El 8 de diciembre, Yerem Mújica decidió hacer pública su situación laboral en el como , esquema que permite contratar no sólo servicios generales como mantenimiento y arrendamiento, también servicios profesionales, es decir, personal que, en teoría, sólo debería ofrecer servicios especializados, pero en realidad mantiene una relación de subordinación con el instituto, sin derecho a prestaciones como vacaciones, aguinaldo y seguridad social.

La situación no es nueva ni es exclusiva de esta administración. Pero sí ha cobrado relevancia desde hace dos años, cuando cientos de trabajadores, principalmente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), decidieron hacer público que tenían tres meses sin cobrar, que a muchos les habían cambiado su esquema de contratación, pasaron del Capítulo 1000, con aguinaldo y seguridad social, a Capítulo 3000, sin prestaciones. Entonces surgió en redes sociales el movimiento #YaPágameINBA y sus miembros se fueron a paro.

Ese cambio de Capítulo lo vivieron cientos de trabajadores del INAH, pero sus casos y su movimiento fueron menos visibles.

Así, los trabajadores del sector cultural contratados por Capítulo 3000 enfrentan cada año un laberinto administrativo que muchas veces los pone contra la pared: meses sin cobrar, a condiciones negociadas en un inicio que no son respetadas y a peticiones documentales que, dicen, los hacen cómplices de simulaciones.

Desde 2018 algunos trabajadores de Capítulo 3000 se han atrevido a denunciar sus condiciones laborales, pero la mayoría no, por temor a represalias. La administración de AMLO prometió una revisión “exhaustiva” de las labores de este personal.

Sin embargo, el 2020 fue de gran incertidumbre por los recortes que impuso la pandemia. La Secretaría de Cultura, a través del INAH y del INBAL, se comprometió a mantener a todo el Capítulo 3000. A la fecha, las dependencias aseguran que el compromiso fue cumplido.

“Asumí que por ser 3000 no estaba obligada a hacer trabajo presencial ni a tener horario... Pero al iniciar el contrato cambiaron a la gente con la que acordé un esquema justo”
YEREM MÚJICA, Extrabajadora del INAH

Para 2021 las cosas serán diferentes. Hace unas semanas, Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de Administración del INBAL, explicó a los prestadores que harán “un esfuerzo” para mantenerlos. No hay una cifra oficial de cuántos tienen este esquema en Bellas Artes, pero se calcula alrededor de 800.

En el INAH tampoco existe un censo oficial, se sabe que en el Instituto hay alrededor de 7 mil trabajadores y hay quienes aseguran que el 50% no es personal de base y que labora bajo los distintos esquemas que existen.



Fuentes Burgos, en una reunión virtual a principios de diciembre, aseguró s los Capítulo 3000: “Ustedes son los que nos salvan la vida, es por eso que son las mismas autoridades de la institución, los coordinadores, los jefes de departamento, los que están diciendo que son ustedes los más eficientes, los más comprometidos y pues no se vale que los cortemos”.
 
Pero la recontratación no es la única petición de estos profesionales, es más, no es la más importante, es la exigencia de prestaciones de ley. El camino para conseguirlo, admiten las autoridades, será largo. Pero hay un nuevo compromiso en este sentido: comenzar una ruta de diálogo con la Secretaría de Hacienda.

“Los contratados por Capítulo 3000, que ejercen funciones permanentes, subordinadas, institucionales, se van a tener que contratar en Capítulo 1000, una mejor forma de contratación”
Diego Prieto Director del INAH

La situación

El 7 de diciembre, Diego Prieto, director del INAH, habló del histórico déficit presupuestal del instituto, reconoció que los 3 mil 820 millones aprobados para 2021 serán apenas suficientes para cubrir las obligaciones con sus más de 7 mil trabajadores.

