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El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió un amparo que la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas ( CIDE ) interpuso por los cambios a su Estatuto General, que fueron ordenados por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en medio de un proceso al que han calificado de irregular.
“El pasado martes 15 de febrero, integrantes de toda la Comunidad del @CIDE_MX solicitamos el amparo y protección de la justicia federal por las ilegalidades cometidas por integrantes del Consejo Directivo en la reciente reforma al Estatuto General del CIDE (…) Más de 60 integrantes de la comunidad —alumnxs, profesorxs y personal administrativo— suscribimos este amparo. Éste ya ha sido admitido y confiamos en que la justicia federal reconocerá que la razón nos asiste en la defensa de la legalidad y la autonomía”, informó la comunidad del CIDE.
La crisis en el CIDE no es reciente, inició desde agosto, cuando renunció a la dirección Sergio López Ayllón, doctor en derecho por la UNAM, y José Antonio Romero Tellaeche fue designado por el Conacyt como director interino, cargo en el que sobresalió por haber destituido a Catherine Andrews y Alejandro Madrazo Lajous de sus cargos administrativos, lo que llevó a los estudiantes a realizar una protesta el 19 de noviembre, aun así, 10 días después, Álvarez-Buylla lo ratificó como director del CIDE y la comunidad estudiantil decidió tomar las instalaciones.
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Por su parte, Romero Tellaeche nombró a Jordy Micheli como encargado de despacho de la Secretaría Académica, cargo del que fue destituida la doctora Catherine Andrews porque según Romero, cometió un “acto de rebeldía”, esto a pesar de que no cumplía con los requisitos, situación que fue reconocida por Álvarez-Buylla, quien declaró en una reunión virtual del 7 de diciembre: “El doctor Jordy nos está ayudando de una manera transitoria, él no va a permanecer. Mi propuesta es que alguien joven de la institución, comprometida o comprometide, con el cambio, con la diversidad y con respeto, sea quien ocupe esta secretaría”.
En tanto que Álvarez-Buylla declaró estar abierta al diálogo, aunque ignoró el llamado de estudiantes y académicos en varias ocasiones. Por otro lado, debido al aumento de contagios de Covid-19, los alumnos del CIDE anunciaron que abandonaría las instalaciones el sábado 15 de enero, pero realizaron otras protestas pues Álvarez-Buylla emprendió acciones para cambiar el Estatuto General del CIDE.
El primer intento de Álvarez-Buylla para modificar el Estatuto General del CIDE fue el 14 de enero, pues la funcionaria convocó a la Asamblea General de Asociados —conformada por el Conacyt, las secretarías de Educación, Hacienda, Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México—. Esa reunión no se concretó pero sí lo hizo la mañana del lunes 24. Ambas convocatorias fueron calificadas de ilegales, pues el Estatuto General del CIDE establece en el artículo 42, fracción V, que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General”, procedimiento que no se llevó a cabo.
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Entre los cambios al Estatuto General que hizo Álvarez-Buylla están el que se “elimina por completo la participación del Consejo Directivo en la designación del DG. Es decir, permite que su nombramiento quede únicamente en las manos del @Conacyt_MX, prácticamente eliminando las condiciones de autogestión del Centro” y se “permite que personas ajenas al CIDE ocupen la Secretaría Académica, mientras que hace más difícil que profesorxs internxs sean elegibles para el puesto”.
Esa serie de cambios, indicó la comunidad del CIDE, “causan agravio a toda la comunidad en tanto que minimizan las condiciones de autonomía y capacidad de organización interna reconocidas en el artículo 3 constitucional. Esta nueva configuración, además, subordina al CIDE a lo que disponga el Poder Ejecutivo, otorgándole una línea directa a través de la directora del @Conacyt_MX", “viola las garantías de legalidad que asisten a la comunidad, pues su procedimiento no se sujetó a lo establecido por el propio Estatuto. Su art 42 dispone que es obligación del Consejo Académico conocer y aprobar toda modificación, lo cual no ocurrió” y “viola de nuevo las garantías de legalidad, al no haberse generado un acta protocolizada y notariada tanto de las propias reformas como de los nombramientos de Micheli y Santillán”.
mafa
