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El aceleramiento de una profunda crisis laboral, “un desorden bien organizado” de la gestión cultural de la Secretaría de Cultura federal, opacidad, falta de transparencia y una “credibilidad dilapidada en dos años”, son algunos de los temas que ponen en evidencia los analistas de la política cultural Eduardo Cruz Vázquez y Carlos Lara, con respecto a las 22 Irregularidades que detectó la Auditoria Superior de la Federación en 2019, como se dio a conocer el pasado sábado.
Sobre las irregularidades que generaron siete Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 pliegos de Observaciones, entre las que sobresale que la Secretaría de Cultura no acreditó debidamente 190 millones de pesos por contratación de tres outsourcing, y de haber pagado irregularmente 727 millones 867 mil pesos del ejercicio fiscal 2018 sin tener autorización para ello, entre otras cosas, Cruz Vázquez asegura que todavía falta mucho por ver.
“Estos resultados, aún sujetos a la capacidad de solvencia de la Secretaría de Cultura y por lo mismo, con un largo trecho por recorrer antes de que se puedan fincar responsabilidades administrativas y penales, confirman lo que hemos señalado en innumerables ocasiones. Al crearse la Secretaría, se perdió la oportunidad de aplicar una verdadera reforma sectorial que garantizara una institución sólida y moderna, ante una realidad distinta tras la existencia del Conaculta. Sin duda, esto significó una de las grandes expectativas de la nueva gestión. Siguen fallando”.
El director del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU), de la UAM, asegura que en la Auditoria, las observaciones sobre el componente laboral son muy importantes. “Se las heredaron y lo que hicieron fue profundizar la crisis. En lugar de superar los viejos vicios en lo que refiere a las adjudicaciones directas, echaron mano de ellas con singular alegría”, dice Cruz.
Agrega que pese a las promesas de reordenamiento administrativo, la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Mejora Regulatoria “dejaron el asunto al garete, como demuestra uno de los señalamientos más delicados de la ASF, que se refiere al pago de remuneraciones no autorizadas a servidores públicos”.
Por su parte, Carlos Lara, integrante de la asociación civil Artículo 27, califica de lamentable la gestión cultural que fue evaluada por la Auditoria. “Llega en el peor momento porque la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, está siendo evaluada como la peor del gabinete, pero además vemos dos cosas graves: lo que ya sabíamos, el uso político de los recursos, dado que los programas que están siendo señalados son los que menos resultados han dado de efectividad y los que buscan dar mayor posicionamiento del gobierno”.
El analista asegura que las observaciones que la Auditoria hizo a Cultura Comunitaria, que es el programa insignia de la Secretaría d Cultura, son también igualmente lamentables “porque es un desorden bien organizado”.
Pero además dice que no hay que separar la Cultura de toda la administración, “no ha habido una sola acción que tú digas ‘bueno, pero se ha hecho esto’; no, son avances, son promesas, no ha habido una acción ni siquiera en su programa insignia“.
Carlos Lara cuestiona esa “tozudez de tener a los promotores culturales en la calle y arriesgando su vida, “es la misma irresponsablidad en la que están incurriendo al tener a los ‘Siervos de la Nación’, porque por un lado en los indicadores macroeconómicos han hecho una generación de más pobres y ahora van a la calle a sacar una rentabilidad política con la vacuna. Eso me parece perverso, creo ningun gobierno lo había hecho“.
El experto en Derecho de la Cultura dice que en Cultura Comunitaria, que es un acto propagandístico propio de este tipo de gobierno, es donde menos tendría que haber opacidad; y puntualiza que la Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades, entre ellas que la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, haya impedido el acceso de los funcionarios de Auditoria Superior de la Federación, “eso es sumamente delicadísimo”.
Además, señala que en todo este panorama que es gravísimo, la Secretaria Frausto amaneció el domingo poniendo un tuit del Día de la Lengua Materna: “Creo que eso retrata de cuerpo entero no sólo a la Secretaría de Cultura sino a toda la administración.
Otro tema que a Eduardo Cruz Vázque le importa es el tema de la inhabilitación y multa a María Cristina García Cepeda, María Eugenia Araizaga y Francisco Cornejo, de la pasada administración de la Secretaría de Cultura, por lo del donativo a Puerto Cultura A.C. y donde, dice, salen a relucir las inconsistencias de la secretaría en ese capítulo.
“¿Con qué rostro pueden verse al espejo? Luego, es una pena que la exsubsecretaria Natalia Toledo salga a relucir por sus numerosos viajes a Oaxaca. En suma, cuánta credibilidad dilapidada en dos años”, puntualiza Eduardo Cruz Vázquez.
Entre las irregularidades detectadas por la Auditoria de la Función Pública destaca que la Secretaría de Cultura suscribió contrato de manera conjunta con outsourcings como Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C, y Gestión Empresarial, S.A. de C.V.con servicios de administración de personal, pero no acreditó los servicios que en su caso le prestaron esas outsourcing a quienes, pero a quiene sí les pagó 190 millones 219 mil pesos, y solamente remitió como comprobación 26 “informes de actividades”.
Lara dice que debe ser muy frustrante para ellos el haber llegado tarde a todo, a la transformación de Conaculta como Secretaría, y a la aprobación del derecho a la cultura, a la discusión y aprobación de la Ley de Cultura, entre otras.
