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La migración centroamericana hacia Estados Unidos que pasa por México, se ha disparado. Aunque no se sabe con certeza cuántos llegan, el INM indica que, en 2017, fueron 94 mil, en 2018 139 mil, y en los primeros seis meses de 2019, 460 mil. Como 71,110 de estos últimos fueron deportados, permanecieron en el país 360 mil.
A ello se agrega que, como de facto aceptamos ser terrecer país seguro para aplacar la furia arancelaria del infame Trump, acogeremos a miles que EU nos mande en tanto decide si los asila.
En ambas fronteras estamos confrontando una crisis migratoria que, sumada a la mitad de nuestra población en pobreza, a los recortes presupuestales, a la cancelación de programas sociales y puestos laborales, al gasto millonario en proyectos faraónicos, a la recesión económica que se inicia, etc., pronto se transformará en una inmanejable crisis humanitaria.
Las “sabias” estrategias económicas y diplomáticas de la 4T igualmente se evidencian en la decisión de que, de la misma forma que es nuestra responsabilidad resolverle a EU su problema migratorio, también es solucionar el subdesarrollo de Centroamérica.
De la misma forma que se asume una tarea que corresponde a sus ineptos gobiernos y no a México, no se reconoce que el problema no solo es económico, sino en mucho político. En efecto y tomando el caso del país del que proviene la mayor parte de los integrantes de las caravanas –Honduras-, nada se reclama ni se exige a sus dirigentes políticos que han creado un verdadero Estado fallido.
Teniendo como antecedente histórico 11 despiadados dictadores, una endeble democracia dominada por alrededor de 215 familias millonarias, un precario desarrollo carente de justicia social, un 70% de la población en pobreza, corrupción e impunidad desenfrenadas, uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo -2,900 dólares-, etc., en 2009 el ejército sacó del país en pijamas y a punta de bayonetas al presidente Manuel Zelaya del Partido Liberal: la justificación fue que quería modificar la Constitución para reelegirse.
Ocupó su lugar Roberto Micheletti del golpista Partido Nacional: ningún país lo reconoció y Honduras fue expulsada de la OEA. Lo remplazó Porfirio Lobo del mismo partido, cuya esposa fue arrestada por malversación de fondo: por narcotráfico uno de sus hijos fue asesinado y otro apresado en EU.
El relevo fue otro nacionalista, Juan Orlando Hernández (apodado JOH): a pesar de que su hermano y exdiputado fue encarcelado en EU por narcotráfico, y se le acusó de desviar 335 millones de dólares del raquítico seguro social para reelegirse, arbitrariamente modificó la Constitución para hacerlo.
Los nacionalistas hicieron lo que impidieron hacer al liberal Zelaya. Peor aún, como ante el rechazo popular cometieron un burdo fraude para que JOH se reeligiera, a partir de 2018 se vive una crisis permanente caracterizada por la agudización de la pobreza, la violencia, las protestas ciudadanas, la represión oficial, etc.
Si agregamos el desastroso impacto del cambio climático en la agricultura, la caída del precio del café, la proliferación del narcotráfico, de su vinculación con la clase política-empresarial y de las pandillas (Maras) que han convertido al país es uno de los más violentos del mundo, encontramos la razones por las que Honduras es un Estado fallido del que su población huye masivamente.
Por lo anterior, debemos preguntarnos si es correcto que se otorguen 100 millones de dólares -de nuestros impuestos- a ese tipo de oligarquías irresponsables y corruptas, sin exigirles a cambio reformas profundas que eleven y dignifiquen el nivel de vida de la población para que ya no tenga que migrar.
Internacionalista, académico, diplomático de carrera: exembajador de México en Honduras.
