AGN: nueva era y nuevos retos en todo el país

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Desde el 1 de enero, el Archivo General de la Nación (AGN) es independiente de la Secretaría de Gobernación; ahora es una paraestatal no sectorizada: en temas de presupuesto y programa reportará a las Secretarías de Hacienda y Función Pública. Y su reto más grande para 2019 es la implementación de la Ley General de Archivos que entrará en vigor el 15 de junio en todo México, lo que representa duplicar sus funciones: si antes atendía todo lo relacionado con los acervos de la administración pública federal, ahora atenderá además todos los archivos estatales y municipales.

El 1 de diciembre, el doctor en Historia Carlos Ruiz Abreu asumió como director del Archivo General de la Nación. En entrevista explica que el AGN cuenta con un presupuesto de 78 millones de pesos, pero que para cumplir a cabalidad sus tareas, y sobre todo las que le manda la nueva Ley, se requieren 110 millones de pesos adicionales, que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda.

Los recursos se requieren para implementar la Ley: contratación y capacitación de personal, adquisición de nuevas tecnologías, así como mantenimiento. “Necesitamos personal para capacitar; si tenemos uno necesitamos tres más. Tenemos que atender todo el país. Además tenemos un nuevo edificio con instalaciones de primer mundo, y para mantener ese monstruo necesitamos recursos”.

Para Ruiz Abreu, la nueva Ley “es un instrumento jurídico, constitucional de primera. Yo he sido un impulsor y promotor de ella”. Celebra que los archivos del país se han manifestado a favor de la nueva legislación.

—¿Qué retos implicará la Ley?

—Una de sus principales consignas es que mejore los archivos en todos los aspectos. Al Archivo nos mandata ser el rector de la archivística nacional en todos los aspectos. Al darnos esa atribución, tenemos que estar pendientes de todos. Dice que tenemos que capacitar al personal de los archivos y velar por el buen funcionamiento de éstos. Tenemos que promover que todos los archivos del país estén bien, que no sean galerones o espacios inadecuados para albergar los documentos. Es un reto muy grande, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. Otra de las bondades de la Ley es haber quedado como una institución paraestatal. Entre los beneficios de no pertenecer a Gobernación está que el AGN es independiente y puede hacer sus propios proyectos y planes: Gobernación se ocupa de muchísimas cosas del país y, por mucho, tiempo el Archivo no era prioridad. He visto en 40 años como investigador, que la relación de los directores con Gobernación nunca fue tersa.

Pero antes de hacer un trabajo nacional —plantea Ruiz Abreu— empezará por casa, por ordenar el AGN: “No puedo salir de aquí, irme a los otros archivos a hablar de las bondades de la Ley sin tener este archivo ordenado, para mí sería muy penoso irme a promover afuera teniendo adentro todo mal”.

Diagnóstico. Desde los años 80, cuando el AGN se trasladó a la que fue la cárcel de Lecumberri, Carlos Ruiz Abreu iba a investigar allí, a la galería cuatro, especializada en la Colonia. Esa experiencia, sus años en otros archivos —era director del Archivo Histórico de la CDMX—, más el diagnóstico que realiza del AGN —calcula terminarlo en febrero—, lo convierten en uno de sus mayores conocedores.

Uno de los rezagos que advierte está en el tema de las bajas documentales: “Tenemos 4 mil 971 solicitudes de baja que no han sido atendidas. Para las altas o bajas se hace un proceso muy meticuloso para decidir si un documento es histórico o no.”

Otro rezago es el de la digitalización, aunque, acota el director, “no conozco ningún archivo del país que no tenga rezago en digitalización”. Precisa que si bien digitalizar es una moda, hay que estudiar qué se tiene digitalizado y qué no, pues no todo se ha hecho de buena calidad. “Lo que vamos a hacer es digitalizar para tener un documento digital tan importante —guardadas las proporciones— como el original. Y ese original digital se va a guardar como el original. Habrá una copia a baja resolución, para acceso o difusión. Estamos haciendo un plan de qué es lo que se solicita más para, sobre eso, empezar a digitalizar. Por ejemplo, los fondos documentales más solicitados en la historia de este archivo son de la época colonial: tierras, indios, civil e inquisición”.

