Desde el proceso de auscultación para elegir a Patricio Méndez como director del Conservatorio Nacional de Música ( CNM ) y hasta el día de hoy “no existe una sola denuncia formal contra Méndez”, cuenta, en entrevista, Pedro Fuentes Burgos, presidente de la Comisión de Ética del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL ). En protesta por la designación, la comunidad estudiantil está en paro de labores, al menos, hasta el 2 de septiembre.
Fuentes Burgos detalla que el Código de Ética es un documento normativo cuyo objetivo es referenciar y evitar que el comportamiento de los servidores públicos sea agresivo o dañino para terceros. El funcionario complementa que “el proceso de auscultación fue abierto y tiene como fin que la elección sea lo más asertiva posible. Es para conocer pros y contras".
Todos tuvieron oportunidad de denunciar algo de Méndez, lo cual no sucedió”, señala Fuentes Burgos y subraya que en el procedimiento ya se prevén las medidas preventivas para evitar la revictimización.
“Existe la petición para que no se conozca el nombre de quién está denunciando. Pero hay otros elementos, como la circunstancia, el tiempo, el modo y el lugar; sin ellos no podemos seguir un debido proceso a quien se le inicie una investigación".
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Se necesitan las circunstancias exactas. Desafortunadamente no hemos recibido más que una queja genérica, un resumen de los tendederos. Cuando se trata de un ´yo escuche´ o ´yo supe´ se violan los derechos del inculpado”.
Y toma como ejemplo los linchamientos en ciertas localidades. “Hay poblaciones donde basta que alguien grite que una persona se quiere robar a un niño o que es un violador y esto provoca verdaderas tragedias”.
Fuentes Burgos reconoce también que los tendederos son una forma de denuncia, pero es necesario cumplir con los debidos procesos para no violar los Derechos Humanos de los señalados. “Debe ser la víctima o el testigo directo de un acto violatorio, determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar”.
Los estudiantes han acusado que la Comisión de Ética no les brinda seguridad, puesto que su identidad no es resguardada ante los miembros del Comité, y que la denuncia implica revictimización, ante lo que el funcionario responde que “existen elementos de protección, medidas cautelares cuando la víctima dice que no quiere que se sepa su nombre. El Comité, que fue elegido por la comunidad, por supuesto, debe enterarse del nombre, pero tiene la obligación de guardar la secrecía y puede ser sancionado si no la respeta”.
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Sobre la revictimización de quienes denuncian, Fuentes Burgos aclara que también hay medidas preventivas: “Si un servidor público tiene poder sobre un tercero y lo hace víctima, tenemos que evitar que esta persona pueda seguir actuando. Por lo que el acusado es separado de toda relación con el denunciante, justo para evitar que con la denuncia haya represalias hacia los alumnos”.
Fuentes Burgos recalca que la cultura de la denuncia es positiva. “Es momento de que nos demos cuenta de que vale la pena denunciar si hemos sufrido algún menoscabo hacia nuestra integridad. En los últimos tres años, de tener 15 denuncias anuales hemos pasado a más de 60.
En la misma semana que llegan las denuncias tenemos la obligación de admitirlas para estudio, nuestro límite son tres meses para dar resolución. A los alumnos se les aclaró que las quejas no prescriben, por eso los invitamos a presentar las denuncias ante el Comité”; y lamenta que no haya ningún denunciante identificado ni un señalamiento de “modo, tiempo, lugar y circunstancias exactas, lo cual dificulta una investigación como precedente en el Código de Ética que ayude en el acompañamiento ante las instancias correspondientes o, incluso, ante la Fiscalía cuando la acción ya constituye un delito”.
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