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La relación entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim ha sido sin duda de altibajos. Pasaron de ser, amigos y aliados cercanos en el 2006, cuando el ahora presidente fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el dueño de Grupo Carso era uno de los empresarios e inversionistas más allegados a su gobierno, a tener luego sus diferencias en las elecciones presidenciales de aquel año, cuando el tabasqueño desconoció los resultados y denunció un fraude que lo llevó a tomar Paseo de la Reforma y a declararse “presidente legítimo”, mientras el ingeniero empujaba un proyecto de “anulación de los comicios” y la declaración de Juan Ramón de la Fuente como presidente interino.
A partir de ahí la relación pasó de la cercanía al distanciamiento y del calor al frío. Así se mantuvo en la siguiente candidatura presidencial de López Obrador en 2012, cuando Slim jugó sus cartas entre Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, y aunque no rompió nunca con Andrés Manuel, tampoco lo apoyó en esa campaña como sí lo había hecho seis años antes. Ya para el 2018, cuando el candidato de Morena era el favorito en las encuestas, la comunicación entre los dos se reactivó pero ya no con el mismo nivel de cercanía que existió en el pasado, y como presidente electo, buena parte del diálogo entre ellos se centró en la posibilidad del nuevo mandatario de cancelar el aeropuerto o concesionárselo a Slim, algo que se trató en reuniones y cartas, aunque nunca se lograron poner de acuerdo en los términos para concretar esa concesión.
Tras la cancelación de Texcoco, Slim acató la decisión presidencial y participó en las reuniones para negociar las indemnizaciones, pero decidió ser mucho más cauteloso en sus inversiones en México y, sin descuidar sus enormes intereses en el país, optó por buscar proyectos de inversión en otros países de América Latina y Europa.
Desde el arranque del gobierno de López Obrador se han reunido en varias ocasiones y si bien, como dijo el propio presidente, “no siempre estamos de acuerdo y tenemos nuestras diferencias”, ambos han optado por una relación “cordial”, como la definió ayer mismo, a pregunta de los reporteros, el propio Slim: “¿Crees que alguien es perfecto para que no haya desacuerdos? Lo importante no es que haya desacuerdos. Puede haber diferencias de criterios, de opinión, pero eso pasa en todas las sociedades, hasta en las familias”, dijo el ingeniero.
Las diferencias y desacuerdos entre el presidente y el empresario más rico de México no son tan difíciles de adivinar: mientras López Obrador presiona y exige a los empresarios que actúen “con visión social” y que inviertan en sus negocios y concesiones, sobre todo en regiones donde no exista una ganancia segura o un mercado masivo, Carlos Slim defiende la necesidad de que cualquier inversión y negocio que hagan los empresarios mexicanos, tiene que tener primero la certeza y la certidumbre de un gobierno que respete la legalidad y que apoye la inversión con un manejo responsable de las finanzas públicas, además de contar con garantías de que se trata de negocios rentables y con capacidad de retorno para el capital que invierte el sector privado.
Ese ha sido hasta ahora el principal “desencuentro” que han tenido los dos actores principales de la política y la economía del país: AMLO quiere un “mercado social” en el que el sector privado se comprometa con la inversión a favor de los sectores y regiones más desprotegidas, aún a costa de sacrificar ganancias y anteponiendo el “interés social” al “interés del dinero”, mientras que Slim defiende la inversión privada, sí responsable y que apueste al desarrollo económico del país con la generación de empleos y riqueza, pero con toda la certidumbre y garantías de un gobierno que respete el derecho del empresariado a recuperar sus capitales y a obtener ganancias legítimas.
En su último encuentro en Palacio Nacional, el miércoles pasado, el presidente y el ingeniero volvieron a hablar del mismo tema: la necesidad de una alianza empresarios-gobierno para sacar adelante la economía del país, en momentos en que la mayoría de los pronósticos e indicadores apuntan a una caída del crecimiento y a un posible ciclo recesivo derivado del manejo financiero interno y de condiciones externas que amenazan con dificultar la expansión de la economía mexicana. En esta ocasión tuvieron como testigos de calidad de su plática a dos expresidentes del Movimiento de Montevideo, el español Felipe González y el uruguayo José María Sanguinetti, ambos amigos cercanos de Slim.
La plática en la que se habló de un “posible pacto” para impulsar el crecimiento económico, ocurrió en medio de expresiones duras de López Obrador hacia los negocios de Slim, tanto en lo que tiene que ver con la falta de conectividad en regiones y municipios apartados y fuera de las zonas urbanas del país, como en el retraso de una autopista concesionada a las constructoras del Grupo Carso y que el presidente acusó que no han terminado en 10 años, mientras que Carso se defendió diciendo que la SCT no ha terminado de liberar los derechos de vía en zonas selváticas de Nayarit.
