México es un país de desaparecidos. El registro oficial muestra que son más de 113 mil 500 las personas que faltan en sus casas. Además, se han localizado más de 5 mil 600 fosas clandestinas. Las estadísticas del terror no terminan ahí. Entre 2006 y agosto de 2020, unos 52 mil cuerpos habían pasado por las morgues mexicanas sin que las autoridades forenses les devuelvan el nombre.
Es la síntesis de la tragedia que atraviesa el país y que no tiene freno desde que el 11 de diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón ordenó el primer operativo militar para combatir al narcotráfico. Desde entonces, recurrir a las Fuerzas Armadas para sustituir a las policías en labores de seguridad se volvió la regla en México.
Esto lo sabe bien María Herrera, una mujer de 74 años que se ha convertido en un símbolo internacional de las madres buscadoras en México. A ella le faltan cuatro de sus hijos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, desaparecidos en Guerrero en 2008, y Gustavo y Luis Armando, de los que se supo por última vez en septiembre de 2010.
En su búsqueda, que se ha prologado por más de quince años, Herrera ha visto pasar a tres presidentes de tres partidos políticos distintos. Cada uno con la promesa de detener la violencia, de devolver a casa a los desaparecidos, de acercar la justicia. Ninguno ha cumplido. Herrera sólo ha visto que cada vez son más las familias como la suya a quienes les falta alguien.
Aunque con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador la esperanza resurgió, lo cierto es que hoy, en el ocaso de su sexenio, Herrera y otras buscadoras se sienten más bien olvidadas e ignoradas.
“No quiere escuchar los datos verídicos de las familias (buscadoras) que tenemos la desgracia en nuestras espaldas, en nuestros corazones o en nuestras vidas. ¡Vaya!, el señor no se ha dignado a escucharnos”, dice la madre buscadora.
Aunque ha habido avances en la creación y consolidación de instituciones dedicadas a la búsqueda de las personas desaparecidas, de comisiones de la verdad para investigar las violaciones a derechos humanos en la época del terrorismo de Estado entre 1965 y 1990, conocido como la guerra sucia, y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de un fuerte impulso a la construcción de infraestructura forense y mecanismo para atender la crisis de identificación, lo cierto es que cada una de estas iniciativas se vio eclipsada por decisiones políticas hacia el final del sexenio y por hacer a un lado a las familias.
El hombre de confianza
“Yo le tengo confianza, yo creo que es un buen fiscal”, dijo en diciembre de 2021 López Obrador sobre Alejandro Gertz Manero, que fue designado a inicios del sexenio por el Senado —a propuesta del propio Presidente— como fiscal general de la República. No fue ni la primera ni la última vez que respaldó al fiscal en los cinco años de su sexenio.
Al hombre de 84 años se le ha visto poco. Casi siempre a través de una pantalla y casi nunca con las víctimas. Sin contar las reuniones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares de personas desaparecidas apenas lo han visto un par de veces en eventos oficiales. Sin embargo, la institución que dirige es clave para enfrentar la crisis forense que rebasa los 52 mil cuerpos sin identificar.
El gobierno federal, a través del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que el país atraviesa una emergencia forense y que las tareas de búsqueda e identificación eran la principal prioridad. Por eso se invirtieron mil 432 millones de pesos, mediante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que era dirigida por Karla Quintana, para impulsar el trabajo de las comisiones estatales de búsqueda y subsidiar la construcción de centros de identificación y de resguardo o panteones forenses a nivel estatal.
Además, ambas instituciones apoyaron la conformación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano independiente que podría realizar peritajes de identificación y que fue impulsado por colectivos de familiares. También, en 2022, la CNB impulsó una reforma para que se creara un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) bajo su cargo.
Pero el ímpetu para atender la crisis forense no alcanzó al hombre de confianza de López Obrador, el fiscal general que debe la puesta en marcha de una herramienta que agilizaría las identificaciones: el banco nacional de datos forenses (BNDF).
Esto lo sabe bien una mujer guanajuatense que busca a su hermano desaparecido: Olimpia Montoya Juárez.
