Más Información
De retos mayúsculos como la presencia del narcotráfico en áreas naturales protegidas; de la vulnerabilidad económica en comunidades locales por la pérdida de biodiversidad; del vínculo entre violencia, cambio climático y migración; de la deforestación en la selva lacandona para satisfacer la demanda China a través del crimen organizado; de la necesidad de un cambio de paradigma para enfrentar los temas ambientales, y mucho más, habla en entrevista Carlos Manuel Rodríguez, director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
El GEF es la principal fuente de recursos financieros para proyectos ambientales en el mundo; asociación para la cooperación internacional en la que 186 países trabajan de la mano con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y sector privado para hacer frente a la pérdida de diversidad, el cambio climático, la contaminación y las presiones sobre la salud de la Tierra y los océanos.
Durante su gestión, a lo largo de tres periodos, como ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Rodríguez fue pionero en el desarrollo de iniciativas y estrategias de Pago por Servicios Ecosistémicos para la restauración de bosques, la conservación de los océanos y la descarbonización. Duplicó el tamaño de sus bosques, convirtió su sector eléctrico en 100 por ciento limpio y renovable, y consolidó el Sistema de Parques Nacionales que ha posicionado al país centroamericano como un destino ecoturístico de primer orden. En 2023 fue incluido en la lista de 100 líderes climáticos más influentes por la revista Time. El 19 de junio pasado fue reelecto para un periodo de cuatro años más como presidente del GEF por los 32 miembros del Consejo en representación de los 186 países miembros.
En su paso reciente por México, accede a una entrevista.
-Junto con 193 gobiernos, el de este país firmó en diciembre 2022 el Convenio sobre la Diversidad Biológica cuya meta 3 plantea proteger al menos 30 por ciento del territorio (marino y terrestre) para el 2030. ¿Qué tiene que pasar o quiénes tienen que hacer qué, para alcanzar esa meta?
-La meta no es solamente identificar las áreas que tienen un acervo ecológico importante, o cuáles son aquellas que deben restaurarse. El 30 por ciento es la combinación de proteger lo que se conserva y restaurar lo degradado. Es un trabajo científico, pero también político y financiero. El nuevo paradigma es trabajar con los habitantes. Antes llegaban los científicos, hacían la valoración, determinaban el polígono a proteger y luego se reubicaba a la gente, con una compensación o pago. Pero hay comunidades campesinas, indígenas, afrocaribeñas, con fuerte arraigo al territorio y aun cuando pudieron ser compensados y los gobiernos cumplieron con la ley, se afectó su acervo cultural, los valores originales y ancestrales. A diferencia de Brasil y algunos otros países, ya no tenemos territorios inhabitados, todos tienen gente, entonces para alcanzar el 30 por ciento de protección hay que tener claridad. No es lo mismo un territorio donde solo hay flora y fauna que uno donde además hay 5 mil habitantes con una economía de subsistencia dentro del área protegida. A todo esto, hay que considerar que México tiene capas de complejidades que otros países no tienen, por ejemplo, el crimen organizado.
“¿Cómo haces que esa economía de subsistencia sea compatible con la conservación? El tema es político. Hay que ver cómo convertir el área protegida en una oportunidad de manera que la economía local genere prosperidad para la gente: agua, biodiversidad, turismo, un fuerte beneficio. México debe tener claras las categorías y que estén contenidas en el marco legal y que haya recursos financieros con ese fin. Y para eso están los recursos del GEF, para ayudar, planificar y desarrollar acciones que hagan que este país tenga más capacidad para llegar al 30 por ciento con un potencial para esa economía local.”.
El beneficio de proteger el 30 por ciento de mar y tierra está muy ligado, en el caso de México, a la adaptación al cambio climático, advierte Rodríguez. Y es que “más del 50 por ciento del territorio esta degradado y sufre sequía, con miles de millones de personas viviendo ahí que van a terminar migrando a Ciudad de México, Guadalajara o Puebla, porque en sus territorios no van a tener una economía de subsistencia. En la República Mexicana hay 11 estados en este momento que sufren estrés hídrico y en diez años serán 22. Entonces, proteger el 30 por ciento es una inversión de resiliencia al cambio climático. Y, sin duda, los beneficios que da la biodiversidad están en la economía local”.
