Se suman y se refuerzan las preguntas que la Asamblea Estudiantil del CIDE se volvió hacer el pasado lunes sobre las irregularidades y presunta corrupción en la que incurrió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). ¿Por qué no han logrado obtener el visto bueno de un notario?, ¿por qué se niegan a presentar el instrumento notarial?, ¿por qué el “acta de designación” que el Conacyt presentó como respuesta al requerimiento del Poder Judicial de la Federación y al mandato del pleno del INAI carece de formalidades jurídicas mínimas?, ¿por qué el documento no cuenta con la protocolización ante Notario Público? y ¿por qué no contiene la lista de asistencia con firmas autógrafas de las personas e instituciones que participaron de la sesión del pasado 29 de noviembre cuando designaron a Romero Tellaeche? son las interrogantes que han mantenido a los inconformes en la lucha y parece confirmarles que si no hay acta notariada ni se contaron ni se registran los votos eso “constituye confesión de que el proceso de designación fue ilegal al referir diversas irregularidades que ya hemos impugnado, entre ellas que no se permitió la votación de los asociados del CIDE sobre la formalización del cargo en el que se impuso a Romero Tellaeche”. Y también se reitera la pregunta: ¿Qué virtudes tiene el doctor José Antonio Romero Tellaeche como para que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, lo defienda a capa y espada a pesar de que en los últimos días se han documentado plagios cometidos por su subordinado?
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