La gestión más turbulenta en la historia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que añadió una “H” de Humanidades este sexenio, se encuentra en su ocaso. Así, culminará la historia de una institución fundada hace 54 años para dar lugar a una nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, como ha anunciado la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que será dirigida por Rosaura Ruiz.
Con el epílogo de la gestión de Elena Álvarez-Buylla, finaliza una época llena de adjetivos, ideología, acusaciones y política nacionalista. Junto a datos y la opinión de algunos de sus protagonistas, este es un repaso por algunos de los nodos de esta historia cargada de ideología, pero pocos e ineficientes resultados.
Hace algunos días, Conahcyt hizo el anuncio de que la vacuna Patria tuvo la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a más de cuatro años de iniciada la pandemia por Covid-19 y a más de uno de haber sido declarada oficialmente concluida, en mayo de 2023. De acuerdo con una Comisión Independiente, la emergencia sanitaria generó alrededor de 800 mil muertes en México.
La vacuna fue diseñada por la empresa mexicana Avi-Mex con tecnología licenciada de la Escuela de Medicina Icahn en Monte Sinaí, en Nueva York, Estados Unidos, y también utilizó licencia de “la proteína espícula…” por parte de la Universidad de Texas en Austin, como informó la propia empresa.
Conahcyt anunció su aprobación como “dosis de refuerzo” un año después de lo previsto. La vacuna tuvo un costo de 973 millones de pesos, de los cuales Conahcyt aportó 422 millones.
Teresa García Gasca, académica y exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) —donde encabezó el diseño de una vacuna contra Covid (Quivax) que sólo llegó a prototipo por falta de financiamiento— ha seguido de cerca la información científica de la vacuna y señala que la falta de un informe completo y formal ha generado dudas sobre su desarrollo a lo largo del proceso.
Los avances logrados, la aprobación y análisis de Cofepris son importantes, señala, lo que falta aún es incrementar el tamaño de muestra y valorar los efectos adversos a mayor plazo, lo cual ya es motivo del análisis en una fase 4.
La científica reconoce el avance realizado por la alianza público-privada y financiada por el gobierno federal a través del Conahcyt; no obstante, recuerda, se podrían celebrar mejores resultados si la institución no les hubiera cerrado las puertas a otros proyectos, como el diseñado en la UAQ u otros más en de la UNAM.
“Nos hubiera permitido retroalimentarnos y hacer sinergias para obtener mejores resultados y en mejores tiempos. Se decidió no apoyar a todos y tener un sólo proyecto, sin criterios claros en su elección; fue un desatino no haber, por lo menos, haber conocido los demás”.
“No dudamos que los factores político e ideológico hayan permeado la toma de decisiones, lo cual ha sido uno de los componentes bajo los que se ha dirigido a Conahcyt en los últimos años”, enuncia.
El tema de la pandemia dio a Conahcyt un capítulo relevante más: los ventiladores para la asistencia respiratoria de los enfermos intubados por Covid.
Los ventiladores Ehécatl y Gätsi llegaron con retraso, sobrecostos de producción y realizados con una empresa que, durante el “periodo neoliberal”, fue beneficiada por los fondos y fideicomisos que después desaparecerían.
En el caso de Gätsi, el monto de 168.4 millones de pesos a DTM Tecnologías se desglosó en el listado del fideicomiso desaparecido: “Proyectos apoyados por el Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces)”.
En octubre de 2020, EL UNIVERSAL reportó que la red ProCienciaMx visibilizó esta contradicción y cuestionó por qué se realizó una transferencia millonaria e incluso, una cantidad mayor que la del periodo de 2000-2018, a una empresa que fue identificada por el propio Conacyt como receptora de cuantiosos recursos públicos.
