La situación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) deviene de una confusión en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues en el organismo que encabeza María Elena Álvarez-Buylla se “confunde autonomía con autoritarismo”, señaló la comunidad estudiantil de ese Centro Público de Investigación, por la manera en que la funcionaria designó a José Antonio Romero Tellaeche como director y los recientes cambios a su Estatuto General.
“El Conacyt confunde autonomía con autoritarismo. Que el Conacyt pueda imponer un Director General, y que este concentre un poder sin contrapesos, no es autonomía”, dijo la comunidad estudiantil del CIDE.
El pasado lunes 24 de enero, Álvarez-Buylla consumó los cambios al Estatuto General del CIDE sin haber tomado en cuenta al Consejo Académico como lo establece su normativa, pero la crisis en esa institución no es reciente, inició desde agosto, cuando renunció a la dirección Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, y Romero Tellaeche fue designado por el Conacyt como director interino, cargo en el que sobresalió por haber destituido a los académicos Catherine Andrews y Alejandro Madrazo Lajous de sus cargos administrativos.
Las acciones de Romero Tellaeche provocaron que el 19 de noviembre, la comunidad del CIDE realizara una protesta afuera del Conacyt, en Insurgentes Sur 1582, y tras más de cuatro horas de protesta, ninguna autoridad del Consejo mostró apertura para recibir un pliego petitorio en el que entre otras cosas, pedían la reposición de la convocatoria para la elección del director.
Aun así, 10 días después, Álvarez-Buylla anunció que designaba a Romero Tellaeche como director del CIDE y la comunidad estudiantil decidió tomar las instalaciones.
Debido a la toma de las instalaciones, Álvarez-Buylla declaró estar abierta al diálogo, aunque ignoró el llamado de estudiantes y académicos en cinco ocasiones. Sin embargo, 48 días después y debido al aumento de contagios de Covid-19 , los alumnos del CIDE anunciaron que abandonaría las instalaciones el sábado 15 de enero, aunque advirtieron que buscarían otras formas de protestas, sobre todo porque la directora del Conacyt había iniciado un proceso para modificar su Estatuto General en medio de otro proceso irregular.
Frente a todos los señalamientos, Álvarez-Buylla afirmó que todos los cambios que se han realizado son producto de “un ejercicio democrático”. Y ayer, el Conacyt emitió una serie de mensajes en los que a través de cuatro puntos aseveró que la designación de Álvarez-Buylla sobre Romero se hizo conforme a lo establecido en el Estatuto General del CIDE.
Sin embargo, esta noche, la comunidad estudiantil realizó “una síntesis” con “cuatro puntos que informan sobre el verdadero estado actual de nuestra institución”. Explicaron que la designación de Romero como director del CIDE “está sustentada en la evaluación de un órgano de auscultación externo, conformado por personas con un claro conflicto de interés por la relación personal y profesional que comparten con Romero”.
Además, “es ilegal porque el Estatuto vigente, en ese momento, ordenaba la formalización por parte del Consejo Directivo como requisito para la designación del Director”, indicó la comunidad estudiantil.
La designación de Romero no es el único que problema en la crisis del CIDE, pues Álvarez-Buylla convocó a la Asamblea General de Asociados a una reunión el viernes 14 de enero. Ese día, mientras afuera del Conacyt se manifestaban alumnos y académicos, se dio a conocer que la reunión había sido pospuesta, aunque se realizó el lunes 24.
La Asamblea General de Asociados —conformada por el gobierno federal, representado por el Conacyt, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público; Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México— se reunió y aprobaron las reformas al Estatuto.
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Hubo cuatro votos a favor emitidos por los representantes del Conacyt, SEP, Energía y el FCE; dos votos en contra por parte de Economía y el Colmex, y la abstención de Banxico.
Sin embargo, desde el inicio las reuniones de Álvarez-Buylla fueron calificadas de ilegales, porque el Estatuto General del CIDE establece en el artículo 42, fracción V, que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General”, y ese procedimiento no se llevó a cabo.
No sólo por eso, dijo la comunidad del CIDE, sino que también está lo que estipula el Art. 29 inciso I, en el que se “faculta al Consejo Directivo a “aprobar, a propuesta del Director General […] las normas y las demás disposiciones que establezcan las bases de organización, las facultades y funciones que correspondan a las áreas que integran el Centro”, y “ninguno aprobó las reformas”.
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Agregaron que “no existe búsqueda de pluralidad cuando se modifican los Estatutos para imponer a personal que no cuenta con los elementos que el reglamento demanda” y que “si el verdadero interés es la pluralidad, sometan a consulta de la comunidad los puestos de Secretario Académico y Secretario de Vinculación”.
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