre los periodistas Moreno Figueroa y Flores Torrijos permitió que los investigadores del MEH localizaran en el expediente 028-033-001 el único ejemplar al que tuvieron acceso del periódico El Popular de Matamoros. Ese ejemplar único, fechado el 17 de mayo 1984, es una joya documental del periodismo en México, pues contiene la cobertura de la masacre en la Clínica Raya, uno de los episodios que marcaron la historia reciente en ese estado fronterizo y que, posiblemente, dio origen al acoso que terminó con las agresiones al director y jefa de información de ese medio.
Tuvo que pasar un año desde las primeras denuncias sobre la sustracción de documentos para que el CNI abriera sus archivos. Un mes después de la presentación pública del informe Fue el Estado, el AGN anunció que la institución de seguridad nacional había concluido la transferencia de 495 cajas del fondo DFS. La disposición pública de este cuerpo documental es fruto de los trabajos del MEH y del personal de AGN.
Víctimas fueron todos, todas, todes. Centro Cultural Tlatelolco. Ciudad de México, 16 de agosto de 2024. En el escenario del auditorio principal de este recinto, la historiadora Alicia de los Ríos da lectura al testimonio de Arturo Michel Perry. Con su voz, De los Ríos —hija de una militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida desde el 5 de enero de 1978— arropa la palabra de otros conjuntos de víctimas que hasta entonces habían permanecido como voces marginales en la historia de la violencia de Estado.
Desde la década de 1970, en su columna en El Sol de Culiacán y como vicepresidente del Colegio de Abogados Eustaquio Buelna, el abogado y periodista Michel Jacobo denunció las violaciones graves a derechos humanos cometidas por autoridades —sobre todo de la Policía Judicial y del Ejército—, en el marco del combarte al narcotráfico en la sierra de Sinaloa. Cuenta Michel Perry en voz de Alicia de los Ríos en el auditorio del CCU-Tlatelolco:
“[Mi papá] llegó a documentar gráficamente, con fotografías, la tortura de personas por parte de la Policía Judicial [de Sinaloa]. Eso lo llevó a ser ubicado por las autoridades que le dijeron: ‘Bájale tres rayitas’ […] Cosa a la que mi papá nunca hizo caso. Primero estaba la defensa de las personas que eran imputadas de manera inocente. Eran inocentes, chivos expiatorios. En el mismo año que lo asesinaron empezaron las amenazas de muerte vía telefónica. Yo contesté en varias ocasiones esas llamadas. Yo tenía 11 años […] Me decían: ‘Hola, hijo. ¿Está tu papá?’ ‘No está’. ‘Ah, bueno. ¿Le puedes decir que lo vamos a matar?’ Así eran las llamadas. Le dije a mi mamá. Ella le avisó lo que tenía que hacer y a mí me prohibieron contestar el teléfono.”
Con ese evento del 16 de agosto de 2024, concluía una serie de audiencias públicas en las que se privilegió la escucha de las víctimas, sobrevivientes y testigos en audiencias públicas. Estos eventos se celebraron en varias ciudades del país: Atoyac, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez. Para el MEH, 2023 fue el año de la escucha.
Durante más de dos horas, los comisionados y algunos invitados expusieron el contenido de los seis volúmenes que integran el informe. En éste parece una lista de víctimas, una serie de recomendaciones y una exposición de las líneas de investigación que el MEH desarrolló a lo largo de casi tres años. El listado de personas con alguna responsabilidad en hechos violatorios no es una simple lluvia de nombres. Todos y cada uno de ellos está sustentado en al menos un testimonio, fuente documental o ambos. El informe Fue el Estado no se centra solamente en los hechos que comúnmente se han nombrado como “Guerra Sucia”. Sus alcances son más amplios, pues busca el reconocimiento de otras víctimas, que por décadas permanecieron invisibilizadas. En esas páginas, el guerrillero y la trabajadora sexual tienen el mismo valor desde su condición de víctimas. No hay distinciones en función de militancias e integridades personales.
Por momentos, algunos grupos de personas invitadas interrumpen la presentación para lanzar consignas en demanda de esclarecimiento de los hechos. Como invitados especiales estuvieron varias personas que ofrecieron su testimonio. Sus orígenes e historias son diversos, como diversa es la sociedad mexicana. Estuvieron representantes de comunidades campesinas que se enfrentaron al Estado en defensa de sus tierras; líderes locales de partidos de izquierda que siguen buscando a sus familiares desaparecidos hace más de 30 años; la hija de una integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien sigue buscando a su madre; las viudas de periodistas, y mujeres trans sobrevivientes a las torturas de Tlaxcoaque. Víctimas fueron todos, todas, todes.
Desconocer la historia y despreciar a las víctimas. El 25 de septiembre, en la página web de la Comisión para el Acceso a la Verdad, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó su informe final. A diferencia de la colección a cargo de la comisionada Eugenia Allier, que sí publicó de manera íntegra, de la colección Fue el Estado. 1965-1990 sólo elaboró un resumen de 19 páginas. El pretexto que de manera textual dice este resumen es que los seis volúmenes que integran el trabajo a cargo de los comisionados Barrera Hernández, Fernández Dávalos y Pérez Ricart “contiene secciones que se excedieron respecto del objetivo de la Comisión”.
En los hechos, esa versión oficial del informe de la Comisión no reconoce el derecho a la reparación de muchas víctimas que, como gesto de confianza, ofrecieron su testimonio. Los conjuntos de víctimas que fueron borrados de este informe oficial son las que fueron violentadas al interior de las fuerzas armadas y cuerpos policiales; las violentadas en operativos contra el narco; las violentadas como parte de las políticas migratorias, en particular el exilio guatemalteco; las participantes en distintas expresiones del movimiento urbano popular; las disidencias religiosas; comunidades que se opusieron a planes de desarrollo en infraestructura; las violentadas en políticas contra poblaciones marginadas y criminalizadas; y las disidencias sexo-genéricas.
Les pareció un exceso.
Esta decisión es la muestra más clara de que para el Humanismo Mexicano, modelo ideológico de un movimiento político que se fundó desde una pretendida excepcionalidad, hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda.