El 18 de marzo de 2017, Marco Antonio Montoya Juárez, de 42 años, salió de casa de su madre, en Celaya, Guanajuato, alrededor de las 16:30 horas. A 500 metros, en una de las avenidas principales de la ciudad, se iba a encontrar con un amigo. Su familia no sabe si logró abordar el vehículo de su amigo o lo interceptaron antes. Pero desde entonces no saben de él. Es una de las 2 mil 476 personas desaparecidas del estado.
A Marco Antonio, como a muchas personas desaparecidas, su familia también tuvo que considerar que podría haber fallecido y, entonces, empezaron a presionar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato para que obtuviera un perfil genético del núcleo familiar y lo cotejara con la información de los cuerpos sin identidad.
La institución sólo cotejó el perfil de la familia Montoya con los datos de los cuerpos que la misma institución tenía, pese a que en muchos casos las personas desaparecidas son llevadas a otros estados. No era viable para los familiares de Marco Antonio viajar a cada una de las 32 entidades federativas para que su perfil genético se comparara con los cuerpos que cada institución resguarda.
Tampoco era viable ir a cada Servicio Médico Forense (Semefo) del país a revisar los archivos de la muerte. Esta búsqueda, que muchos familiares hacen rutinariamente, es de lo más cruel: en frías salas, un desfile de imágenes, a veces decenas, a veces cientos, son proyectadas por algunos minutos para que las familias vean si ahí alguno se parece a quien buscan. Son fotografías de cuerpos mutilados, cercenados, víctimas una violencia inimaginable.
No debería ser así. Ninguna persona debería tener que buscar en los archivos forenses a un ser querido. Por eso, en la Ley General en Materia de Desapariciones, que entró en vigor en enero de 2018, se decretó que la Fiscalía General de la República debería crear un banco nacional de datos forenses que incluiría los registros nacionales de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas y de fosas comunes y fosas clandestinas. Además, albergaría el banco nacional de información genética. El BNDF compararía de manera automática y periódica los datos sobre las personas desaparecidas con lo de las personas fallecidas en anonimato, agilizando las identificaciones.
Pero la FRG no creó esta herramienta que debería funcionar desde 2019.
Por eso, Olimpia Montoya, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tramitó una demanda de amparo contra la FGR en agosto de 2021. La buscadora alegó que la institución violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia porque, al no implementar la herramienta, impedía que a Marco Antonio —y a todas las personas desaparecidas en el país— se le buscara en las bases de datos de cada institución forense.
Fue hasta el 5 de octubre de 2022 que el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, emitió una sentencia a favor de Montoya y dio un plazo de 40 días hábiles para que la FGR ponga a operar el banco nacional. Sin embargo, la institución dirigida por el fiscal Gertz Manero no quiso acatar la sentencia y decidió impugnarla, retrasando su obligación legal e insistiendo que no era su deber implementar la herramienta.
Finalmente, en abril de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dio por zanjada la controversia a favor de Olimpia y confirmó que la FGR debía echar a andar el banco nacional de datos forenses en 40 días hábiles.
Pese a la sentencia, todavía no hay información sobre el funcionamiento del banco nacional.
El siguiente paso, dice Montoya, es presionar a las fiscalías estatales para que ingresen la información sobre los cuerpos anónimos al BNDF.
Los expertos forenses dicen que no hay fórmulas mágicas, que la identificación es un proceso tardado que requiere recursos humanos especializados y una gran inversión de dinero. Cada día lleguen a las morgues del país cuerpos sin identidad. Hoy nadie sabe cuántos falta por devolver a sus familias.
Las comisiones de la verdad y el Ejército
La guerra sucia y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014 son dos heridas que marcan al México contemporáneo y reflejan el dolor de miles de familias.
En las décadas del 60 al 80, el Estado a través de corporaciones de seguridad y el Ejército torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de disidentes, principalmente integrantes de guerrillas tanto rurales como urbanas. Según datos oficiales, al menos unas 900 personas fueron desaparecidas en ese periodo.
En el caso Ayotzinapa, el Estado —corporaciones municipales de seguridad, del estado de Guerrero y de la Federación, incluido el Ejército— se vio involucrado en la desaparición forzada de estudiantes de la normal, ya sea por colusión con grupos del crimen organizado o porque no intervino aun cuando tenían la obligación de proteger a los jóvenes, ocultando lo que sabían de esa noche o encubriendo la desaparición. Fue el Estado, de nuevo.
