La búsqueda de tesoros en México —también conocida como detectoturismo— es una actividad que día con día crece y adquiere seguidores, a pesar de que es un delito federal buscar, extraer, manipular o comerciar con piezas paleontológicas, arqueológicas, históricas o artísticas.
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Pese a esto, canales en YouTube dedicados a la búsqueda de tesoros y a la venta de detectores para buscar tesoros en mares y tierra, son la evidencia de la falta de atención de las autoridades sobre la extracción y venta de bienes arqueológicos.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos señala que es ilegal buscar, modificar, extraer o vender bienes muebles o inmuebles, ya que estos pertenecen directamente al Estado y particularmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia responsable de la conservación y estudio del patrimonio nacional.
A lo largo de esta Ley Federal se estipula que está prohibido buscar y extraer vestigios. Destaca el Artículo 2, que señala que la recuperación de patrimonio arqueológico o histórico es de interés público para la nación, y que la Secretaría de Cultura federal, en coordinación con el INAH, llevarán a cabo tareas de concientización para evitar el saqueo arqueológico:
“La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia […] organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación”.
Sin embargo, la búsqueda de vestigios y su manipulación es un problema recurrente en muchas zonas del país. Una evidencia clara de esta problemática son los canales de YouTube “Detección Metálica” y “Cazador de Tesoros”, los cuales tienen contenidos audiovisuales en los que muestran la búsqueda de tesoros y que dejan ver también que diferentes piezas arqueológicas, como vasijas, tepalcates, esculturas y otros objetos, son extraídos de sus contextos originales.
Si bien los “cazatesoros” dedican su actividad a encontrar metales de valor –monedas, plata, oro–, las piezas arqueológicas se han vuelto un objetivo “atractivo” en el rastreo de tesoros.
Y es que aunque la Ley Federal de Monumentos establece que es ilegal extraer y manipular bienes muebles arqueológicos, tiene huecos legales que permite que los cazadores de tesoros lleven a cabo búsquedas en mar y tierra.
Omar Espinosa Saavedra, arqueólogo perteneciente al INAH, explica a EL UNIVERSAL que la caza de tesoros no puede ser totalmente enfrentada por la Ley Federal de Monumentos, debido a la complejidad que conlleva esta actividad.
Destaca también que el Capítulo III del Código Civil Federal tiene un apartado para la búsqueda de tesoros, e incluso brinda una definición al término “tesoro”, que choca con la definición de bienes muebles o piezas arqueológicas o históricas que brinda la Ley Federal de Monumentos.
“El Código Civil Federal dice que sí se puede hacer búsqueda de tesoros en México, pero hay que resaltar la misma definición que este Código brinda al término, que básicamente define a los tesoros como el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legitima procedencia se ignore”, señala Omar Espinosa.
El también divulgador cultural apunta que hay una disparidad entre el Código Civil Federal y la Ley Federal de Monumentos. “Es claro que, al igual que en otros países, existe la caza de tesoros en México, y se justifica que sea una actividad dedicada a buscar metales y monedas, pero hay contradicciones en la Ley de Monumentos y en el Código Civil, ya que éste último no toma en cuenta a la Ley Federal para dar su definición de tesoro”.
Espinosa apunta que la Ley Federal de Monumentos no concibe a los objetos del subsuelo como tesoros, sino como vestigios del pasado, con una historia, contexto, finalidad y con una importante necesidad de conservación. “Ya no se estipulan como tesoros a estos bienes del subsuelo, sino como vestigios históricos, tanto es así que hay una división clara que cataloga a los objetos como paleontológicos (fósiles), arqueológicos, históricos y artísticos”.
Sin embargo, es en la catalogación de los objetos históricos donde también existe un hueco, apunta Espinosa. “Lo paleontológico se refiere a fósiles, lo arqueológico a huesos, cerámica, obsidianas, vidrio, piedra, pero lo histórico se refiere casi a cualquier material, por ejemplo, metales, los cuales son el objetivo de estos cazadores de tesoros”.
Espinosa explica que aunque lo perteneciente al siglo XX es catalogado como bien artístico, esta categoría está dedicada principalmente a edificios y monumentos con alto valor estético, por lo que los metales podrían no entrar en esa categoría, sin embargo, hay ambigüedad.
Es precisamente en ese hueco temporal que los cazadores de tesoros han encontrado un nicho de explotación, ya que algunas de las empresas que venden detectores lo hacen con el argumento de que encontrar metales o monedas, ayuda a limpiar las playas de basura ferrosa, y también promueven el detectoturismo como actividad recreativa.
“De alguna manera, se pueden realizar búsquedas de materiales en el territorio nacional, sin la necesidad de reportarlo a las autoridades; hemos tenido casos de clientes que han encontrado piezas prehispánicas y las han donado a museos. Hay otros casos de coleccionistas que encuentran piezas y las subastan o las venden”, explica Otto Fernández, gerente para México y Centroamérica de Minelab, empresa especializada en detectores de metales.
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Pasos lentos
La Ley Federal de Monumentos también especifica que, en caso de encontrar cualquier vestigio arqueológico u histórico, incluso de forma accidental, debe ser reportado inmediatamente al INAH, para su registro en un catálogo, y para realizar los análisis correspondientes a las piezas.
En días recientes, el INAH relanzó dos manuales dedicados a la conservación y prevención del patrimonio, titulados Manual de prevención de robo en recintos religiosos y Conservación preventiva para todos, este último dedicado a concientizar sobre la conservación y protección del patrimonio arqueológico e histórico.
No obstante, la lucha contra el saqueo arqueológico, la destrucción de sitios arqueológicos, la venta ilícita de bienes culturales y el tráfico a otros países de piezas históricas es una de las tareas pendientes de la administración federal actual, aunque sin duda han dado algunos pasos.
“He visto hasta este sexenio un intento de concientizar a la población sobre el acto de manipular y qué hacer al encontrar vestigios arqueológicos, incluída la campaña #MiPatrimonioNoSeVende y otros esfuerzos en redes sociales, pero hace falta visibilizar el tema, hay confusiones en la ley, se le debe informar a la población que se afecta directamente el patrimonio y la historia al manipular vestigios y que se cae en ilegalidades”, concluye Espinosa.
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