El sexenio está a casi tres meses de llegar a su fin y la Secretaría de Cultura ya inició la carrera a contrarreloj para entregar pendientes, como el sonado Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, pero también el discreto cambio de Reglamento Interior de la dependencia. Aún no se concreta, pero se trata de un anteproyecto publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
En el documento se plantean un cambio en la estructura de la Secretaría, como la creación de la Subsecretaría de Diversidad y Patrimonio Cultural, de la Dirección General de Cooperación y Economía Cultural y la Dirección General del Sistema de Estímulos a la Creación y Apoyo a Proyectos Culturales, así como la eliminación de la Dirección General de Asuntos Internacionales, la Dirección General del Centro Nacional de las Artes y la Dirección General de la Fonoteca Nacional. Sin embargo, estos cambios no preocupan a Luis Cacho, exdirector General Jurídico de lo que antes era Conaculta y autor del Reglamento vigente, sino los errores que se presentan dentro del documento.
Cacho redactó el reglamento vigente en 2016 y explica que la secretaria Alejandra Frausto le pidió redactar uno nuevo, cuando en esta administración todavía ocupaba el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, tras su salida de la dependencia en 2020, no se supo más del nuevo Reglamento Interior.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, Cacho comparte un análisis al documento, donde identifica algunas faltas.
En el Artículo 1 se establecen 12 principios bajo los que se debe regir la Secretaría, entre los cuales se encuentran frases como “No al gobierno rico con pueblo pobre”, “Por el bien de todos, primero los pobres”, “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Cacho afirma que esos enunciados “no tienen nada que hacer en un Reglamento Interior” porque se trata de un discurso político que jurídicamente no tiene ninguna repercusión.
En el Artículo 2 se enlistan las unidades y órganos administrativos desconcentrados que apoyarán para que la Secretaría cumpla sus funciones. Sin embargo, en este anteproyecto se suman también empresas de participación estatal mayoritaria (como la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.; Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C; Estudios Churubusco Azteca, S.A. y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., es decir, Canal 22) y fideicomisos de participación tripartita; el anexo de éstos en el reglamento de una secretaría es un error, afirma Cacho, porque son materia del acuerdo de sectorización, que es otro ordenamiento jurídico.
Entre otros errores que señala Cacho está la inclusión de lo que se anuncia que sería la paraestatal Chapultepec Naturaleza y Cultura S.A. de C.V., cuando aún no existe; la integración del Mandato del Antiguo del Colegio de San Ildefonso, clasificado erróneamente como fideicomiso, y el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, que aunque la Secretaría tenga participación en el Comité Técnico, fue creado por Servicios Metropolitanos S.A. de C.V., una empresa de participación estatal del Gobierno del Distrito Federal, es decir, “no es un fideicomiso público federal, por la forma en que se constituyó es privado y no tendría por qué estar ahí”, explica Luis Cacho.
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Otras faltas que identifica el experto es el considerable aumento de facultades a las direcciones, las cuales se redactaron a detalle. Contrario a la idea de que la especificidad ayuda a un mejor desempeño, esto podría complicar la interpretación y dar pie a malentendidos: “Debe ser muy concreto en las actividades generales de las atribuciones y no extenderse y pretender cubrir todo lo que implican las funciones, porque obviamente no se va a poder cubrir todo, siempre va a haber cosas que no estén previstas”.
Para cubrir esas omisiones, lo ideal sería que en el apartado de cada dirección se incluya la frase: “Tendrá las demás facultades necesarias para aplicar o hacer efectivas las facultades mencionadas”, dice el abogado, pero no es así en el nuevo reglamento.
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¿Qué sigue?
La Secretaría de Cultura tardó casi seis años en presentar el anteproyecto del Reglamento Interior. “Como yo lo veo es que esto debió haberse hecho (hace tiempo). Yo estuve el primer año de este sexenio preparando un nuevo reglamento, obviamente no avanzó. Muchas cosas operaron de hecho y ahora con la estructura que debió hacerse desde principios de sexenio, faltando tres meses, pretenden sacar este reglamento diciendo ‘sí cumplimos, a los 15 minutos para la hora, pero cumplimos’”, señala Cacho.
Esta forma de operar sin un respaldo en el Reglamento no es válida, comenta el abogado; pese a ello ocurrió y fue un factor importante para las diversas problemáticas que atravesó la administración de la Secretaría, considera el experto.
Más que entregar una tarea al último momento, el trabajar el anteproyecto en tiempos de transición podría ser una forma de que Frausto deje un testamento de la forma en que administró la Secretaría de Cultura, hecho que cuestiona el exfuncionario: “¿por qué la secretaria que está a punto de salir le va a imponer a la persona que la sustituya su esquema de trabajo, que además demostró en muchas áreas, que no funcionó?”
Sin embargo, aunque se apruebe de último momento, no hay garantía de que se mantenga en el gobierno de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta.
“Este es el esquema con el que Alejandra Frausto trabajó estos seis años, pero hay que ver si es el esquema con el que le gustaría trabajar a la nueva persona titular de la Secretaría de Cultura. Lo mejor sería ya dejar el Reglamento así y que la nueva persona secretaria haga un esquema de un nuevo Reglamento Interior y se lo proponga a la presidenta”, expresa el experto.
Ya está el anteproyecto del Reglamento Interior. El siguiente paso sería que la Secretaría de Hacienda verifique la posibilidad presupuestal para el nuevo esquema que propone la dependencia, es decir, asegurarse de que hay dinero para quitar y sumar direcciones.
Luego, ante la Secretaría de Función Pública se tiene que obtener la autorización para el esquema estructural. Finalmente, quien lo aprueba es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, luego lo firma el Presidente y se publica en el Diario Oficial de la Federación. “En caso de que se publique, la nueva persona a cargo de la Secretaría tendrá que seguir el mismo procedimiento, si quiere cambiarlo”, concluye Cacho Luis Cacho.
