A espaldas de los más de 30 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Conacyt encabezado por María Elena Álvarez-Buylla plantea modificaciones al Reglamento del SNI que especialistas consideran como discriminatorias por no contemplar a investigadores de universidades privadas; que atentan contra la libertad de investigación y contra la autonomía de los investigadores al plantear una “agenda de Estado”; y que quita la rigurosidad para ingresar al Sistema.
El 3 de marzo, el Conacyt dijo que, por unanimidad, los integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo aprobaron la reforma al Reglamento del SNI, aunque no dio a conocer los cambios. Dos días después, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) hizo público un documento con las modificaciones y hasta ayer, ya contaba con 224 críticas.
“Antes del documento de la Conamer, hubo muchos rumores. ¿Cómo es posible que un miembro de nuestra comunidad como es Elena Álvarez-Buylla haga todos estos cambios y no sea capaz de dar la cara? Muchos de nosotros añoramos a administraciones pasadas, porque entonces la gente sí daba la cara. Sorprende que todos estos cambios se den en lo oscurito”, señala Judith Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales.
El dato
El 5 de marzo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria hizo público un documento con los cambios aprobados por el Conacyt para el Reglamento del SNI
El SNI fue creado en 1984 y en enero pasado, Álvarez-Buylla dijo que sería “refundado”. Aunque los cambios no son recientes, pues esta es la segunda modificación al Reglamento del SNI en lo que va de la administración encabezada por López Obrador. La primera se hizo en 2020.
En esta segunda modificación, los cambios propuestos por el Conacyt se hicieron considerando, entre otras cosas, que se debe “incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población”.
Problemas generales
En el aún vigente Reglamento de 2020, el artículo 3 dice que el objetivo general del SNI es “reconocer, como resultado de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica que se producen en el país o por mexicanos en el extranjero”.
Sin embargo, ahora se plantea que el “ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia constituye un vehículo para incidir en la atención de los problemas nacionales, y para contribuir (...) a que el Estado desarrolle y consolide las capacidades suficientes para promover, respetar y proteger otros derechos”.
Además, en el artículo 4 (sobre los objetivos particulares), se busca reconocer el mérito a quienes realicen “investigación de frontera y la ciencia básica en alguna de las áreas del conocimiento, el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, o la atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces)”.
“Esos cambios se meten con la libertad de investigación y de cátedra, así como de la autonomía de los investigadores, porque dirige la agenda hacia los temas de ‘mayor interés’”, dice Maldonado.
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La antropóloga Gabriela Vargas, de la Universidad Autónoma de Yucatán, señala que “las investigaciones estarán centradas en las prioridades del gobierno federal. No sabemos cómo serán determinadas esas prioridades. Mis estudiantes y yo estudiamos la música, pero no es tema de prioridad, ¿cómo le haremos para financiar nuestras investigaciones?”
David Romero, del Centro de Ciencias Genómicas, apoya la idea de las investigadoras: “El SNI se convertirá en un mecanismo para alinearse a los planes que tiene Conacyt, pues se establece la alineación con los Pronaces y con ello el SNI podría convertirse en una forma para apretar a la academia”.
En el proyecto se propone que los investigadores participen en tareas de investigación, algo que ya se hacía, sostiene Romero, pero ahora cambia a través de un lenguaje particular.
Los artículos 61 y 62 (relacionados con los apoyos económicos) también serán modificados. Se deroga el apartado en el que se especifica que “en el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos o preinscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el SNI que se encuentre vigente”.
Esas modificaciones, sostienen Maldonado y Romero, discriminan a los investigadores de instituciones privadas, pues ya no estarán contemplados.
Visiones encontradas
En el artículo 66 ahora se propone que una causa para suspender los apoyos económicos será cuando “de manera precautoria y sin necesidad de que medie denuncia alguna, se haga de conocimiento público que una o un integrante del SNI presuntamente haya cometido actos de violencia de género”.
Esa medida, dice Romero, en parte es positiva, porque hay un avance. Sin embargo, “no me gusta la forma en que se hace, porque se impone un castigo sin que él o la acusada haya tenido posibilidad de defenderse. Esto incluso puede causar problemas de corte legal”.
De todo el Reglamento hay algunos artículos que quedarían por completo derogados, como son el 37, 38 y 39, sobre el ingreso y permanencia en el Sistema.
“Eso ha sido interpretado por una buena parte de los miembros del SNI como bajarle el nivel al Sistema, esto modifica en cierto sentido el enfoque u horizonte que se prevé dentro del SNI. Puede ser bueno o malo, pero no lo sabemos todavía”, señala César Valdez, del INAH.
Para David Romero, la derogación de esos artículos sí pone candados a los investigadores, porque “desaparecen del reglamento la noción de aquellas actividades y productos que iban a ser considerados para la evaluación. Al desaparecer, todo queda en manos de las comisiones dictaminadoras, lo que también genera incertidumbre”.
Los investigadores consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que los más de 30 mil miembros del SNI no fueron consultados para realizar los cambios a su Reglamento.
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“Hay algunos elementos que han quedado derogados que generan cierta incertidumbre acerca del funcionamiento en el SNI, por ejemplo, que se entreguen a tiempo los apoyos, que permanezcan los apoyos”, indica Valdez, aunque esa falta de certeza, dice, se disipará con la publicación de la convocatoria del SNI de este año.
En general, las reformas planteadas al Reglamento, agrega Valdez, “es menos radical de todo lo que se había filtrado y discutido por diferentes organizaciones de docentes y de investigadores. Con estos cambios al SNI se queda en un punto medio, no es una transformación radical, pero sí está dejando entrever una nueva visión de lo que es el desarrollo científico tecnológico mexicano”.
El proyecto con las reformas al reglamento del SNI se encuentra en la Conamer. Puede regresar al Conacyt o bien ya publicarse como tal en el Diario Oficial de la Federación, lo que implicaría su entrada en vigor.
“Ojalá que se tomen en cuenta los comentarios en la Conamer, que sí se escuche a la comunidad científica”, dicen Judith Zubieta y Gabriela Vargas.