En este mes y medio al frente del AGN, lo que más le ha sorprendido a Ruiz Abreu es la caída en el número de investigadores y usuarios, por ello no duda en afirmar que el AGN se olvidó de los investigadores.

“Una de las principales tareas, la más importante ahora, es abrir el AGN al público usuario: no ha estado cerrado, pero casi, y somos una institución de servicio. Yo estuve aquí trabajando como investigador, encerrado, en los años 80 y 90, y habíamos como 100, 150, 200 investigadores; ahora hay en promedio 20 investigadores al día. Seguiremos utilizando el sistema de citas para comodidad de algunos usuarios, pero tenemos que atender todas las solicitudes. No sé cómo es posible que hayamos retrocedido, que el AGN le haya cerrado las puertas a los investigadores”.

Ya se trabaja en la creación de una segunda sala de consulta —la idea es que abra el siguiente mes—. El director cuestiona que con el traslado de acervos al nuevo edificio —en 2018— quedó impedido el acceso directo de los investigadores a los materiales.

Su proyecto lo engloba en una apertura total, para abatir deficiencias y para que haya una verdadera atención a los archivos a través del Sistema Nacional de Archivos.

Enumera entre las tareas hacer un programa de prevención y estabilización masiva de los documentos; implementar un sistema de control de los acervos, puesto que al pasar los 52 kilómetros lineales de documentos del edificio histórico al nuevo, algunos quedaron fuera de lugar; crear bases de datos que mejoren la consulta; determinar el tratamiento de conservación óptimo de los documentos.

“Hay algo más: reforzar la transparencia y acceso a la información. Si logramos ordenar lo mejor posible el Archivo General de la Nación y todos los del país, la transparencia es total. El acceso a la información pública que resguarda el AGN está garantizado, la memoria de México debe estar al servicio del pueblo, para allá vamos”.

Acerca de la transparencia, abunda: “Los documentos que contiene este Archivo pueden ser tan transparentes como el director lo quiera. Si este archivo está bien ordenado y catalogado, la transparencia es total”.

—¿A qué no se puede acceder?

—Se puede acceder a todo, pero hay limitaciones a datos sensibles, cuando un documento tiene direcciones o por asuntos jurídicos que se puedan usar para molestar al ciudadano.

—¿Es posible acceder a los fondos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), del Ejército y de otros presidenciales, que volvieron a cerrarse en el gobierno pasado?

—Los fondos documentales del Archivo General de la Nación están abiertos y al servicio de los usuarios, salvo aquellos que la Ley dicte se deben consultar con ciertas restricciones. En 2001 por el “Acuerdo presidencial que dispone diversas medidas para procuración de justicia por los delitos cometidos contra personas vinculadas con movimiento sociales políticos del pasado” se estipuló que los archivos de las extintas Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad se transfirieran al Archivo General de la Nación para su custodia y preservación. Durante el siguiente año se formalizó la entrega a través de un acta, en la cual se puntualizó que la doctora Stella González Ciceró (entonces directora del AGN) recibía 4 mil 223 cajas, y se acordó que el CISEN “brindaría de manera indefinida” la cooperación necesaria para el manejo de dicho acervo.

Desde entonces, los expedientes se instalaron en la galería 1, y actualmente se encuentran en el nuevo edificio de acervos. La administración de este acervo, así como consulta, estuvo determinada por el personal del CISEN, y a través del Sistema de Solicitudes de Información, los investigadores han podido obtener una “versión pública” de los documentos que presumiblemente se encuentran en las 4 mil 233 cajas. Este procedimiento continúa regulado por el artículo 27° y cuarto transitorio de la Ley Federal de Archivos y los artículos 108 y 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública, que limitan el acceso directo a los documentos por los datos confidenciales y sensibles que pueden mencionarse en los mismos.