Con todo, cuando uno y otro hablan de una “relación cordial, pero con diferencias o desacuerdos”, están diciendo la verdad. La gran pregunta es si el político con más poder en México y el empresario con más dinero en el país, serán capaces de superar esas diferencias y coincidir en una visión que satisfaga los intereses de ambos, el social del presidente y el económico y financiero del ingeniero —a cual más legítimo y necesario para el desarrollo equilibrado de la República— para poder dar paso a una sinergia real y urgente gobierno-empresarios, en la que la mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros sin duda participarían con sus inversiones, si ven que Slim y López Obrador ya se pusieron de acuerdo.
¿AUSTERIDAD SELECTIVA EN LA 4T?
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador solo viaja en aerolíneas comerciales y ha dicho que los vuelos privados no se utilizarán más en su gobierno, la presidenta nacional del partido del presidente, Yeidckol Polevnsky, usó 5 vuelos privados para una gira de trabajo que realizó el pasado fin de semana, y en la que voló desde la Ciudad de Toluca a Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
De acuerdo con una de las bitácoras de vuelo —de la que esta columna tiene una copia— la líder de Morena usó un jet privado, LET 4150, para trasladarse del Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina (código OACI: MMTM), en Tampico, Tamaulipas, con destino al Aeropuerto Internacional General Servando Canales, Matamoros (código OACI: MMMA).
Polevnsky viajó el 11 de mayo a Tamaulipas para respaldar a las y los candidatos de su partido a cargos de elección que competirán en los comicios del 2 de junio próximo y, según consulta a la empresa Aerolíneas Ejecutivas, una cotización de vuelo similar a la trayectoria que siguió la dirigente partidista es estimada en 23 mil 237 dólares, es decir, al tipo de cambio de 19.56 centavos por dólar. Los viajes realizados por la presidente de Morena, que fueron Toluca-Ciudad Victoria; Ciudad Victoria-Tampico; Tampico-Matamoros; Matamoros-Monterrey y Monterrey-Toluca, costarían un total de 454 mil 515 pesos con 72 centavos.
De acuerdo con la bitácora de vuelo —a la cual este columnista tuvo acceso— en su recorrido de Tampico a Matamoros, la líder de Morena viajó acompañada de Carlos Suárez, su asistente y operador político, así como por Víctor Govea, ex candidato a la Alcaldía de Apodaca, Nuevo León, en la elección de 2018. Reporteros de El UNIVERSAL consultaron al presidente de Morena en Tamaulipas, Enrique Torres Mendoza, quien dijo desconocer si su dirigente nacional llegó a dicha entidad en un vuelo privado.
“No tengo ni idea”, aseguró el dirigente estatal quien comentó que todo lo relacionado con el traslado de Polevnsky estuvo a cargo de ella misma. “Ella traía su propia logística, pero para nosotros lo importante era recibirla porque nos dio un mensaje de unidad a todos los integrantes del partido”. Señaló que al parecer su asistente Carlos Suárez fue el encargado de las transportaciones y logística de la presidenta nacional de Morena.
La pregunta es si la “austeridad republicana” que pregona el presidente y que ahora ya es ley aprobada por el Congreso, sólo aplica al gobierno, ¿pero no para su partido?
NOTA INDISCRETA:
Detrás del pleito político y en redes sociales que se exhibió ayer entre la alcadesa de Morena en Álvaro Obregón, Layda Sansores, y el grupo político de Miguel Ángel Mancera, hay una historia de viejas rencillas, venganzas políticas y hasta abuso de autoridad. Porque Layda Sansores acusó que la residencia de Benito Juárez 53 Bis, en Tlacopac, San Ángel, a donde mandó verificadores del Invea por unas supuestas obras de remodelación sin permiso, era propiedad de Miguel Ángel Mancera, el exjefe de Gobierno y actual senador del PRD. Sin embargo, la propiedad de esa casa es en realidad de Luis Serna, quien fuera secretario particular de Mancera, y quien le respondió a Layda Sansores en las redes sociales diciendo que esa propiedad la tiene declarada en su declaración patrimonial de 2016 cuando aún era funcionario público y presentó su 3 de 3. Layda Sansores contestó con otro tuit en donde acusó que la casa valía 63 millones de pesos, sin revelar con precisión de dónde obtuvo ese avalúo, mientras que Serna se quejó de que está siendo “acosado y asediado” por funcionarios de la alcaldía encabezados por Sansores que constantemente le mandan visitas de verificación y hasta drones para que vigilen su propiedad e invadan su privacidad. Según la versión de Serna, en su casa no hay ninguna obra de remodelación, pues son sus vecinos quienes tienen actualmente esos trabajos. Veremos en qué termina este asunto que no parece ser solo obra de Layda Sansores sino que más bien responde a una reyerta entre el grupo gobernante actual de la ciudad de Morena y la anterior administración. Escalera doble mandan los dados. Buena semana.