Le pregunto sobre las “declaratorias de papel”, aquellas que se decretan como Área Natural Protegida (ANP), pero sin asignación de presupuesto. En parte, dice, se debe a los vaivenes sexenales y a las prioridades de cada gobierno. México tiene muchos recursos públicos “y podría hacer un mejor papel en movilizarlos para la conservación”. Menciona por ejemplo el Programa de Pagos de Servicios Ambientales de la CONAFOR. Consiste en pagarle a los dueños de los bosques por el carbón y el agua que capturan. Se invertían 200 millones de dólares cada año. Fue muy exitoso, igual que el Proyecto Mariposa Monarca donde el pago de los servicios ambientales se convirtió en opción para las comunidades y la deforestación bajó. Sin embargo, “este programa se ha desfinanciado en un 60 por ciento en los últimos años. Esperamos que México camine hacia cierta estabilidad en ese sentido”.
En el momento de la entrevista hay 140 incendios forestales en México. Comenta: “Y esto apenas comienza. Hay un nexo muy claro entre incendios forestales, degradación de suelos, impacto del cambio climático y migración con el tema de la violencia. La gran migración de mexicanos hacia el norte está asociada a las pocas oportunidades de los hijos de los campesinos de poder tener una vida digna en su territorio. Un territorio cada vez más seco, con menos agua cada día y más incendios forestales. Las opciones que les quedan son muy limitadas, o se unen al narco y a los grupos violentos, o migran. Es una calamidad. Durante décadas hemos hecho estudios en el Trifinio, cuenca compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, y es clarísimo el nexo entre degradación de suelo y migración”.
México, y muchos otros países, advierte, “tiene que dejar de invertir recursos financieros en actividades que generen deforestación y degradación de ecosistemas”. Eso significa, agrega, que es necesario revisar la política en cinco sectores: agricultura, pesca, infraestructura, forestal y minería, que son la principal fuente de degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Hay que cambiar la manera tradicional de invertir en estos sectores. No solo es generar mejores prácticas, sino quitar subsidios a las prácticas productivas que resultan irracionales desde el punto de vista ambiental. Porque estamos subsidiando nuestro propio fin, porque invertimos más recursos en destruir ecosistemas que en protegerlos. Imagínese los subsidios en pesca, agricultura y petróleo que están afectando el sistema que sostiene la vida en el planeta. Y ese sistema llegará un día en no va a poder sostener la vida en el planeta. Y es lo que queremos evitar porque vamos directo en ese camino. La evidencia es contundente e irrefutable”.
El de los guardaparques es un tema que le apasiona porque él fue uno en su país. Advierte las condiciones de estos profesionales que están en la primera línea de la conservación en las ANP. En México, como en la mayoría de los países en desarrollo, dice, no hay un programa de formación; tienen una función de control y protección, pero no tienen el poder de un policía para detener a quien comete un delito ambiental, ni pueden hacer confiscaciones. Debían formarse como un cuerpo policial, porque hoy en Latinoamérica, particularmente en México, Colombia, Centroamérica, y con propensión a expandirse a Sudamérica, hay una tendencia al crimen organizado.
Ofrece un ejemplo revelador: “Hace 20 años en la selva Lacandona, en Chiapas, el típico delito forestal era un padre con sus hijos cortando árboles dentro de un área silvestre protegida para vender la madera y así subsistir. Hoy, son grupos de crimen organizado que cortan la madera para mandarla a China. Eso pasa en México y Centroamérica. La tala ilegal la ejecutan grupos organizados que reciben servicios del narcotráfico y no solo de logística sino de equipamiento para exportar madera ilegal a China. En los puertos y aduanas la hoja de exportación dice ‘madera de plantaciones forestales’ y el agente ¿cómo va a saber qué tipo de madera es? Abren el contenedor, ven trozos… están enviando especies vetadas, maderas preciosas, y las dejan pasar. Es decir, ya no es el delito hormiga y familiar por una necesidad económica, sino un negocio muy compenetrado con el crimen organizado. Y los guardaparques no tienen ni la formación ni el equipo para contener estas actividades”.
