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Los académicos, entre los que se encuentran los eméritos Federico Bermúdez Rattoni, J. Adolfo García Sainz, Victoria Chagoya de Sánchez y Antonio Peña Diaz, manifiestan su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la ciencia en México al “imponerse una ley que limita la libertad de hacer investigación y entorpece el progreso científico”.
Publicado a través de redes sociales, el pronunciamiento señala que la Ley excluye la representatividad de los académicos en un Consejo Directivo, priorizando la participación de los representantes de las Secretarías de Estado incluyendo a la Defensa Nacional y a la Marina; pero además otorgará financiamiento y becas de acuerdo con una Agenda Nacional de investigación que atienda los problemas prioritarios o urgentes del país definidos por el gobierno, limitando en consecuencia el financiamiento a muchas áreas de investigación importantes.
“El Colegio del Personal Académico del IFC-UNAM se pronuncia en desacuerdo con la nueva Ley de Ciencia, y hace un llamado a la comunidad y población en general a expresarse en contra de esta”, dicen los académicos que apuntan que en los años 2020 y 2021 el CONACyT no ministró recursos para convocatorias de Ciencia de Frontera y no ha habido Convocatorias dirigidas exclusivamente a Ciencia Básica.
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“Es importante resaltar que el número de proyectos apoyados en la convocatoria 2022-2023 es sumamente reducido y no compensa la falta de convocatorias de los años anteriores. Además, los recursos originalmente planteados sufrieron una reducción en los montos. En vista de esto, exigimos la publicación de convocatorias extraordinarias para paliar esta situación”, señalan los 73 firmantes, entre los que también se encuentran Tamara Rosenbaum, Luis B. Tovar y Romo, Violeta Gisselle López Huerta, Marcela Palomero Rivero, Miguel Pérez de la Mora, Ana María López Colomé y María de Lourdes Massieu Trigo.
El pronunciamiento también puntualiza que con la nueva ley se elimina la meta de inversión pública del 1% del PIB a la investigación, dejando la asignación del “incremento al del año anterior” a decisión del poder ejecutivo; pero también permite la ausencia de una fiscalización y/o rendición de cuentas ya que el órgano Interno Consultivo será controlado por el Consejo.
Además, exige la cesión obligatoria de propiedad intelectual y patentes al Consejo, sin fundamentar los mecanismos de comercialización de esta propiedad, dejando sin derechos a los inventores y a sus instituciones; y deja abierta la posibilidad de diseñar un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Investigadores, con los criterios de méritos y calidad académica que defina el Consejo al margen de los propios académicos, e ignorando los logros y méritos del sistema actual.
También, dicen que pone en riesgo la formación de nuevos investigadores, ya que no solo es posible que se redefinan los criterios para otorgar becas a estudiantes de posgrado, sino también para respaldar los posgrados de calidad internacional; y discrimina a colegas y estudiantes de las instituciones de educación superior privadas violando preceptos constitucionales.
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“En una comunidad que se fundamenta en la preservación de un pensamiento crítico y en la toma de decisiones académicas, a través de la discusión en organismos colegiados, nos entristece constatar que la ley recién aprobada no recibió un debate adecuado por parte de las comunidades académicas. Además, nos preocupa que no se haya sometido a un análisis exhaustivo en los siete foros parlamentarios abiertos originalmente propuestos en la Cámara de Diputados, los cuales habrían permitido la participación y el intercambio de opiniones colegiadas”, asegura el pronunciamiento.
En el documento que también firman Román Rossi Pool, Marcia Hiriart Urdanivia, Arturo Hernández Cruz, Diana Escalante Alcalde, Susana Castro Obregón, J. Iván Velasco Velázquez, Rosa Estela Navarro González, Marina Macías Silva y Luis Alfonso Vaca Domínguez, entre otros, los académicos lamentan la “reprochable postura” adoptada por los integrantes del Senado, quienes optaron por cerrar las puertas y votar sin prestar atención a las preocupaciones, opiniones y reclamos de los estudiantes, profesores e investigadores afectados.
“Su voto se llevó a cabo sin examinar detenidamente la propuesta de ley, traicionando así la confianza de aquellos que los eligieron”, señalan los académicos entre los que también están Fernando López Casillas, Rolando E. Hernández Muñoz, Jaime Mas Oliva, Yazmin Ramiro Cortés, José Bargas Diaz, Ruy Enrique Pérez Montfort, Carlos Leonardo Peraza Reyes y Bertha González Pedrajo.
melc
