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El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, deslinda su responsabilidad en la red de intereses que benefició con irregularidades a empresas con más de 147 millones de pesos en cuatro años.
El jueves, EL UNIVERSAL publicó un reportaje sobre cómo el Consejo otorgó, a través de 10 Centros Públicos de Investigación (CPIs), contratos millonarios a Gestión del Agua Medio Ambiente (GAMA) con adjudicación directa o tras la simulación de competencia en licitaciones.
En un comunicado lanzado la noche del jueves justifica que los “Centros Públicos gozan de autonomía técnica y de gestión”, por lo que “no es competencia ni responsabilidad del Conahcyt” responder a estas anomalías.
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“Insinuar que su operación obedece a las oficinas centrales del Conahcyt no sólo atiende a una visión centralista en el ejercicio de la administración pública que este gobierno de transformación ha cambiado de forma radical, sino que falta a la verdad con base en las competencias que a cada entidad corresponde”, dice el Consejo sobre el reportaje.
EL UNIVERSAL documentó cómo la empresa GAMA comenzó a ganar contratos en 2019, después de que Álvarez-Buylla colocó a personal de confianza al frente de los CPIs. Es el caso del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que sólo un mes después de que solicitaron la renuncia de la entonces directora, Beatriz Xoconostle, GAMA obtuvo un contrato por más de 6 millones. La misma situación ocurrió en el CIDE tras la designación de José Romero Tellaeche.
Aunque los CPIs son organismos paraestatales, están sectorizados y coordinados por el Conahcyt. EL UNIVERSAL buscó a la institución para saber su posición sobre las irregularidades en la asignación de contratos, como la falta de experiencia de la empresa GAMA para prestar “servicios de reclutamiento” en un contratos por más de 40 millones; sobre la simulación de competencia con su compañía hermana, Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, con la que alterna representantes legales, domicilio fiscal y hasta número telefónico; y por qué le otorgaron adjudicaciones directas por servicios para los cuales ni está dada de alta la empresa, pero no hubo respuesta.
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“Las preguntas expuestas por el reportero a la Coordinación de Comunicación y Cooperación Internacional del Conahcyt para dilucidar los datos en un contexto erróneo, no es competencia ni responsabilidad del Conahcyt, dado que sus atribuciones y las de su directora general no tienen nada que ver con lo que la nota expone”, señala la institución.