El funcionario aclaró que el INAH no utiliza el esquema de outsourcing, pero que sí hay un “conjunto de trabajadores que ante la dificultad de poder mantener contrataciones amparadas en un capítulo 1000, se les venía contratando por la vía de Capítulo 3000. Esto ya no va a ocurrir, desde el año pasado gracias a una decisión del Presidente, 250 trabajadores operativos y de campo en zonas arqueológicas y museos pasaron de contratos precarios en Capítulo 3000 a contratos mucho más estables de manera eventual, por supuesto. Tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de nuestras estructuras de base, pero ya tienen contratos formales y mejores percepciones y el amparo de seguridad social”.

Y agregó: “Esto va a ocurrir el año que entra. Los compañeros contratados por Capítulo 3000, pero que ejercen funciones permanentes, subordinadas, institucionales, se van a tener que contratar como personal en Capítulo 1000, es decir, con una mejor forma de contratación”.

7 mil TRABAJADORES tiene el INAH aproximadamente; se dice que 50% no es personal de base y que labora con distintos esquemas

Sin embargo, en redes sociales el movimiento #YaPágameINAH difundió una circular fechada el 22 de diciembre y firmada por la secretaria Técnica, Aída Castilleja, en la que se establece que “la programación de recursos para la contratación de prestadores de servicios en Proyectos (partida 33901N) será a partir de marzo de 2021”, es decir, por Capítulo 3000, en el rubro de servicios profesionales, científicos y otros servicios. Ahora hay incertidumbre sobre si el próximo año podrán ser recontratados los 3000 bajo el esquema 1000, como prometió Prieto, o no.

La denuncia de Yerem

El 8 de diciembre, Yerem Mújica, editora de las revistas Diario de Campo y Rutas de Campo en la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN), publicó en Twitter su situación laboral como Capítulo 3000. Compartió que hubo retraso en sus pagos, que por cuestiones administrativas ajenas a ella, la institución consideró que en su salario había un “excedente” que finalmente absorbió Hacienda, que en 10 meses sólo tuvo dos días de vacaciones y que le pidieron que enero y febrero los trabaje gratis para hacer méritos para un nuevo contrato.

“Trabajé en el INAH en 2017 como Capítulo 1000 y salí por situaciones injustificadas. Sin embargo, en marzo de 2019 me llamaron para trabajar en las revistas, me pusieron las cartas sobre la mesa y dijeron que sería bajo el esquema 3000. Acepté. Asumí que por ser 3000 no estaba obligada a hacer trabajo presencial ni a cubrir un horario, y que mi obligación era entregar un producto. Ellos aceptaron. Pero cuando inicia mi contrato, paralelamente cambian a las personas con las que acordé un esquema justo. Desconocen todo lo pactado y se determina que mi jefe inmediato será quien determinaría mis condiciones”, cuenta en entrevista.

A Yerem le dieron horario, media hora de comida, un lugar de trabajo y una computadora, y le sugirieron reportar entradas y salidas, pero se negó; y la hicieron responsable de más actividades.

“En diciembre del año pasado negocié las condiciones de 2020. Dije que si querían que siguiera siendo tratada como subordinada, debían subir mi sueldo; si no, entonces no podría tener honorario ni hacer trabajo presencial. Y dije que no aceptaría un sueldo prorrateado, es decir, que no trabajaría enero y febrero sin recibir un peso, ni aceptaría que me lo dispersaran en los siguientes meses, sino que iniciaría en la fecha fijada en mi contrato. Aceptaron subir mi sueldo”, cuenta.

3820 MILLONES el presupuesto del INAH para 2021

La intención del INAH, dice Yerem, es que su contrato iniciara en febrero, pero por cuestiones administrativas no se logró. Y es que, entre los muchos trámites y documentos que exigen, está que presenten dos cotizaciones de otros prestadores de servicios. Es decir, son los mismos trabajadores que deben decirle al INAH que ellos son la mejor opción para el servicio requerido.

