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El lunes pasado se emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo reglamento para la operación de las becas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y ayer se publicaron, también en el DOF, los nuevos reglamentos de los sistemas nacionales de Centros Públicos, de Investigadoras e Investigadores (SNI), así como los acuerdos para la actualización de los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos de El Colegio de la Frontera Norte.
Estas actualizaciones a reglamentos del Conahcyt se dan en el contexto de la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) y, más recientemente, de la suspensión provisional de dicha ley, emitida por un juez de distrito por la violación de derechos humanos y de libertad de investigación, entre otros puntos.
La suspensión provisional de la ley fue posible gracias a 41 amparos interpuestos por científicos, integrantes del colectivo CienciaPluralMx y Uniendo Caminos, en contra de esta ley.
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El Conahcyt lanzó un comunicado el viernes pasado donde calificó esta información, difundida por este diario, como falsa y alarmista, y afirmó que no ha recibido ninguna determinación judicial que suspenda con efectos generales la aplicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Al respecto, Joan Ochoa, abogado de Uniendo Caminos y quien lleva los amparos de los investigadores del colectivo CienciaPlural, detalló que la postura de Conahcyt en su comunicado se debió a que la información sobre la suspensión y sus detalles tarda de dos a tres días hábiles en ser notificada a las autoridades correspondientes.
“En sí no les ha llegado la notificación de la suspensión, pero eso no exime de que exista, una vez que les llegue la notificación a las autoridades, no tendrán por qué cuestionar la veracidad de la información”, dijo.
Ochoa detalló que al final del comunicado de Conahcyt se puede entender que las autoridades lo están manejando con fines políticos, sin darle importancia a la cuestión jurídica.
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También explicó que una vez notificados, Conahcyt estará en todo su derecho de impugnar la suspensión de la ley.
“Una vez que se les notifique, ellos tendrán el derecho procesal de impugnar, muy probablemente así lo harán; será el tribunal colegiado quien revisará los recursos y, durante ese periodo, quedarán suspendidos todos los aspectos administrativos de la ley”, abundó.
El abogado Joan Ochoa apuntó que desde la aprobación de la ley (el 8 de mayo pasado), el nuevo Consejo ha lanzado nuevos reglamentos administrativos, sin embargo, reiteró que una vez que se le notifique a Conahcyt sobre la suspensión provisional, deberán parar los procesos hasta que el caso sea resuelto por un juez.
“Podría durar de uno a tres meses el proceso de impugnación, pero como es un tema político, podría resolverse en cuestión de semanas”, concluyó.