El 23 de abril en conferencia vespertina para dar a conocer los detalles de los ventiladores que se fabricarían y estarían listos para el 15 de mayo —lo cual no sucedió—, la directora Álvarez-Buylla explicó que emplearían un diseño de bolsa Ambu de emergencia, derivado del diseño de código abierto de un ventilador del MIT: E-Vent; de acuerdo con el instituto, su fabricación rondaría un costo de entre los 100 y 500 dólares. En México fueron desarrollados por un consorcio encabezado por el CIDESI, con un costo de 137 mil pesos cada uno, dijo la funcionaria. En julio de 2020 y tras negar haber prometido la entrega del 15 de mayo, refirió en Palacio Nacional que se desarrollarían 500 unidades por cada modelo de ventilador.
Sin embargo, el costo final fue de más de 250 mil por unidad: el proyecto Fordecyt clave 313489 denominado “Fabricación en serie de respiradores mecánicos de emergencia para atender la contingencia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19” refiere que se destinaron 125 millones 460 mil pesos para la fabricación de Ehécatl, que fueron divididos entre las 500 unidades.
“No sé de qué me hablas (…) yo no vine a apoyar al primer gobierno de la Cuarta Transformación para acusar a nadie…”, respondió la directora de Conacyt el 23 de septiembre de 2021 cuando fue abordada por periodistas al llegar a un acto público del gobierno de la Ciudad de México, respecto a la acusación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y exadministrativos, quienes ocuparon un cargo en el Conacyt el sexenio anterior, así como expersonal del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
La FGR inició el proceso contra los 31 tras la denuncia del Conacyt, como lo externaron los mismos acusados quienes accedieron al expediente que los imputaba de cargos penales con una posible reclusión en El Altiplano. Al evento asistió la ahora virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien opinó sobre el mismo tema: “(…) Mi posición personal es: que sean acusados de delincuencia organizada, me parece excesivo”. El caso fue resuelto una y otra vez a favor de los acusados, el cual culminó este año.
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“Nunca en la historia de la ciencia en el país hubo una ruptura tan brutal entre la comunidad y la instancia encargada de la política pública; eso marca un hito en la ciencia mexicana con saldos negativos”, señala Antonio Lazcano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y uno de los críticos más severos y puntuales de los atropellos cometidos este sexenio.
El miembro de El Colegio Nacional señala que el inicio de la ruptura de las comunidades académicas con Conacyt inició con la expulsión de académicos de las comisiones dictaminadoras (incluido él mismo) y las acusaciones de crimen organizado que no se sostuvieron. El fin estaría enmarcada con el nombramiento de José Romero Tellaeche como emérito del SNI, añade.
En ese intermedio se pueden contar la también polémica designación del fiscal Alejandro Gertz Manero como miembro del SNI nivel III, las acusaciones que hizo desde Palacio Nacional a académicos del CIDE; el encarnizado enfrentamiento con el FCCyT; el desencuentro y renuncia de Álvarez-Buylla a la Academia Mexicana de Ciencias, a la que acusó de neoliberal; descalificaciones directas a científicos e instituciones en comunicados oficiales y desde las mañaneras, por mencionar algunos.
Las múltiples muestras de inconformidad en las políticas y falta de diálogo entre Conahcyt y las comunidades académicas sumó marchas y manifestaciones que no se habían visto en la historia reciente del país, pero quizá el punto mayor de inflexión entre Conahcyt y su comunidad, además de la acusación a los 31, fue la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología.
Aprobada por la Cámara de Diputados en el llamado Viernes Negro, el 28 de abril de 2023, la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, fue la culminación de varios intentos por cambiar la legislación y estructura del Conacyt, características de una ley orgánica, mas no de una Ley General.
Actualmente, la ley es objeto del análisis de dos controversias de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —expediente 126/2023 y su acumulada 128/2023— por el desaseado proceso de aprobación; no obstante, a lo largo de su elaboración diversos sectores de la comunidad científica externaron su preocupación por los cambios que implicaría en aspectos como la libertad de investigación, la concentración de poder, financiamiento y ausencia de órganos de representación participativa de la comunidad —aunque sí incorporó a las Fuerzas Armadas en su junta directiva.