En este sexenio se crearon comisiones de la verdad para esclarecer ambas tragedias, pero se han visto obstaculizadas por la negativa del Ejército de entregar toda la información que poseen y por el respaldo del Presidente a la institución.
La primera piedra para cumplir con el compromiso presidencial de saber qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente fue la firma del decreto por el que se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
La CoVAJ fue uno de los tres engranajes que el gobierno federal pensó para abordar el caso. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se reinstaló formalmente en abril de 2020 y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) en la FGR, decretada en junio de ese mismo año y bajo el mando del abogado Omar Gómez Trejo, eran los otros dos.
“Se había avanzado en la investigación de las irregularidades (de la investigación en el sexenio pasado), de la tortura, se habían consolidado algunas de estas acusaciones, se había, otra vez, empezado a generar acusaciones por desaparición forzada”, dice María Luisa Aguilar, coordinadora de incidencia del Centro Prodh.
El engranaje iba funcionado a la par que el Presidente encomendaba más y más actividades civiles a las Fuerzas Armadas, como el reparto de vacunas, la construcción de las obras como el Tren Maya, la gestión de programas sociales y el control de puertos, aduanas y aeropuertos.
Aunque el Presidente ordenó a las instituciones de su gobierno que entregaran toda la información del caso a la CoVAJ, el GIEI y la UEILCA, desde septiembre de 2021, en una reunión entre autoridades, familiares y sus representantes, fue claro que el Ejército no lo hacía y ocultó por siete años que sabía, en tiempo real, que los estudiantes estaban siendo atacados y por quiénes. Eran las primeras señales de alarma de que el proceso se enturbiaba.
Pero el punto de quiebre vino en agosto de 2022. Según una investigación del periodista John Gibler, Gertz Manero —el fiscal de confianza del Presidente— presionó a Gómez Trejo para vincular a proceso al exprocurador general, Murillo Karam, uno de los artífices de la “Verdad Histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto. La “Verdad Histórica” fue totalmente desacreditada por investigaciones del GIEI y otros expertos. El equipo de Gómez Trejo, que sí investigaba a Murillo Karam, dijo que necesitaban más tiempo, pero la decisión estaba tomada. Lo hicieron a un lado. Era una decisión política y no técnica que atentaba con la autonomía del propio fiscal en ese momento.
Aparentemente, según el mismo trabajo periodístico, hubo un acuerdo entre López Obrador, el fiscal general y quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hoy integrante del equipo Claudia Sheinbaum, próxima candidata a la Presidencia por Morena, respecto a solicitar órdenes de aprehensión sólo por cinco militares involucrados en el caso. La UEILCA realmente investigaba a 20 y logró obtener órdenes de detención contra ellos que, después, fiscales ajenos a la investigación solicitaron cancelar. Por ello, Gómez Trejo renunció. Las órdenes de aprehensión que su equipo había trabajado fueron repuestas en junio de 2023.
La CoVAJ también tuvo un traspié: en su primer informe, que no fue presentado con anterioridad a los padres y madres de los 43, al GIEI y a la UEILCA, el 18 agosto de 2022, el subsecretario Encinas dijo que tuvieron acceso a 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp. En estos se relataba, de manera grotesca, la coordinación entre grupos criminales y autoridades locales para detener a los muchachos y asesinarlos, según publicaciones de algunos periodistas a quienes les filtraron las capturas sin testar.
Tanto el GIEI como los familiares de las víctimas y sus representantes reclamaron a Encinas que no se les hayan compartido las capturas antes de presentarlas y que no estuvieran verificadas. Un par de meses después, el 31 de octubre, el GIEI dio a conocer un peritaje que concluía que no podía establecerse la originalidad de los mensajes.
La confianza de los padres y madres en la CoVAJ, la FGR y la misma Presidencia, se perdía.
En un nuevo informe, a finales de marzo de 2023, el GIEI reiteró que el Ejército no estaba entregando toda la información sobre el caso y lo hizo nuevamente en su último informe, en julio de 2023, antes de salir del país. El grupo identificó que documentos de proceso de sanciones internas habían sido ocultados por el Ejército. También faltaban documentos que eran referenciados en otros o que estaban secuenciados e, incluso, se negó que existieran a pesar de que la CoVAJ y el propio GIEI localizó algunos de estos en los archivos militares. El grupo incluso supo que algunos de estos documentos fueron movidos de lugar para dificultar su acceso.
