En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, sin la H de Humanidades que se le agregó recientemente a su nombre), que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, hay una red de intereses para favorecer a una empresa con más de 147 millones.
A través de adjudicaciones directas y simulación de competencia en licitaciones, la empresa Gestión del Agua y Medio Ambiente (GAMA) ha recibido 147 millones 823 mil 71 pesos en sólo cuatro años por contratos con varios Centros Públicos de Investigación (CPIs), adscritos al Consejo.
GAMA se dio de alta en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del gobierno federal en 2019, bajo el folio 87503; y ese año empezó a recibir millonarios contratos por parte de los CPIs.
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Está inscrita como empresa pequeña, según la estratificación que establece el gobierno. Ha sido contratada en 10 de los 27 CPIs para ejecutar actividades distintas al giro comercial por el cual se registró, que van desde la administración de nómina, servicios de reclutamiento, compra de material especializado, almacén de bienes y hasta venta de servicios de alimentos.
Uno de los primeros contratos de GAMA con los CPIs se dio el 29 de marzo de 2019 con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) por 6 millones, justo un mes después de que Elena Álvarez-Buylla solicitó la renuncia de la entonces directora del CICY, la doctora Beatriz Xoconostle.
Algunas instituciones científicas en las que GAMA ha ganado contratos son donde Álvarez-Buylla ha colocado a su “personal de confianza” al frente. Como el caso del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que celebró su primer contrato con GAMA en 2022, una adjudicación directa por un servicio de comedor por 91 mil 349 pesos, unos meses después de la designación irregular de José Romero Tellaeche, quien además fue acusado de plagio.
Pero no son los únicos casos, este patrón se repite, al menos, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en el CentroGeo y en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado Jalisc o (CIATEJ), que empezaron otorgarle contratos a GAMA después de que Álvarez-Buylla designó a nuevos directores.
En 2019, el primer año que GAMA recibió contratos con Conacyt, la empresa ganó 47 millones 585 mil 370 pesos a través de seis contratos con los CPIs. Destaca el de 27 millones 600 mil 226 pesos, ya con IVA, que le otorgó el CIATEJ a través del contrato CIATEJ-GDL-SG-004-19 para la “Administración de personal complementario”.
En 2020, el CICY otorgó seis adjudicaciones directas a GAMA en un sólo día por un total de 98 mil 31 pesos. Entre los justificantes por la falta de licitación pública, el CICY señaló que uno de los bienes o servicios que pretendían contratar eran “productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio”, “patentes y regalías”, “convenciones y congresos”, “pasajes aéreos”. Pero en los expedientes no está la descripción de los servicios contratados.
El contrato más alto que concedió un CPI a Gestión del Agua fue por 40 millones 600 mil 40 pesos de parte del CICESE, en 2022, y fue para un “servicio de reclutamiento y selección de personal”, pero en la plataforma Compranet del gobierno federal no está completo el expediente sobre las bases de la convocatoria ni los anexos del servicio.
En octubre de 2022, el CIDE le dio a GAMA una adjudicación directa por “servicios de alimentos” por 91 mil 439 pesos para las sedes Santa Fe y Aguascalientes, actividad en la que no está dada de alta la compañía. A pesar de ello cotizaron un Menú Ejecutivo (sopa, tortillas, frijoles enteros, agua de sabor, pechuga rellena de queso y strudel de manzana) por 249 pesos por unidad. Académicos y alumnos de Santa Fe documentaron que algunos alimentos servidos estaban echados a perder.
El modus operandi de Gestión del Agua ante Conacyt es simular
El modus operandi entre Gestión del Agua y Conacyt es simular competencia con su empresa hermana Ingeniería del Agua y Medio Ambiente.
De acuerdo con los 25 contratos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, estas empresas comparten los mismos representantes legales: Leonardo Hernández Barrios y José Antonio Brito Salgado. Además, van alternando las direcciones fiscales que registró cada empresa, ambas en Cuernavaca, según les convenga. Incluso hay adjudicaciones en las que participan juntas.
El corresponsal de EL UNIVERSAL en Morelos realizó visitas para constatar los dos domicilios que estas empresas proporcionan y alternan para ganar contratos. En Calle de la Luz 3, colonia Chapultepec, la construcción no cuenta con ningún letrero o razón social que aluda a la empresa. Al solicitar información en la casa de portón café, que cuenta con cámaras de vigilancia, una secretaría respondió por el interfón que, tras consultar con sus superiores, no darían una entrevista porque es una “empresa privada” y exhortó a agendar un espacio vía telefónica.
A tan sólo 1.7 kilómetros de distancia se ubica el otro domicilio de estas empresas: Rivera Crespo 110, colonia Satélite, en una de las demarcaciones con altos índices de violencia en Cuernavaca. La casa gris de tres pisos tampoco tiene ninguna referencia sobre las compañías. Se solicitó una entrevista con el representante legal: “Permítame un momento”, respondió una mujer por el interfón. Tres minutos después, comentó que “no había nadie en la empresa con esos nombres”.
Al llamar por teléfono a los números que Gestión del Agua proporcionó en los contratos con el gobierno y que también consigan en su sitio web, respondieron a nombre de la empresa gemela: Ingeniería del Agua.
Ante la petición de una entrevista, señalaron: “Los representantes se fueron a comer; en una hora podrán responder sus preguntas”. Pero los encargados del lugar no volvieron a contestar las llamadas.
Gestión del Agua nació para ofrecer servicios de ingeniería civil y gestión de los recursos hídricos. Pero en 2017 modificó sus estatutos y ahora está registrada para brindar “servicios de administración de personal”.
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Antes de su vínculo con Conacyt, la compañía tenía poca participación en las adjudicaciones del gobierno, en 2018 prestó servicios al Instituto Mexicano Tecnológico del Agua, a pesar de que para esta fecha no estaba inscrita en el Registro Único de Proveedores. Su representante legal, Leonardo Hernández Barrios, colaboró en esta institución, también ubicada en Morelos.
Recientemente, la directora del hoy Conahcyt, Elena Álvarez-Buylla, aprovechó su visita a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir una supuesta radiografía de “las redes que habilitó uno de los Centros Públicos de Investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación”.
EL UNIVERSAL se comunicó a las oficinas del ahora Conahcyt para puntualizar su versión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. (Con información de Justino Miranda)