En México, advierte el experto, el cuerpo de guardaparques es pequeño para las 226 ANP. Lo mínimo deseable es uno por cada 2 mil hectáreas, aquí hay un guardaparque por cada 5 mil, muy por debajo de lo requerido; además, con los recortes presupuestarios tienen muchas limitaciones para operar.
Otro tema emergente tiene que ver con la perspectiva de género y las guardaparques. “Y todos los países tienen ese reto. Se trata de mujeres profesionales y comprometidas con la conservación que históricamente han trabajado bajo un mayor grado de vulnerabilidad que las otras mujeres en otros empleos. Es una mujer por cada 20 hombres. Y no se trata solo de generar una oferta general digna enmarcada en los principios fundamentales de la equidad de género, sino de reconocer el daño que han sufrido en las áreas naturales protegidas. El acoso sexual y laboral ha sido un tema invisibilizado que urge atender.”
El abogado defiende la labor de las ONG que “le dan a la sociedad mexicana algo que el gobierno federal no puede dar y que debemos ver como un complemento, como parte de una asociación estratégica público-privada que es la sostenibilidad en el tiempo”. Gobiernos van y vienen, cambian sus prioridades y de presupuestos, pero las ONG mantienen una consistencia en el esfuerzo de la conservación de la naturaleza. Conozco muy bien el sector ambiental y de conservación en México y en la ONG la gente trabaja con pasión, compromiso, en condiciones muy adversas, con las uñas. Hay que tratarlas bien, con respeto, darles su espacio”.
- En México la disolución de fideicomisos afecto a muchas ONG.
-Hay que valorar a los fideicomisos desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Si funcionan y generan resultados tenemos que mantenerlos. Las asociaciones público-privadas son mecanismos que han funcionado y hay que abordarlas desde un análisis objetivo, de impacto y resultados, y no dogmática e ideológicamente.
Inevitable una pregunta acerca del Tren Maya. El líder afirma que el GEF no opina sobre temas del gobierno mexicano, pero “lo que es importante insistir es que uno de los cinco factores que afecta a la biodiversidad es la infraestructura. El GEF va a ayudar a los países para que ya sea un tren, un aeropuerto, una carretera, una represa hidroeléctrica o complejo inmobiliario, tengan los mejores criterios ambientales. Para esto estamos, para hacer un análisis costo-beneficio profundo, porque cuando se hace a la manera tradicional, no se cuantifica en términos económicos el daño ambiental.
“La infraestructura es una de las grandes amenazas de la biodiversidad en los ecosistemas que nos dan servicios valiosísimos. Cuantificar en términos económicos, hacer el estudio de impacto ambiental y de factibilidad económica del proyecto, es fundamental. Cada árbol menos aumenta la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático y la fragilidad de la economía local por pérdida de biodiversidad. Tan sencillo como eso, pero los sistemas de planeación, de toma de decisión, todavía no internalizan en términos económicos el daño y costo ambiental”.
Durante 30 años, el GEF ha trabajado con las secretarías de Medio Ambiente. En ese sentido hay un cambio de paradigma también. Hoy les interesa trabajar con el gobierno central, las secretarías de agricultura, energía, planificación y Hacienda.
El viaje es para tener más claridad de los retos ambientales contemporáneos de este país, ver cómo se implementan los fondos. México, informa, “tuvo un aumento de su asignación GEF del 30 por ciento y requiere orientación para maximizar esos 72 millones dólares que son los fondos de cooperación internacional más flexibles que México puede tener”. Viene a entender el nuevo contexto político, el lugar del sector privado, y lograr mayor comprensión de lo que será trabajar a nivel de alcaldías, gubernaturas y municipios.
¿Su mayor reto? Rodríguez pone en pausa su tono serio y confiesa con humor: “No morir de ecoansiedad”. Luego confirma: “Cambiar el paradigma”.
Nota: Poco después de la visita del funcionario, el 20 de junio pasado se anunció oficialmente que el GEF autorizó un fondo de 17 millones de dólares para proteger nuevas ANP en México (Proyecto GEF Mex30x30) a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) con el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y Conservación Internacional México.