Pero el Presidente dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas. “Respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de la Marina y de la Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”, dijo días después del último informa del grupo.
A partir de ese momento, el Presidente se ha dedicado a denostar el trabajo del GIEI, del Centro Prodh y del exfiscal Omar Gómez, amagando con investigarlo. Incluso, ha insinuado que los padres y madres de los 43 son manipulados por ellos.
“Ha llegado al extremo, el Estado mexicano, al decir que a nosotros nos manipulan nuestros abogados. No somos ignorantes, como trata de hacernos pasar (el Estado) y no nos manipulan nuestros equipos. Al contrario, nos ayudan a salir a adelante”, dijo el señor Mario González, padre de César Manuel González, uno de los estudiantes desaparecidos, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 9 de noviembre.
Una postura similar tomó el Presidente con la Comisión para el Acceso la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (relacionados con la llamada guerra sucia), creada en 2021.
Como en el caso Ayotzinapa, el Jefe del Ejecutivo prometió que los archivos relacionados con las torturas, desapariciones y ejecuciones serían entregados. Pero, unos meses después, en un acto histórico de apertura de archivos militares en el Campo Militar, el último lugar donde muchas víctimas fueron vistas, el Presidente justificó la actuación de las Fuerzas Armadas de la época, aludiendo que siguieron indicaciones de autoridades civiles.
Alicia de los Ríos, una abogada e historiadora que busca a su mamá Alicia de los Ríos Merino, militante de la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida en 1978, dice que aunque el Presidente reiteró que la FGR se incorporaría a los trabajos de la comisión, esto nunca ocurrió. Además, nuevamente la Secretaría de la Defensa se resistió a colaborar con la iniciativa para conocer la verdad.
En un informe publicado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que es parte de la comisión de la verdad, se muestra cómo el Ejército ha obstaculizado la investigación, negándose a entregar información clave (planos, hojas de vida, expedientes, informes), manipulando archivos y hostigando a los investigadores.
El Presidente, de nuevo, defendió a las Fuerzas Armadas y acusó a quienes investigaban de estar malinformados o de desinformar a la ciudadanía.
“Yo sí pensé que el Ejército iba a tener la madurez para pedir una disculpa pública, aceptar que participó en una contrainsurgencia donde se violaron múltiples derechos en diferentes lugares del país. Pienso que nosotros no sabemos la magnitud de lo que se sucedió en realidad en los 70, y fue mucho más grave de lo que pensamos, o continúan intentando cuidar un prestigio”, reflexiona De los Ríos.
El diseño legal de ambas comisiones —la de guerra sucia y la de Ayotzinapa— caminaron a marcha segura mientras tuvieron el respaldo del Presidente y las decisiones se tomaban de mano de las víctimas y de manera técnica, no política.
María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, piensa que la CoVAJ funcionó mientras hubo voluntad política —y que en esto fue clave el subsecretario Alejandro Encinas—, pero que después derivó en una “búsqueda de dar resultados rápidos” que afectó las investigaciones penales, que requieren tiempo, además de que se decidió no ahondar más en las responsabilidades de algunas fuerzas de seguridad, como el Ejército.
El censo de desaparecidos y la búsqueda de enemigos
El 9 de junio de 2023, el Mandatario dijo que implementarían un “censo” de personas desaparecidas. Poco a poco empezaron a hacerse públicos los reclamos de las familias buscadoras a quienes, sobre todo entre junio y julio siguientes, personal de comisiones de búsqueda y fiscalías estatales y de los servidores de la nación visitaron para preguntarles, en sus casas, si ahí estaba la persona que buscaban porque supuestamente se habían vacunado contra el Covid-19.
El escándalo escaló. El Presidente confirmó que sí se estaban realizando las visitas y justificó que, “en algunos casos, se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba a la persona y ya no se quitaba de la lista, del censo”. Esto motivó la renuncia, el 23 de agosto, de Karla Quintana, quien encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda desde 2019.