Las organizaciones de científicos Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos impulsaron alrededor de 40 amparos —10 científicos por cada uno— en todo el país, que obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva contra los efectos de la ley. }
Lo que no queda claro es cómo operará esta legislación con la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación o si es finalmente declarada inconstitucional por la SCJN. Lo que se avecina podría ser un “vacío legal”, señala Gabriela Dutrénit, investigadora de la UAM Xochimilco y especialista en política científica. “Esta ley es un retroceso en relación a lo que teníamos y que, si bien requería mejoras, era una legislación moderna”, señala la académica, excoordinadora del extinto Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como miembro de la red de científicos ProCienciaMx —que surgió en 2019 a raíz de la inconformidad por las políticas públicas de Conacyt.
Si el retroceso fuera en el tiempo, añade, la política científica, tecnológica y de innovación habría regresado a lo que existía en la década de los noventa, a los años anteriores a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002.
La transición de gobierno y la creación de una Secretaría de Ciencia —como lo anunció Claudia Sheinbaum—, abre una ventana para que se realicen mejoras a la legislación, añade Dutrénit.
Como apuntó Lazcano, el sexenio de Conahcyt cierra —entre otras medidas polémicas— con el nombramiento de José Romero Tellaeche como investigador emérito del SNI, el nivel máximo de reconocimiento para los académicos miembros del sistema. El reconocimiento de Romero genera incomodidad entre comunidades académicas debido a sus plagios (documentados por EL UNIVERSAL) y la crisis que provocó su dirección ilegal impuesta por Conacyt en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), uno de los Centros Públicos de Investigación.
A lo largo del sexenio, los también conocidos como Centros Conacyt han recibido línea directa desde las oficinas de Insurgentes Sur. Se documentaron los casos de Beatriz Xoconostle y Leopoldo Altamirano, quienes renunciaron del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), respectivamente, por supuestas denuncias en la Secretaría de la Función Pública, pero que no se sostuvieron: “Álvarez-Buylla apoyó todo para sacarme del INAOE”, dijo Altamirano a este diario.
Sergio López-Ayllón, exdirector del CIDE, renunció prematuramente a su cargo en 2021. No se hizo público el detalle de esa renuncia, lo cierto es que un par de años después Álvarez-Buylla lo acusaría —sin dar pruebas públicamente— desde la mañanera en Palacio Nacional de encabezar una red de complicidad y triangulación para el desvío de recursos de universidades e instituciones de educación e investigación a empresas trasnacionales. Su salida dio paso al caos en el CIDE, con la elección de Romero Tellaeche en su dirección.
Pero hay otros ejemplos que aunque no llegaron a tanto, pasaron desapercibidos, en los que bastó con no ratificar a sus directores. Tal fue el caso del CIDESI, CIAD, CIATEJ o el INECOL.
Entre las misiones del Conahcyt se encuentra el financiamiento de proyectos científicos que, en este sexenio, y tras la extinción de fideicomisos, se concentró en los llamados Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), cuyos temas y selección se definieron sin participación ni evaluación de comités.
De acuerdo con Tomás Maya Malerva, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien ha seguido el desarrollo del programa, se desconocen con exactitud el número total y financiamiento de estos programas, en la información oficial sólo se puede encontrar datos de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAII), que de 2019 hasta 2024 financió 664 proyectos con un monto de alrededor de mil 500 millones de pesos.
El análisis del académico refiere que, excepto en el área de salud, un gran porcentaje de resultados se presentan como seminarios, webinars y revistas, en vez de proyectos científicos. “Esto evidencia una baja incidencia real de los programas y un retroceso en la descentralización de la investigación científica (40% se concentra en las grandes ciudades) poniendo en duda el éxito del programa”.
Más allá de la falta de transparencia del proceso de selección o su éxito académico, el hecho es que la investigación financiada este sexenio, a través del Conahcyt, ha disminuido. De acuerdo con datos del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2021-2024 presentados en el Quinto Informe de Gobierno, los proyectos de investigación apoyados han ido en picada: mil 734 en 2019; 758, en 2020; 832, en 2021; 576, en 2022 y 388 en 2023.
