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Un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), que encabeza María Elena Álvarez-Buylla , que entregue una copia “certificada, clara y legible del acta formal y notariada de la formalización del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como Director General del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C”.
La crisis en el CIDE inició desde agosto, cuando renunció a la dirección Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, y José Antonio Romero Tellaeche fue designado por el Conacyt como director interino, cargo en el que sobresalió por haber destituido a Catherine Andrews y Alejandro Madrazo Lajous de sus cargos administrativos, lo que llevó a los estudiantes a realizar una protesta el 19 de noviembre, aun así, 10 días después, Álvarez-Buylla lo ratificó como director del CIDE y la comunidad estudiantil decidió tomar las instalaciones.
Sin embargo, la comunidad del CIDE también emprendió judiciales, pues han señalado que todo el procedimiento para el nombramiento de Romero Tellaeche se realizó de forma irregular.
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“La orden es resultado de uno de los muchos amparos que presentamos el 25 noviembre —antes de la ratificación de Romero Tellaeche—. En ese primer momento reclamamos la omisión de convocarnos en nuestro carácter de personas alumnos del CIDE al proceso de auscultación interna para nombrar al nuevo director. La demanda fue admitida el 26 de noviembre, pero el 29, Romero fue nombrado director y el 2 de diciembre ampliamos la demanda de amparo, porque se sumaron agravios, y esta ampliación fue admitida un día después”, explica Víctor Meade, estudiante de Derecho en el CIDE.
En la ampliación de la demanda, detalla el estudiante, se solicitó que “rindieran el acta del nombramiento de Romero, no lo hicieron y el jueves pasado la solicité al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, a partir de lo estipulado en el artículo 121 de la Ley de Amparo, que indica que cuando yo quiero ofrecer alguna prueba que no tengo en mi poder porque la tiene la autoridad a la que señalo como responsable, lo que se tiene que hacer es acreditar que se solicitó y que no me la han dado”.
Víctor solicitó el acta al Conacyt a través de dos vías: solicitud en la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como en un escrito en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt. Sin embargo, en ninguna de las dos obtuvo respuesta.
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“Nosotros creemos que no han exhibido el acta porque no la tienen, pero ya el hecho de que un juzgado le requiera al Conacyt que muestre el acta y si no la da, implícitamente nos dará la razón de que el proceso de designación de Romero Tellaeche se realizó con muchas irregularidades”, indica Víctor.
En la orden del juzgado se lee: “requiérase al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), remita copia certificada, clara y legible del acta formal y notariada de la formalización del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como Director General del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. Apercibido que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal que le asista, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, lo anterior con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia”.
El estudiante señala que una vez que una vez notificado, el Conacyt tiene 10 días hábiles y si incumple el mandato, se le impondrá una multa: “En caso de que sigan sin exhibir el acta, el Juzgado está obligado a darle vista al Ministerio Público y denunciar los posibles hechos delictivos en materia administrativa. por no exhibir el acta”.
En cuanto se tenga el acta de Romero Tellaeche como director del CIDE, agrega, será analizada para revisar que cumpla con todos los requisitos de validez: “Con base en esas consideraciones serán formulados los alegatos convenientes para rendirlos al juzgado, antes de que emitan la sentencia sobre el fondo de este asunto”.
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