Las visitas fueron reemplazadas por llamadas realizadas por personal contratado por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, de nuevo preguntando si ahí estaba la persona que buscaban. Era una segunda fase del censo, que ahora era nombrado como una estrategia de búsqueda en vida, casa por casa. Nadie sabía bien cuántas personas estaban siendo halladas ni si se estaban siguiendo los pasos legales para determinar una localización. Ninguna autoridad informó nada.
Encinas, que había pedido a las familias buscadoras confiar en la estrategia sin transparentar el proceso, renunció a su cargo en octubre para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum.
La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, con el visto bueno del Presidente, nombró a Teresa Reyes Sahagún como el reemplazo de Quintana. La mujer hasta ese momento estaba a cargo del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Antes fue coordinadora de las delegaciones en el país de la Secretaría del Bienestar.
Aunque Alcalde dijo que hubo “un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil”, las familias reclamaron que no fueron tomadas en cuenta.
María Herrera cree que la imposición de Reyes Sahagún fue “de nuevo una cachetada” del Presidente para las familias buscadoras. No se les consultó.
Mientras que los colectivos de búsqueda pedían al Presidente que les explicara la metodología y los resultados de la llamada estrategia de búsqueda en vida, López Obrador se reunió, al menos en tres ocasiones, con secretarios de estado y gobernadores de su partido para hablar sobre el tema. Con las familias no lo hizo.
“En lugar de ayudar, creo que (generó) más incertidumbre en las familias, porque ahora tienen una nueva duda, si realmente se vacunaron sus familiares y en dónde. Esa información no se les están dando”, dice Olimpia Montoya.
Esto cambió el 14 de diciembre pasado. Después de seis meses, las autoridades al fin explicaron en qué consistía la estrategia. En la conferencia mañanera, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, expuso la metodología que en la Ciudad de México se estaba realizando para localizar a personas desaparecidas, cruzando información de bases de datos. Realmente se trataba de actualizar registros de personas que nadie buscó y que, por sus propios medios, se volvieron localizables. O que las autoridades sí las habían localizado, pero no modificaron el registro oficial.
En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación dijo que desde mayo de este año se inició la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, replicando el ejercicio de Ciudad de México. Así se habían localizado a 16 mil 681 personas.
Pero dio otras cifras con definiciones que no son legales y resultan engañosas. Dijo que también había 17 mil 843 personas “ubicadas”. Esto es, según la funcionaria, que había indicios importantes de localización, como que sus nombres hayan aparecido en otras bases de datos como la de vacunación por Covid-19 o de programas sociales. La suma entre personas localizadas y personas “ubicadas” era de 34 mil 524, es decir, el 31% se mostraba en una pantalla.
Otras definiciones inexistentes en la ley también fueron retomadas. Alcalde aseguró que había 26 mil 90 registros sin datos suficientes par identificar a las personas y 36 mil 22 registros “sin indicios para realizar acciones de búsqueda”. Únicamente se refería a datos que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el registro oficial que las autoridades locales, principalmente las fiscalías, ingresan al sistema y de las cuales debería tener un expediente en el que estén los datos faltantes.
Finalmente, dijo, había 12 mil 377 personas con registros de confirmación de la desaparición. Esto equivalía al 11% de los 110 mil 964 registros que “analizaron” para hacer la estrategia. Lo cierto es que, legalmente, las desapariciones no se confirman, sino que se busca a las personas desaparecidas y que la única cifra que podría tener sostén y los documentos apropiados para formalizar una localización era la de 16 mil 681 personas.
Tras el anuncio, colectivos en varios estados protestaron porque sentían que el gobierno de López Obrador estaba borrando a sus desaparecidos.
De nuevo, las expectativas de las familias buscadoras decayeron. Las promesas de encontrar a sus hijos e hijas no se cumplen. Y, aunque en este sexenio se lograron avances que soñaban desde que lograron que se aprobara la Ley General en Materia de Desapariciones, lo cierto es que queda mucho por hacer para que la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los cuerpos anónimos sea una prioridad en el país.
De los Ríos dice que las familias que tienen a una persona desaparecida son las profesionales en la amorosa necedad de buscar. “Si no fue en este sexenio, insistiremos en el próximo, porque para nosotros esto no puede estar ni resuelto ni saldado hasta que sepamos qué pasó con nuestros familiares y quiénes fueron (los responsables)”.