Esta es una práctica añeja y normalizada en la Secretaría de Cultura. Prestadores de servicio consultados por este diario, aceptaron tener miedo de hacerlo público porque consideran que podrían ser acusados de cometer un fraude. “Las cotizaciones que presentamos son generalmente de amigos, de gente que conocemos y las instituciones las usan para justificar que nos contratan a nosotros porque somos la opción más viable, es como si nos obligaran a mentir”, dice un trabajador a este diario.

El contrato de Yerem fue fijado el 16 de marzo; ese día, cuenta, fue llamada por autoridades de la CNAN, entre ellos, la coordinadora, Paloma Bonfil. Se le informó que el recurso autorizado por el INAH establecía que su contrato había iniciado en febrero, de modo que debía un mes de trabajo, que pagaría en enero de 2021.

Al respecto, Yerem añade: “Sí, te piden cotizaciones falsas para justificar un procedimiento que los llevó a determinar que tú eres la opción”.
 
El contrato fue fijado el 16 de marzo, pero ese día, cuenta, fue llamada, junto con otros dos compañeros, por autoridades de la CNAN, entre ellos, la coordinadora, Paloma Bonfil. Se les informó que el recurso autorizado por el INAH establecía que su contrato había iniciado en febrero, de modo que les debían un mes de trabajo, mismo que pagarían en enero de 2021.
 
“Nos pidieron ahorrar para que en enero próximo no resintiéramos que no habría pago. A mí sí me hicieron un ligero aumento como acordamos y me depositaron el mes que dijeron ellos que yo debía pese a que sí acepté ayudar a mi jefe en enero y febrero de este año. Acordamos que no era momento de establecer nada porque ni siquiera sabíamos si nos iban a contratar el siguiente año y establecimos que el tema lo retomáramos a finales de 2020”, cuenta Yerem, quien estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro fundador de Coctel Producciones Culturales.
 
Durante este año Yerem no sólo se enfrentó a una baja salarial debido al aumento en las retenciones de impuestos, retraso de tres meses en los pagos, trabajo de tiempo completo y sobrecarga, también se le delegó trabajo administrativo de la Dictaminadora de Publicaciones de la CNAN.
 
 El día lunes 7 de diciembre, Yerem notificó a su jefe inmediato que su contrato estaba por concluir el 16 de diciembre, pero le recordó que “debía dinero” por el excedente que se suscitó a inicios de año, además la acusó de “falta de ética laboral”. 
 
El caso de Yerem no es excepcional. Trabajadores de Capítulo 3000 consultados por este diario explicaron que este esquema trae consigo una serie de complejas acciones administrativas que difícilmente se pueden controlar. 


Por ejemplo, uno de ellos, contratado también por el INAH, explicó a este diario que con la crisis de Covid-19 se detuvieron los contratos, pero no el trabajo. Durante todo el primer semestre trabajó sin salario, sus jefes directos le hicieron un préstamo y lograron meter una factura para que pudiera cobrar al menos los meses de enero y febrero, pero en junio se enteró que la Dirección de Recursos Materiales había establecido que su salario era alto para las actividades que realizaba y le avisaron que probablemente le iban a recortar el pago y, además les retendrían el IVA. Finalmente, el contrato que se le presentó tenía un recorte de más de 40 mil pesos respecto al pactado. Su decisión, al igual que la de Yerem, fue irse de la institución.
 
“Yo pedí una reunión con Diego Prieto, si me recibiera no perdería la oportunidad para decirle lo que nos pasa y cómo nos tratan. Y le diría también que el recorte presupuestal impacta en lo social, nosotros, los de 1000, los 3000, la gente de base, todos ponemos recursos de nuestra bolsa para sacar adelante al INAH, si no lo hiciéramos se darían cuenta de que su presupuesto no es suficiente para la operatividad real del instituto”, zanja Yerem.
 
El futuro inmediato de estos trabajadores como sus mejoras salariales y de condiciones laborales, incluso su permanencia en los institutos, están en el aire.