El programa que sí creció fue el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) —pasó de 9 mil 747 a 41 mil 367 beneficiarios entre 2013 y 2023—, que este sexenio tuvo diversos cambios en su reglamento, algunos de los cuales propiciaron un acceso y promoción más laxos, o nombramientos como los de Gertz Manero o Romero Tellaeche. No obstante, el monto que reciben los investigadores por esta distinción no está asegurado, al menos en el papel, puesto que el reglamento establece que “podrá otorgar apoyos económicos, sujetos a disponibilidad presupuestaria”.
Por otra parte, el crecimiento del SNI no fue paralelo con el del presupuesto del ramo 38, correspondiente a Conahcyt, el cual se ha mantenido —en términos reales— casi sin cambios importantes, alrededor de 33 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 8 mil son destinados para el programa. El SNI estaría recibiendo una reasignación de recursos extra del programa de becas, como documentó Brenda Valderrama y Andrés Agoitia el año pasado.
En mayo de 2023 se “filtró” un oficio de Conahcyt que exponía un déficit de mil 432 millones de pesos en el SNI; sin embargo, un análisis de los académicos refiere que el presupuesto fue sobregirado, en tanto que el asignado a becas fue subejercido en esa proporción.
Para subsanar a su vez este déficit en becas, Conahcyt cambió los lineamientos del Programa Nacional de Posgrados y retiró el financiamiento a más de 2 mil programas en universidades de todo el país. La medida generó la movilización y la protesta de estudiantes, cuyas instituciones se sentaron a negociar con Conahcyt para buscar la aprobación del mayor número de programas.
Las Cátedras Conahcyt fueron uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio anterior, pero que no recibieron impulso bajo la dirección de Álvarez-Buylla. Aunque las deficiencias del programa eran latentes desde su inicio, ha sido el único proyecto federal para brindar plazas científicas a jóvenes investigadores; no obstante, en los últimos seis años se ha contraído.
De alcanzar un pico máximo en 2018 de cerca de mil 500 plazas, actualmente ronda cerca de mil 300: mil 226, según el Quinto Informe de Gobierno, al 30 de junio de 2023, pero en la convocatoria de junio de este año anunció que el programa, ahora titulado Investigadores e Investigadoras por México, abrió 24 lugares más, pero sólo 10 de ellos para hacer investigación, el resto para una nueva modalidad administrativa —académicos en redes sociales señalan que hubo alrededor de 7 mil aplicantes. En 2022 se asignaron 118 plazas y 45 en 2023: entre 2018 y 2021 no hubo convocatoria.
“24 plazas para el tamaño del país es nada”, señala Edgar Guerra, miembro del programa y también del sindicato no reconocido por Conahcyt: Siintracatedras (con alrededor de 300 afiliados). Éste buscó su validación ante la autoridad federal para resarcir la vulnerabilidad laboral de origen del programa, pero la acción fue recibida desde una óptica política por parte de Álvarez-Buylla y Conahcyt, recuerda Guerra. “En este sexenio hubo una manera particular de leer el programa desde el punto de vista político, como un resabio de la administración anterior”, agrega.
En junio pasado, Siintracatedras externó una vez más su preocupación por “despidos injustificados” de miembros del programa, atribuidos a un incumplimiento administrativo. Esto refleja la poca certeza laboral que tienen, el descuido jurídico y administrativo que tanto ha alertado la organización, de la cual sólo han obtenido desdén.
El problema no sólo involucra al programa, sino que es además reflejo las opciones que tienen los jóvenes investigadores para ejercer una carrera científica en este país. “Desde antes de este sexenio los egresados tenían poca certeza en lo que se ha vuelto un panorama crítico y desesperanzador para una persona joven que aspira a una plaza de investigación”, subraya Guerra.
Los entrevistados coinciden en que esta se trató de la “peor gestión de Conahcyt es su historia”, pero también generó la organización y la movilización —no sin miedo en muchas ocasiones— de las comunidades académicas en todo el país, que fueron el principal contrapeso de una institución que tiene poco que presumir este sexenio.