En pesos reales (o pesos constantes, que significa que se considera la inflación), el presupuesto del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (Conahcyt) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no fue capaz de igualar o alcanzar el presupuesto de la administración anterior; se mantuvo inferior.
La simulación de un creciente presupuesto y la toma de decisiones centralizadas y políticas caracterizan la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Conahcyt, que dejará de existir el siguiente gobierno. En un recuento, investigadores señalan los momentos que marcaron la gestión de Conahcyt de la 4T.
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Números reales
Al sumar cada presupuesto anual en pesos corrientes (es decir, sin considerar la inflación), en el sexenio de Enrique Peña Nieto el Consejo contó con 142 mil 543 millones 260 mil 604 pesos, mientras que en el actual recibió 131 mil 854 millones 78 mil 843 pesos, o sea 10 mil 689 millones menos. Pero la diferencia se agrava si se considera la inflación, que en 2023 fue de 4.66% y en lo que va de 2024 es de 1.68%, y aún se prevé un aumento. Así, la brecha es de 52 mil 161 millones 215 mil 268 pesos, lo que quiere decir que en pesos reales, el Conahcyt de la 4T tuvo 32% menos de presupuesto que el sexenio anterior, señala Andrés Agoitia, analista del presupuesto del sector ciencia y estudiante de doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM.
El antes Conacyt (en la 4T se le sumó la H de Humanidades) alcanzó su máximo presupuesto entre 2015 y 2016, cuando recibió más de 27 mil millones. Después, las cifras van para abajo. En el primer año del actual sexenio, Conahcyt inició con una reducción de 15% del presupuesto en pesos reales, pasó de 21 mil 437 millones 872 mil 511 pesos en 2018, a 18 mil 165 millones 234 mil 382 pesos, en 2019, dice Agoitia.
Luego, su presupuesto fue en aumento en pesos corrientes: en 2020 tuvo 19 mil 485 mdp; en 2021 fue de 20 mil 187 mdp; en 2022 recibió 22 mil 906 mdp; en 2023 obtuvo 24 mil 602 mdp; y finalmente para 2024 se le aprobaron 25 mil 722 mdp. Con estas cifras, el gobierno puede afirmar que el presupuesto para Conahcyt creció. Pero este aumento no fue real. Una vez que se considera la inflación, se puede observar que la bolsa se achicó y nunca se recuperó al nivel del sexenio previo.
Al deflactar las cifras, Agoitia señala que el presupuesto real de 2020 fue de 17 mil 853 mdp y el de 2021 fue de 17 mil 702 mdp (ambos, 17% menos que el de 2018); el de 2022 fue de 18 mil 861 mdp, mientras que para 2023 y 2024 tuvo un ligero aumento a 19 mil 393 mdp y 19 mil 348 mdp, respectivamente.
“La gestión de la directora prácticamente convirtió al Conahcyt en un cascarón porque bajó el financiamiento para la ciencia en México, que había sido de 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 a actualmente que es como el 0.3%”, añade Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín.
La economía del Consejo se afectó con la eliminación de los fideicomisos para ciencia. En noviembre de 2020 se formalizó la eliminación, por decreto presidencial, de 109 fideicomisos, de los cuales 91 pertenecían al sector ciencia y tecnología. El monto que perdió el sector fue de 25 mil 741 millones 755 mil 857 pesos. En agosto de 2022, en una reunión de trabajo con diputados y senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la directora del Conahcyt afirmó que los fondos fueron usados para la fabricación de ventiladores respiratorios “y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar: a los recursos disponibles de la Tesorería de la Federación para proyectos prioritarios a nivel federal”.
“La extinción de los fideicomisos fue problemático porque conllevó la pérdida de los fondos de investigación (a largo plazo) que tenía Conacyt. Fue una pérdida neta de recursos para el sector científico, lo único que queda son los presupuestos que se asignan anualmente”, dice David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y miembro de ProCienciaMx.
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Proyectos fallidos
Hubo una serie de proyectos del Consejo que fueron fallidos o quedaron pendientes, cuyo fracaso reside en la toma de decisiones políticas y no científicas. Entre éstos están los ventiladores Ehécatl 4T y Gätsi-Dydetec, producidos a sobrecosto, así como la vacuna Patria —que costó 937 millones de pesos, de los cuales 422 millones provienen de Conahcyt— y con el que se dio más peso a la idea de recuperar “autosuficiencia” como país en la producción de vacunas, que en atender la crisis pues a cuatro años de la pandemia por Covid-19, recién fue aprobada por Cofepris, pero no ha sido distribuida ni aplicada. Raúl Rojas también señala que la vacuna no cuenta con estudios que respalden su efectividad y que la cepa del virus evolucionó.
Otro “fraude”, como lo nombra Rojas, fue la búsqueda de una alternativa al glifosato para así lograr su prohibición. Conahcyt no lo consiguió, por lo que diversas dependencias declararon en marzo que no se podría prohibir el químico que se usa en sembradíos. Ante ello, Álvarez-Buylla insistió en que había alternativas, pero no prosperó el tema. “En todo el mundo están buscando alternativas. La Unión Europea lleva trabajándolo desde hace años y hasta ahora no lo han encontrado. Aquí la directora de Conahcyt anunció que en meses iba a haber una alternativa, lo que hace que el proyecto no sólo sea un fracaso, sino una mentira”, declara Rojas.
Rizoma, la plataforma digital que creó el Conahcyt para que investigadores apliquen al SNI, fue un proyecto que en afán de lanzarlo rápido, se entregó a medias. Esto ocasionó que investigadores no pudieran aplicar de forma óptima al programa. Pese a las quejas de la comunidad, Conahcyt negó por mucho tiempo que hubiera alguna falla en el proyecto que costó 90 mdp, hasta que la Auditoría Superior de la Federación documentó que hubo “deficiente” supervisión en el desarrollo de la plataforma.
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Mala relación
En 2019, Álvarez-Buylla dijo a EL UNIVERSAL que su trabajo “no es calificar a los científicos” sino “llamar a todos a trabajar en favor del país”. La relación de la comunidad con el gobierno hoy está más que desgastada.
El caso de la Fiscalía General de la República —cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, recibió en este sexenio el máximo nivel del SNI, pese al plagio documentado de sus libros— contra 31 científicos y administrativos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, marcó la mala relación entre el gobierno y la comunidad científica. Al final, un juzgado desechó el caso por falta de sustento.
Sin embargo, este desdén a la comunidad siguió presente en el proceso de aprobación de la polémica Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Aunque la directora se comprometió a crear una discusión amplia sobre la nueva Ley, esta se aprobó la madrugada del 29 de abril de 2023 y sin haber realizado todos los foros de debate a los que se habían comprometido las autoridades. Entre los puntos negativos de la Ley está la violación del derecho humano a la ciencia al excluir a investigadores de universidades privadas, afirma Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología. Hasta la fecha continúan los procesos de investigadores que han decidido ampararse de esta ley.
“Muy lamentablemente la gestión, estará por siempre marcada por la persecución a los investigadores, a los del CIDE y por el desprecio al aporte que ofrece la comunidad científica”, añade Mónica Mendoza, investigadora que se vio afectada por Rizoma.
“Ha sido por mucho, la peor administración de Conahcyt que hemos experimentado por años y mire que eso es romper un récord bastante negativo”, dice Romero.