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María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), convocó a la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para modificar diversos artículos del Estatuto General de ese Centro Público de Investigación, con la intención de “regularizar a la mala todas las ilegalidades que ya cometieron”; sin embargo, ese llamado de la funcionaria ha sido calificada como “ilegal”, pues para lograr esa sesión, las reformas propuestas debieron ser aprobadas previamente por el Consejo Académico del CIDE.
“Por instrucciones de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en mi calidad de Presidente Suplente de la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), (…) tengo el agrado de convocarlos a la Primera Sesión Extraordinaria 2022, de la mencionada Asamblea General de Asociados a celebrarse el 14 de enero del año en curso a las 09:00 hrs. (Hora del centro del País), por videoconferencia”, se lee en un oficio firmado por José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt.
El objetivo de esa reunión será que la Asamblea General de Asociados —conformada por el gobierno federal, representado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público; Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México— apruebe las reformas a los artículos 29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V del Estatuto General CIDE.
Sin embargo, Javier Martín Reyes, Doctor en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que “en este momento, la Asamblea General no puede aprobar ningún tipo de cambio a los estatutos, porque el propio Estatuto General establece que antes de pasar por la aprobación de la Asamblea General, el Consejo Académico —que es otro órgano donde hay representantes de los profesores y directores de divisiones— tiene que aprobar cualquier cambio a los estatutos antes de que se sometan a conocimiento de la Asamblea General, en ese sentido es una convocatoria abiertamente ilegal, aunque claramente lo que pretenden es saltarse al Consejo Académico”.
La opinión del especialista se funda en lo estipulado en el actual Estatuto General del CIDE que en el artículo 42, fracción V, estipula que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General”.
Pese a lo estipulado en la ley, el Conacyt tiene contemplado que los miembros de la Asamblea General de Asociados aprueben reformas que de acuerdo con Martín Reyes, no abonan a solucionar la crisis en la que se encuentra el CIDE desde agosto, cuando renunció a la dirección Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, y José Antonio Romero Tellaeche fue designado como director interino.
En su interinato, Romero Tellaeche sobresalió por haber destituido a Catherine Andrews de la Secretaría Académica, quien se negó a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs) porque ya estaban programadas con semanas de anticipación tal y como lo planteaba el reglamento.
Sin embargo, el funcionario calificó la acción de Andrews como “un acto de rebeldía”. También destituyó a Alejandro Madrazo Lajous, de la dirección del CIDE en la región centro sede Aguascalientes, por “pérdida de confianza”, esto luego de que el investigador emitiera críticas hacia la actual administración.
A la par, Romero Tellaeche se postuló para ser ratificado en ese puesto y por ello, la comunidad estudiantil se manifestó afuera del Conacyt el viernes 19 de noviembre de 2021, para dialogar con María Elena Álvarez-Buylla, pero tras tres horas de protesta, nadie del Conacyt les recibió su pliego petitorio en el que entre otras cosas, pedían la destitución del entonces director interino.
Pese a ello, el 29 de noviembre, Álvarez-Buylla ratificó a Romero Tellaeche como director del CIDE, para el periodo 2021-2026, y esto provocó que los estudiantes tomaran las instalaciones. Desde entonces, a la fecha, y aunque la titular del Conacyt ha declarado públicamente estar abierta al diálogo, en cinco ocasiones ha ignorado las propuestas de reuniones con estudiantes, profesores y trabajadores del CIDE.
Modificaciones planteadas por Conacyt.
De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se plantea que por ejemplo, en el artículo 29 que habla sobre las facultades “indelegables” del Consejo Directivo ya no diga en su fracción IV “formalizar el nombramiento del Director General de la Asociación; asimismo formalizar la ratificación del mismo para un segundo periodo”, sino únicamente “tomar conocimiento del nombramiento del Director General de la Asociación, y en su caso tomar conocimiento de la ratificación del mismo para un segundo periodo”.
Para Martín Reyes, con esa reforma se cambia el proceso de designación del director general: “Hoy la última palabra en ese proceso la tiene el Consejo Directivo, que es el órgano de gobierno y es colegiada. Entre otras cosas, el nombramiento de Romero Tellaeche fue ilegal porque no dejaron que votara el Consejo Directivo. Hoy pretenden quitarle esa facultad al Consejo Directivo de decidir si formaliza o no el nombramiento, para que sea una elección por dedazo, para que la última palabra la tenga el director o directora de Conacyt”.
Una segunda reforma es la del artículo 34, sobre el puesto de Secretario Académico, que por ahora pide entre sus requisitos el “haber sido académico activo de la Asociación al menos durante los dos años anteriores al nombramiento”, aunque se pretende modificar a “haber sido miembro activo del personal académico de la Asociación al menos durante los tres años anteriores al nombramiento, o haber sido miembro activo de una institución académica de enseñanza o investigación superior con amplio reconocimiento”.
Esto se da después de que aunque desconocido por la comunidad cideíta, Romero Tellaeche nombró a Jordy Micheli Thirion como encargado de despacho de la Secretaría Académica, a pesar de que no cumple con los requisitos, situación que la misma Álvarez-Buylla reconoció el 7 de diciembre: “El doctor Jordy nos está ayudando de una manera transitoria, él no va a permanecer. Mi propuesta es que alguien joven de la institución, comprometida o comprometide, con el cambio, con la diversidad y con respeto, sea quien ocupe esta secretaría”.
Otros cambios que propone el organismo lidereado por Álvarez-Buylla están en el artículo 42, sobre las facultades y obligaciones del Consejo Académico, que en sus fracciones II, III, IV y V establece que deberá “conocer y aprobar” el programa anual de trabajo del director general, la creación o suspensión de programas docentes, los proyectos de todas las disposiciones académicas de aplicación general en el CIDE y toda modificación a los Estatutos; sin embargo, ahora el Consejo Académico ya no podrá aprobar, sino únicamente “opinar”.
“El contrapeso más grande que tienen Romero Tellaeche y Conacyt es el Consejo Académico porque es ahí donde está representadas todas las divisiones, lo que se pretende es que todas las facultades que tenía para aprobar un montón de cosas ahora se conviertan nada más en meras opiniones. Lo que pretenden es debilitar al órgano colegiado más importante que tenemos. Quieren un Consejo Académico puramente decorativo, que opinen lo que quieran y que al final el director general decida”, dice Martín Reyes.
El doctor en Derecho analiza cada cambio y sostiene que “todas estas reformas son intentos para regularizar a la mala todas las ilegalidades que ya cometieron. Las reformas apuestan por el pensamiento único, por las decisiones unipersonales, por concentrar el poder en el director general y por otro lado, debilita a la comunidad académica, a los órganos colegiados y hace que las decisiones ya no se tengan que tomar escuchando y pidiendo la decisión de la comunidad sino que se puedan procesar de manera unilateral a través de la voluntad del director general. Esto no es ningún llamado al diálogo. Esto es echarle gasolina al incendio, agravaría aún más la situación que ha pasado el CIDE”.
