Con la aprobación de las leyes que regularán el actuar de la Guardia Nacional, ha quedado consolidado el marco jurídico de esa nueva institución. Las reformas constitucionales de diciembre fueron seguidas por la aprobación, hace unos días, de la ley orgánica de la Guardia; de las leyes sobre el registro de detenciones y el uso de la fuerza; y de diversas reformas a la ley del sistema nacional de seguridad pública.
La creación de la Guardia Nacional se materializó a pesar de que desde muy distintas perspectivas se advirtió que podría reproducir la fallida estrategia de seguridad que prevaleció durante la última década, con su cauda de violaciones de derechos humanos.
Lo mismo sucedió con las llamadas leyes secundarias. Aunque desde distintas perspectivas se señalaron deficiencias, las normas se aprobaron con premura, en un proceso que no se caracterizó por la transparencia pese a sumar el respaldo unánime de todos los partidos.
Los riesgos que este proceso ha dejado no son menores. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional no prevé controles internos y externos robustos. En cuanto a los primeros, esta legislación únicamente se refiere a la existencia de Consejos de Disciplina que, emulando a las estructuras castrenses, serán conformados por los propios mandos de la corporación; respecto de los segundos, sólo se establece la presentación de informes anuales al Senado por parte del Secretario de Seguridad y la obligación de solicitar autorización judicial para las intervenciones de telecomunicaciones. Pero no hay en la ley más controles: no hay una unidad de asuntos internos ni mucho menos espacio para contrapesos externos, como el observatorio que hace poco ordenará la Corte Interamericana en el caso Atenco.
Las limitaciones también se observan en las leyes que se aprobaron para responder a los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos, como son la ley de registro de detenciones y la ley de uso de la fuerza. En el caso de esta última, la propia ONU-DH advirtió que el uso de la fuerza letal no se encuentra bien regulado, lo que incluso abriría la puerta para que la constitucionalidad de esta norma sea cuestionada.
Estas advertencias no fueron escuchadas. La creación de la Guardia Nacional se ha consumado. Y si bien esto supone un duro golpe para quienes por años hemos impulsado la vía civil y la perspectiva de seguridad ciudadana, aún hay mucho por hacer.
Hoy se impone como tarea urgente monitorear la implementación del nuevo andamiaje jurídico y la operación en terreno de la Guardia Nacional, exigiendo que se transparenten al máximo y sin manipulación la información indispensable para evaluar la efectividad de tal operación.
En lo que sigue, habrá que vigilar también la forma en que la nueva administración decida enfrentar las consecuencias de perpetuar la militarización. Nuevos abusos ocurrirán: afirmarlo no supone un ejercicio de pesimismo, sino el simple reconocimiento de la evidencia acumulada en casi tres lustros y el entendimiento de que las inercias institucionalizadas de violencia no se revertirán sólo a base de órdenes y de voluntad política, cuando no han desaparecido los incentivos de impunidad que alientan las peores prácticas. Habrá que ver si esta administración repite o no lo que han hecho las previas: Cuando se denuncien violaciones a derechos humanos de la Guardia Nacional, ¿Se acuerparan las autoridades civiles en torno a la impunidad castrense? ¿Estigmatizarán a las víctimas? ¿Cuestionarán a las organizaciones civiles que denuncian los abusos? La respuesta a estas cuestiones aún está por acreditarse.
El panorama no es sencillo. Si los contrapesos a la Guardia nacional no han sido previstos en las normas, deberán surgir de la sociedad. Más que nunca, urge seguir reivindicando la vía civil y mostrar -con propuestas, con rigor, acompañando a las víctimas- que una seguridad sin guerra es posible.
